La detención de Ana Carmen Sosa Cravioto en Argentina volvió a poner bajo la mirada pública una investigación que desde 2020 alcanza al entorno familiar del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, y que tiene como trasfondo el presunto manejo irregular de más de 58 millones de pesos.
El caso adquiere una dimensión particular dentro de la historia reciente de la Universidad. Los movimientos financieros atribuidos a Ana Carmen no ocurrieron cuando su padre era rector —cargo que Sosa Castelán ocupó de 1991 a 1998—, sino varios años después, cuando encabezaba el Patronato Universitario, organismo que terminó adquiriendo facultades legales directas sobre la administración del patrimonio y los recursos de la UAEH.
Ana Carmen, de 35 años, fue detenida en el aeropuerto internacional de Mendoza cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Chile. Diversos medios argentinos y mexicanos ubican la captura el 27 de agosto de 2026. Su pasaporte activó una alerta roja de Interpol relacionada con una orden de aprehensión mexicana vigente desde 2020. Actualmente permanece bajo prisión domiciliaria mientras la justicia argentina tramita el procedimiento para determinar si procede su extradición a México.
Las transferencias ocurrieron durante el Patronato
La temporalidad permite entender mejor la relación del expediente con la UAEH. Gerardo Sosa había dejado la Rectoría aproximadamente 16 años antes de las primeras operaciones atribuidas a su hija, pero para entonces seguía ocupando una posición relevante dentro de la estructura universitaria.
El Patronato de la UAEH se constituyó en 2009 y Sosa Castelán asumió su presidencia desde ese momento. Documentos de la propia Universidad lo identifican ejerciendo ese cargo en 2014 y 2015, cuando el organismo participaba en la gestión y captación de recursos para distintos proyectos institucionales.
De acuerdo con información judicial difundida desde 2020, dentro de la investigación se identificaron siete transferencias por un total de 806 mil 769 pesos a una cuenta de Ana Carmen Sosa Cravioto, realizadas entre el 4 de marzo de 2014 y el 12 de marzo de 2018. Esos movimientos forman parte de los elementos con los que las autoridades mexicanas la relacionaron con la causa, pero no constituyen por sí mismos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal.
En medio de ese periodo ocurrió un cambio institucional relevante. La nueva Ley Orgánica de la UAEH, vigente desde enero de 2016, transformó al Patronato en una autoridad universitaria y le otorgó expresamente facultades para administrar el patrimonio universitario y sus recursos ordinarios y extraordinarios, formular el presupuesto anual y designar, entre otros cargos, al coordinador de Administración y Finanzas. En junio de ese mismo año, el Consejo Universitario ratificó a Gerardo Sosa Castelán como presidente del organismo.
Eso significa que una parte de las operaciones atribuidas a Ana Carmen —las realizadas entre 2016 y marzo de 2018— coincide temporalmente con un periodo en el que su padre encabezaba una autoridad universitaria con atribuciones legales directas sobre la administración patrimonial. Esta coincidencia constituye un dato de contexto del expediente, pero no demuestra por sí misma que Sosa Castelán hubiera intervenido en cada una de las transferencias atribuidas a su hija.
Una investigación por más de 58 millones
La causa penal 263/2020 se construyó alrededor de un presunto esquema de triangulación financiera que, según la Fiscalía General de la República, movilizó aproximadamente 58 millones 245 mil 948 pesos entre 2011 y 2018.
La acusación sostiene que recursos provenientes de la UAEH y de otras fuentes habrían llegado a Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., señalada por el Ministerio Público como una empresa utilizada para triangular dinero hacia otras personas físicas y morales. La FGR sostiene que las operaciones carecían de una justificación jurídica que explicara los movimientos financieros.
Dentro de ese expediente fueron señalados Gerardo Sosa Castelán, varios colaboradores y sus hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto. En el caso de Ana Carmen, reportes recientes sobre la orden de captura señalan que es requerida por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su responsabilidad deberá ser determinada, en su caso, por los tribunales mexicanos si finalmente se concreta la extradición.
El proceso contra Gerardo Sosa sigue abierto
La causa de fondo tampoco ha concluido para el exrector. En septiembre de 2024 un juez había sobreseído parcialmente el procedimiento seguido contra Gerardo Sosa por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, un tribunal federal revocó esa resolución en marzo de 2025 al considerar que el juez que la emitió carecía de competencia para cerrar una causa que ya se encontraba en etapa de juicio. El procedimiento debía continuar ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
