Dos estudiantes de 17 años asesinados a balazos en Cuernavaca volvieron a colocar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) frente a una realidad que su comunidad lleva meses denunciando. Con las muertes de Christian Shamed y Gael, alumnos de la Preparatoria 2, son ya seis estudiantes de esa institución asesinados durante 2026, aunque en circunstancias distintas y sin que exista evidencia de que los crímenes estén relacionados entre sí.
Christian y Gael fueron atacados la noche del 26 de septiembre en la colonia Chulavista, en Cuernavaca. Otro adolescente resultó herido. Hasta este 29 de septiembre la Fiscalía de Morelos no había informado públicamente un móvil ni detenciones relacionadas con el doble homicidio y aseguró que agotará las líneas de investigación. Versiones difundidas en redes sobre las razones del ataque no han sido confirmadas por las autoridades y familiares han pedido evitar la criminalización de las víctimas.
El caso provocó ya una reacción del Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a revisar lo ocurrido y atender el tema junto con las autoridades de Morelos.
Seis casos distintos y una misma comunidad golpeada
Christian y Gael se suman a cuatro estudiantes mujeres asesinadas durante este año. Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años y alumna de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, desapareció en febrero y fue localizada sin vida el 2 de marzo. Por su caso, Jared Alejandro “N” fue detenido y vinculado a proceso.
Karol Toledo Gómez, también de 18 años y estudiante de Derecho en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, desapareció el 2 de marzo y fue encontrada sin vida tres días después en Coatetelco. Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años y estudiante del Sistema Universitario de Educación Mixta, desapareció el 24 de mayo en Yautepec y su cuerpo fue localizado el 2 de junio en las inmediaciones de Tepoztlán. En ninguno de estos dos expedientes se ha informado públicamente, hasta ahora, de una persona vinculada a proceso.
La cuarta víctima fue Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de la Universidad de Granada que realizaba una estancia académica en la UAEM. Fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla. Por ese caso Francisco Javier “N” fue detenido y vinculado a proceso por feminicidio. El crimen tuvo repercusión internacional y llevó a la Universidad de Granada a suspender temporalmente nuevas movilidades hacia Morelos.
Los expedientes tienen características y avances diferentes. No existe información pública que permita sostener que los seis asesinatos respondan a un mismo grupo, móvil o fenómeno delictivo. Pero el dato que permanece es otro: seis integrantes de una misma comunidad universitaria han sido asesinados en siete meses y cuatro de los seis casos no tienen, hasta ahora, una persona procesada públicamente identificada.
Meses de protesta y medidas de seguridad
La discusión sobre seguridad en la UAEM tampoco comenzó con Christian y Gael. Los casos de Kimberly y Karol detonaron en marzo un movimiento estudiantil que paralizó durante semanas el Campus Chamilpa y colocó entre sus principales demandas la seguridad dentro y fuera de los espacios universitarios. El archivo institucional de la propia UAEM documenta negociaciones, pliegos petitorios y mesas de trabajo que se prolongaron durante meses.
La universidad respondió con nuevas medidas. Para agosto reportaba 1,185 cámaras de videovigilancia, 1,679 luminarias, 245 elementos de seguridad, 82 integrantes del personal denominado Venados, lectores QR y botones físicos de alerta, además del fortalecimiento de su Centro de Comando y Control. La institución sostuvo entonces que la estrategia alcanzaba sus 48 unidades académicas.
Algunas de esas herramientas ya han sido utilizadas. A principios de septiembre, la UAEM reportó alrededor de 15 activaciones de los botones de alerta instalados en Campus Norte, principalmente por auxilio vial y mecánico, y anunció la adquisición de más lectores QR para mejorar el control de los accesos.
Sin embargo, el conflicto no estaba cerrado. Tras el asesinato de Claudia, estudiantes de sedes de Cuautla, Yautepec, Atlatlahucan y Totolapan reclamaron que las medidas de seguridad debían fortalecerse también fuera de Chamilpa. Y el 25 de septiembre, un día antes del asesinato de Christian y Gael, Resistencia Estudiantil anunció que suspendía su participación en las mesas de diálogo, al considerar insuficientes las acciones de seguridad, protección y prevención. Se trata de una posición del movimiento estudiantil, no de una constatación independiente sobre la eficacia de todo el sistema implementado por la universidad.
El doble homicidio ocurrió fuera de las instalaciones universitarias. Ese dato es fundamental para delimitar responsabilidades. No hay elementos para afirmar que las medidas internas de la UAEM hubieran podido evitar el ataque ni que los jóvenes fueran asesinados por su condición de estudiantes. La seguridad en calles y colonias corresponde primordialmente a las autoridades encargadas de la seguridad pública y la investigación de los delitos.
Pero tampoco puede separarse completamente lo ocurrido del debate que atraviesa desde marzo a la comunidad universitaria. La propia UAEM reconoció después del asesinato de los preparatorianos que “la indignación ya no basta” y pidió a los tres órdenes de gobierno garantizar condiciones para que su comunidad pueda vivir libre de violencia.
Los seis homicidios no constituyen una sola investigación ni pueden reducirse a una única responsabilidad institucional. Lo que sí muestran es una sucesión de hechos violentos que, pese a meses de movilizaciones, inversiones en seguridad y compromisos interinstitucionales, sigue obligando a estudiantes y familias a formular la misma exigencia que colocaron sobre la mesa desde marzo: poder estudiar, trasladarse y regresar a casa sin convertirse en la siguiente víctima.
