La Universidad Autónoma del Estado de México atraviesa nuevanmente en una de esas situaciones en las cuales el discurso institucional choca con la realidad. El informe del OSFEM no describe errores aislados, no habla de fallas operativas casuales ni omisiones técnicas esporádicas. Su contenido describe un mecanismo reiterado y preocupante de cómo se gastó el dinero público en 2024 en la institución educativa que acaba de recuperar su Rectoría o Casa del Estudiante.
Si uno revisa caso por caso se encuentra obras fraccionadas, estudios de mercado inexistentes, proveedores con ventaja, trabajos pagados sin evidencia, desviación del objeto del gasto, y adquisiciones que deberían ser tratadas como obra pública, pero se registraron como si hubieran sido simples servicios, esto con la clara intención de evitar controles más estrictos.
La Universidad no falló una vez. No falló dos. Falló en todo lo revisado. A eso ya no es posible llamarle “una anomalía”, porque en realidad son patrones que forman un sistema. En consecuencia, cuando las mismas observaciones se repiten en distintos espacios académicos, obras y adquisiciones revisadas, la pregunta deja de ser si hubo irregularidades. La pregunta verdadera es ¿Quién permitió que tales conductas se convirtieran en la norma? Porque estas prácticas requieren planeación, complicidad administrativa y un profundo desprecio por la rendición de cuentas.
El OSFEM encontró contratos sin estudios de mercado, adquisiciones sin comprobación, pagos sin evidencia de ejecución y proveedores que participaron en procesos donde tuvieron acceso a la información interna de manera previa. Por lo que es obligado preguntar ¿Qué clase de universidad pública permite que el dinero para infraestructura termine en pagos donde ni siquiera se acredita que algo se hizo?
Tal vez la respuesta sea que la clase de universidad es aquella en la que los servidores públicos implicados estén seguros de que existe una fiscalización que no incomoda y que cuentan con impunidad prácticamente garantizada.
La estructura por encima de las personas
El rector puede cambiar, las autoridades pueden rotar, pero el esquema se mantiene. No importa quién esté en la oficina las prácticas no paran. Porque fraccionar, simular competencia, pagar sin evidencias, alterar partidas presupuestales… Son cosas que no aparecen accidentalmente. Responden a un modelo de operación que se ha transmitido de una administración a otra, y que ha permitido que la universidad funcione como un ente opaco, impenetrable para la ciudadanía y blindado contra la vigilancia, pues en gran medida implica el uso de lo que se conoce como recursos propios.
Lo que está en juego es la credibilidad
La UAEMéx se presenta como una institución que promueve la ética, la justicia, la igualdad, la formación de ciudadanos críticos. Pero frecuentemente ha mostrado que su manejo financiero se aleja de lo que presume, mediante redes acostumbradas a manipular, a disfrazar, a evadir los principios más básicos de legalidad. Aquí tres botones de muestra:
Caso 1: Proyecto eléctrico en el Edificio “K” (Facultad de Ciencias de la Conducta)
Monto: recursos propios
Fuente: Informe OSFEM, página 62.
El OSFEM documenta que la UAEMéx pagó un proyecto eléctrico en la segunda etapa del edificio “K”, pero no presentó ningún documento que comprobara que los trabajos se realizaron.
El texto es explícito, “No contó con ningún elemento de convicción legal que acredite y/o pruebe la ejecución de los trabajos objeto de dicha inversión…”
Es decir, se erogó dinero público sin una sola prueba física, documental o técnica de que el proyecto haya existido más allá del papel.
Caso 2: Construcción del andador perimetral e iluminación en cancha de futbol rápido (Campus Los Uribe, FCA)
Monto: recursos propios.
Fuente: Informe OSFEM, página 68.
En esta obra, la UAEMéx también realizó pagos sin acreditar la ejecución.
El OSFEM señala: “No contó con ningún elemento de convicción legal que acredite y/o pruebe la ejecución de los trabajos…”
Se trata de una obra física consistente un andador y un sistema de iluminación, cuya existencia debería poder comprobarse fácilmente mediante evidencia fotográfica, bitácoras, planos o supervisiones, pero la universidad no presentó nada. Lo cual es especialmente grave porque se trata de infraestructura visible cuya ausencia sería evidente.
Caso 3: Construcción de cubierta para motocicletas (Ciudad Universitaria)
Monto: recursos propios
Fuente: Informe OSFEM, página 77.
En este caso, la UAEMéx contrató la construcción de una cubierta para motocicletas. Pero al auditar el pago, el OSFEM encontró que: “No contó con ningún elemento de convicción que acredite su ejecución.”. Lo que implica que la universidad pagó una obra sin entregar evidencia de que ésta se hubiera realizado, ni en parte ni en su totalidad.
Los tres ejemplos muestran un patrón idéntico. Obras o servicios que debieron dejar evidencia física (instalaciones eléctricas, andadores, iluminación, cubiertas); pagos realizados, pero sin documentos, sin pruebas, sin bitácoras, sin fotografías, sin actas de entrega-recepción y sin validación técnica y observaciones consideradas por el OSFEM como posibles presunciones de daño a la Hacienda Pública. Peoro lo más más importante es que estos tres casos no son excepciones, sino ejemplos representativos de un fenómeno sistemático.
Una universidad pública no puede pedir a sus estudiantes que actúen con integridad mientras sus directivos operan con opacidad. No puede exigir excelencia si su gestión administrativa se sostiene sobre prácticas de simulación. No puede presumir modernidad cuando maneja sus recursos como si viviera anclada en una cultura política de hace treinta años.
La reciente crisis institucional dejo muy claro que el mayor capital de la UAEMéx no son los edificios, son su credibilidad y su legitimidad social. Ambas se encuentran muy desgastadas.
¿Habrá consecuencias o todo quedará en otro informe del OSFEM sin consecuencias?
Las observaciones del OSFEM tendrían que derivar en sanciones administrativas e inhabilitaciones, reintegros por daño patrimonial e incluso posibles responsabilidades penales por ejercicio indebido del servicio público, peculado o uso ilícito de atribuciones. Pero más allá de lo jurídico, las preguntas de fondo son:
¿Está dispuesta la nueva administración de la UAEMéx a romper con las redes internas que han normalizado estas prácticas? ¿O apostará, a que la auditoría se difumine, que los pliegos se queden en el aire, que las responsabilidades se diluyan y que todo vuelva a operar como antes?
El informe del OSFEM es un espejo, y la UAEMéx ya no puede ignorar lo que en él se refleja. Claro que puede intentar minimizarlo, reinterpretarlo o justificarlo, pero lo que el documento evidencia es un mecanismo profundo de corrupción administrativa que ha operado durante años bajo la sombra de la autonomía universitaria, lesionando también a la comunidad universitaria, tiene derecho a saber cómo se usa cada peso que se destina a su educación.
El informe de la Auditoría de Inversión Física está aquí, página por página, repitiendo el mismo patrón. La pregunta ahora no es qué descubrió el OSFEM. La verdadera pregunta es ¿Quién va a tener el valor de romper ese sistema para que la autonomía deje de ser sinónimo de impunidad?
