El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres dirigentes de Hamás por presuntos crímenes de guerra. Esta solicitud se produce después de más de siete meses de conflicto en Gaza, durante los cuales se han documentado graves violaciones del derecho internacional humanitario.
Según el fiscal Karim Khan, existen motivos razonables para creer que todos los mencionados “tienen responsabilidad penal” por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Además de Netanyahu y Gallant, la CPI también busca la detención de Yahya Sinwar, jefe de Hamás; Mohammed Al-Masri, comandante en jefe del ala militar de Hamás (conocido como Deif); e Ismail Haniyeh, jefe de la Comisión Política de Hamás.
Es importante destacar que la CPI carece de medios para ejecutar estas órdenes de detención. Aunque sus 124 Estados miembros están obligados a detener inmediatamente a las personas buscadas si se encuentran en su territorio, Israel y Estados Unidos no son miembros de la CPI. Además, China y Rusia tampoco forman parte de este tribunal internacional permanente.
Las acusaciones específicas contra Netanyahu y Gallant incluyen matar de hambre a civiles como método de guerra, causar intencionadamente grandes sufrimientos y matar o asesinar deliberadamente como crimen de guerra. Por otro lado, los dirigentes de Hamás enfrentan acusaciones de crímenes como exterminio, asesinato, toma de rehenes, tortura, violación y otros actos de violencia sexual.
La decisión de la CPI ha generado controversia. Mientras algunos la ven como un paso hacia la justicia, otros la critican por establecer paralelismos entre líderes de un país democrático y líderes de una organización terrorista. Sami Abu Zuhri, alto cargo de Hamás, afirmó que la solicitud de órdenes de detención «equipara a la víctima con el verdugo».
