Seis agentes municipales fueron apartados de funciones operativas tras la detención de seis jóvenes, cinco vinculados con la Universidad de Guanajuato. El caso ocurre después de que el Congreso planteara reforzar controles sobre la actuación policial y apenas semanas después de que autoridades municipales y universitarias anunciaran una nueva coordinación en seguridad.
El dato más inquietante del caso no está únicamente en las imágenes que provocaron indignación en Guanajuato, sino en lo que reconoció después el propio secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Luis David Gamba Castillo, quien al referirse a la difusión de la queja y del video admitió que, de no haberse hecho públicos, “creo que no nos hubiéramos enterado”. La declaración desplaza el debate más allá de determinar si seis policías municipales emplearon fuerza excesiva contra un grupo de jóvenes y coloca bajo escrutinio la capacidad de la propia corporación para detectar posibles actuaciones irregulares cuando no existe una grabación que las exhiba públicamente.
Seis jóvenes fueron detenidos en avenida Juárez, en el centro de Guanajuato capital, cuatro de ellos tienen inscripción vigente en la Universidad de Guanajuato y otro participa en cursos libres de la institución. Videos difundidos en redes muestran forcejeos y sometimiento durante la intervención, mientras que los afectados denunciaron además agresiones durante el traslado y presuntos tocamientos inapropiados, señalamientos que forman parte de lo que deberán esclarecer las investigaciones.
Tras la difusión del caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana separó preventivamente de funciones operativas a seis policías y abrió un procedimiento en Asuntos Internos, mientras que la Fiscalía General del Estado inició de oficio una carpeta de investigación. El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste informó que entre las conductas bajo análisis podrían encontrarse lesiones y abuso de autoridad, aunque hasta ahora no existe una imputación formal conocida contra los agentes.
Gamba Castillo reconoció además que, después de revisar las cámaras disponibles, podría advertirse un uso desmedido de la fuerza, aunque pidió esperar el resultado de las investigaciones antes de establecer responsabilidades. La corporación entregó a la Fiscalía videos y el parte policial, elementos que ahora deberán permitir reconstruir no sólo lo ocurrido durante la detención, sino también si la actuación de los agentes se ajustó a los principios de necesidad y proporcionalidad.
Las alertas existían antes del video
El episodio adquiere una dimensión distinta cuando se revisan sus antecedentes institucionales, porque la discusión sobre los controles a la Policía Municipal no comenzó después de que las imágenes se hicieran virales.
Cuatro meses antes, el 28 de mayo, la diputada de Morena Miriam Reyes Carmona presentó ante el Congreso de Guanajuato una proposición de punto de acuerdo registrada bajo el expediente 367/LXVI-PPA, mediante la cual solicitó al Ayuntamiento fortalecer los controles sobre la actuación de la Policía Municipal, garantizar la aplicación legal y proporcional de los protocolos, mejorar la capacitación en derechos humanos y establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
La propuesta incluía además la revisión de operativos, registros documentales y audiovisuales, mecanismos accesibles para presentar quejas y el uso y resguardo de cámaras corporales cuando estuvieran disponibles, además de solicitar información sobre denuncias y sanciones contra policías durante los tres años anteriores. El expediente permanece registrado en trámite.
Al provenir de una legisladora de oposición, el documento no puede interpretarse como una resolución que acredite abusos sistemáticos dentro de la corporación, pero sí constituye un antecedente relevante, porque demuestra que los protocolos, controles y mecanismos de supervisión policial ya estaban bajo discusión institucional meses antes del episodio que ahora investiga la Fiscalía.
A ello se suma la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que establece entre sus principios la absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, de manera que la supervisión de las intervenciones policiales no depende únicamente de que exista posteriormente una denuncia, sino de mecanismos institucionales capaces de revisar cómo y bajo qué circunstancias se utilizó la fuerza.
El caso, por lo tanto, no obliga solamente a esclarecer qué hicieron los seis agentes aquella madrugada, también abre una discusión sobre qué herramientas tenía la corporación para supervisar su actuación antes de que la difusión pública de un video obligara a revisar lo sucedido.
Dos semanas antes hablaban de coordinación
El contraste se vuelve todavía más relevante al revisar lo ocurrido apenas unas semanas antes, cuando la Universidad de Guanajuato y el gobierno municipal presentaban públicamente una estrategia de coordinación en materia de seguridad.
El 9 de septiembre, la Universidad de Guanajuato informó de una reunión con autoridades municipales para atender problemas de seguridad, movilidad y vigilancia en las sedes universitarias, encuentro en el que participaron la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez, el propio secretario de Seguridad Ciudadana, autoridades de la UG y responsables de las áreas de prevención y seguridad.
De aquella reunión surgió el compromiso de formar equipos especializados y mantener una “coordinación permanente” para dar seguimiento a las medidas adoptadas, sin embargo, poco más de dos semanas después, jóvenes vinculados con esa misma universidad denunciaron agresiones precisamente de elementos de la Policía Municipal.
La cercanía entre ambos hechos no permite afirmar que aquella estrategia haya fracasado ni demuestra la existencia de una política de agresión contra estudiantes, pero sí amplía el alcance del problema, porque proteger a la comunidad universitaria ya no significa únicamente prevenir robos, asaltos o violencia proveniente de particulares, también supone garantizar que las intervenciones de las propias autoridades encargadas de brindar seguridad se realicen dentro de los límites legales.
La inconformidad trascendió las redes el 28 de septiembre, cuando estudiantes interrumpieron durante algunos minutos el desfile conmemorativo de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas y llevaron sus reclamos directamente ante la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Entre sus demandas plantearon un plan integral de seguridad, una investigación sobre lo ocurrido, protocolos específicos para estudiantes y la incorporación de cámaras corporales para los agentes.
Hasta ahora, los elementos disponibles no permiten concluir que los seis policías hayan cometido un delito, pues esa determinación corresponde a las investigaciones administrativa y penal, tampoco existe evidencia para sostener que las detenciones formaran parte de una política de represión contra universitarios.
Lo que el caso sí deja expuesto es una debilidad que merece revisión, porque la actuación de los agentes comenzó a ser examinada institucionalmente después de que las imágenes circularon públicamente, aun cuando meses antes ya se discutía en el Congreso la necesidad de fortalecer los registros audiovisuales, la supervisión de las intervenciones y los mecanismos internos de control.
Separar preventivamente a los policías y abrir investigaciones constituye una respuesta necesaria una vez conocido el caso, aunque la discusión de fondo comienza antes, en la capacidad de una institución para identificar, documentar y corregir posibles excesos sin depender de que una víctima consiga grabarlos, publicarlos y generar suficiente presión pública para que sean revisados.
La propia declaración del secretario de Seguridad deja entonces una pregunta que resume buena parte del problema. Si nadie hubiera grabado aquella madrugada, ¿hoy habría seis policías bajo investigación?
