Ciudad de México, 9 de octubre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en las universidades públicas estatales existen jubilaciones con montos excesivos, trabajadores que reciben dos pensiones y esquemas de retiro en los que los beneficiarios no realizaron aportaciones, pero cuando le solicitaron información para conocer la magnitud del problema, no presentó cifras ni identificó a las instituciones involucradas.
Durante su conferencia del 6 de octubre, la mandataria explicó que el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, mantiene conversaciones con autoridades universitarias y académicos para buscar soluciones financieramente sostenibles, aunque reconoció que cualquier modificación debe considerar los derechos establecidos en los contratos colectivos de trabajo.
El anuncio abre una discusión que no solamente involucra el costo de las jubilaciones, sino también las decisiones institucionales que permitieron establecerlas, las fuentes de financiamiento previstas para cubrirlas y la responsabilidad de quienes autorizaron compromisos que hoy representan una presión considerable sobre los presupuestos universitarios.
Porque recibir una pensión del IMSS o del ISSSTE y otra prestación complementaria de una universidad no constituye, por sí mismo, una irregularidad, lo que debe examinarse es bajo qué disposiciones fueron autorizados esos beneficios, cómo se financian y si existen recursos suficientes para garantizar su cumplimiento.
Jubilaciones de hasta 199 mil pesos y fondos extinguidos
Aunque el Gobierno federal no identificó casos concretos durante el anuncio, existen antecedentes públicos que permiten dimensionar las diferencias entre los sistemas de retiro de algunas instituciones.
En marzo de 2025, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tenía 1,284 jubilados con percepciones promedio de 104 mil pesos mensuales, además de las pensiones del IMSS, y mencionó casos con pagos universitarios cercanos a 199 mil pesos. Esas cantidades, sin embargo, provienen de declaraciones del mandatario y requieren examinar los registros individuales para conocer los conceptos que las integran.
En la Universidad Autónoma de Sinaloa, el problema tiene otra dimensión. Su rector, Jesús Madueña Molina, reconoció en abril de 2026 que la nómina de jubilados consume una tercera parte del presupuesto institucional y recordó que un fideicomiso constituido en 2008 fue disuelto siete años después, cuando había reunido aproximadamente 2 mil 600 millones de pesos.
La Universidad anunció entonces la creación de un nuevo fideicomiso con BBVA, pero el antecedente del fondo anterior deja una pregunta que requiere documentación pública, pues conocer su disolución no permite determinar qué ocurrió con los recursos acumulados ni cuáles fueron las condiciones financieras de su liquidación.
En Zacatecas, el panorama también refleja compromisos acumulados durante décadas. El rector Ángel Román Gutiérrez informó en septiembre que la Universidad Autónoma de Zacatecas mantiene una deuda superior a 4 mil 600 millones de pesos con el ISSSTE y reconoció que un fideicomiso pensionario previsto desde 1991 en su contrato colectivo nunca llegó a constituirse. Aunque ambas circunstancias corresponden a obligaciones distintas, evidencian problemas de planeación y financiamiento cuya explicación sigue siendo necesaria.
La crisis también está en los subsidios
La revisión presidencial coincide con las advertencias de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que calcula una insuficiencia presupuestaria acumulada de 55 mil 400 millones de pesos entre 2019 y 2026.
Durante una reunión en la Cámara de Diputados, el 2 de octubre, la asociación solicitó una ampliación de 36 mil 800 millones de pesos, de los cuales 9 mil 500 millones tendrían aplicación inmediata en 2027 para atender, entre otras necesidades, compromisos salariales, reformas pensionarias y mantenimiento de infraestructura.
A esa presión se suman aportaciones gubernamentales pendientes. De acuerdo con el tablero oficial de subsidios de la Secretaría de Educación Pública, al 30 de septiembre de 2026 el gobierno de San Luis Potosí mantenía sin transferir 235 millones 598 mil 710 pesos correspondientes al subsidio ordinario estatal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
No se trata de una deuda pensionaria, pero sí de un ejemplo de cómo las dificultades financieras universitarias pueden agravarse cuando los recursos comprometidos por las autoridades tampoco llegan conforme a los calendarios establecidos.
Por ello, la revisión anunciada por Sheinbaum tendría que distinguir entre prestaciones financieramente insostenibles, obligaciones laborales legalmente adquiridas y problemas derivados de presupuestos insuficientes, además de explicar qué autoridades universitarias y gubernamentales participaron en las decisiones que originaron estos compromisos.
Si el Gobierno federal considera que existen pensiones excesivas, corresponde conocer quiénes las reciben, cuánto cuestan y bajo qué disposiciones fueron autorizadas, pero también determinar por qué algunas universidades llegaron a acumular obligaciones sin financiamiento suficiente y qué responsabilidad corresponde a los gobiernos que deben sostenerlas.
De otra manera, existe el riesgo de que las jubilaciones terminen convertidas en una explicación general de la crisis financiera universitaria, sin esclarecer las decisiones institucionales y presupuestarias que contribuyeron a producirla.
