Una revisión realizada por el propio gobierno federal puso bajo observación 592.3 millones de pesos destinados a becas estudiantiles, luego de identificar pagos asociados con más de 67 mil beneficiarios cuyos datos obtuvieron resultados negativos al ser confrontados con el Registro Nacional de Población (RENAPO). El hallazgo, que también incluye miles de tarjetas del Banco del Bienestar activadas sin haber sido entregadas, abrió una controversia que la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca aclarar, aunque hasta ahora persisten interrogantes sobre los mecanismos utilizados para verificar la identidad de quienes recibieron los apoyos.
De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización 2025 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las revisiones a los programas de Becas para el Bienestar correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 identificaron 67 mil 142 beneficiarios con resultados negativos en la confrontación de sus datos poblacionales, a quienes se asociaron pagos por 592.3 millones de pesos. Estas observaciones fueron documentadas por Expansión Política desde el 3 de septiembre y retomadas el 7 de octubre por La Jornada.
El resultado de esa verificación no significa necesariamente que los estudiantes sean inexistentes ni demuestra, por sí solo, que los recursos hayan sido desviados. Sin embargo, sí plantea dudas sobre la confiabilidad de los registros utilizados para autorizar las becas y sobre las medidas aplicadas para detectar posibles inconsistencias antes de realizar los depósitos.
Miles de tarjetas activas sin entregar
Otro de los hallazgos se relaciona directamente con el Banco del Bienestar. Durante 2024, la institución registró 95 mil 960 tarjetas que no habían sido entregadas a sus beneficiarios, aunque 94 mil 251 aparecían como activas, una situación que contrasta con el procedimiento señalado en la fiscalización, según el cual la activación debe realizarse después de que las personas reciben sus tarjetas.
La revisión identificó además que mil 78 cuentas asociadas con esos plásticos recibieron depósitos por 8.6 millones de pesos. Aunque la existencia de esos movimientos no demuestra que alguien haya retirado indebidamente el dinero, resulta relevante establecer por qué se dispersaron recursos mediante cuentas vinculadas con tarjetas pendientes de entrega, quién tenía bajo resguardo los plásticos y qué controles permitían conocer si los apoyos habían llegado efectivamente a sus destinatarios.
La fiscalización también reportó pagos por 8.5 millones de pesos a mil 376 estudiantes de escuelas de educación básica clasificadas como no prioritarias, otra observación relacionada con los criterios utilizados para seleccionar beneficiarios y autorizar apoyos económicos.
La SEP defiende sus controles, pero quedan preguntas
Ante la difusión de estos resultados, la SEP respondió el 8 de octubre que las observaciones pertenecen a una auditoría de desempeño todavía en proceso y que las autoridades continúan proporcionando información para atenderlas. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar sostuvo que durante 2024 verificó ante RENAPO la identidad de los beneficiarios antes de cada dispersión de recursos, por lo que negó haber entregado becas a personas sin una Clave Única de Registro de Población registrada.
La presidenta Claudia Sheinbaum también intervino en la controversia y señaló que las observaciones no constituyen un fraude demostrado, pues el procedimiento administrativo todavía no concluye. Su postura, recogida por La Jornada este 9 de octubre, introduce una precisión necesaria, ya que un hallazgo de fiscalización puede ser aclarado mediante documentación adicional y no equivale automáticamente a una responsabilidad administrativa o penal.
No obstante, la explicación gubernamental deja pendiente una cuestión central. Si las identidades fueron verificadas antes de realizar los pagos, será necesario conocer por qué una revisión posterior produjo resultados negativos para decenas de miles de registros y si las diferencias responden a errores de captura, problemas de interoperabilidad entre bases de datos o incumplimientos en los procedimientos de validación.
El caso también exige esclarecer lo ocurrido con las tarjetas activas que no habían sido entregadas, particularmente aquellas cuyas cuentas recibieron depósitos, pues verificar una CURP no resuelve necesariamente las preguntas sobre la entrega de medios bancarios y la recepción efectiva de los apoyos.
Por ahora, los 592.3 millones de pesos representan recursos asociados con observaciones de fiscalización, no un desvío acreditado. Pero el hecho de que una investigación administrativa siga abierta tampoco elimina la necesidad de rendir cuentas, especialmente cuando se trata de programas destinados a sostener la permanencia escolar de miles de estudiantes.
Si el gobierno asegura que todos los beneficiarios fueron debidamente identificados y que cada beca tiene un destinatario legítimo, ¿Qué documentación permitirá explicar los resultados de su propia fiscalización y quién responderá por las tarjetas que aparecieron activas antes de llegar a manos de sus titulares?
