La rectora Fanny Guillermo Maldonado niega represión contra alumnas que protestaron por un presunto caso de violencia sexual digital. Sin embargo, estudiantes denunciaron el retiro de carteles, advertencias de sanciones y restricciones a sus manifestaciones.
San Francisco de Campeche, Camp., 11 de octubre de 2026. La Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) enfrenta cuestionamientos que van más allá de las denuncias por imágenes sexuales presuntamente manipuladas con inteligencia artificial. Mientras la institución asegura que activó protocolos para proteger a las posibles víctimas, estudiantes de una de sus preparatorias acusan intentos de silenciar sus protestas, señalamientos que la rectora Fanny Guillermo Maldonado ha rechazado.
El conflicto comenzó en la Escuela Preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy, donde el pasado 2 de octubre dos alumnas habrían encontrado en la tableta de un compañero fotografías suyas alteradas para simular desnudez, además de material relacionado con otras estudiantes. Según los testimonios publicados por Por Esto!, las jóvenes acudieron a la dirección escolar, pero aseguran que se les pidió no difundir lo ocurrido.
La respuesta provocó una manifestación estudiantil el 5 de octubre. Durante la protesta, alumnos denunciaron que personal docente apagó el equipo de sonido cuando intentaban exponer públicamente el caso. Dos días después, Cauce Campeche informó sobre una grabación en la que personal del plantel retiraba carteles de protesta y advertía que la Universidad podría emprender acciones por daños a las instalaciones si volvían a colocarse.
La rectora rechaza las acusaciones de represión
El 9 de octubre, Tribuna Campeche publicó declaraciones de la rectora Fanny Guillermo Maldonado, quien aseguró que las alumnas afectadas y quienes se manifestaron en su apoyo no fueron reprimidas. También sostuvo que reciben atención institucional, que los protocolos se aplicaron conforme a la ley y pidió a los estudiantes no dejarse “azuzar”.
Sin embargo, las declaraciones no aclaran quién ordenó retirar los carteles, bajo qué disposiciones se advirtieron posibles sanciones ni si Rectoría revisará formalmente la conducta del personal señalado.
La controversia llegó también al Congreso estatal. De acuerdo con La Jornada Maya, la diputada Delma Rabelo Cuevas cuestionó el 6 de octubre la actuación de la dirección académica de la preparatoria y expuso denuncias estudiantiles sobre presuntas amenazas de expulsión contra quienes participaran en las protestas.
Estos señalamientos no acreditan por sí mismos una política institucional de censura, pero plantean la necesidad de esclarecer las decisiones adoptadas por las autoridades escolares, incluida la participación que pudo tener la directora académica, Thania del Carmen Tuyub Ovalle.
Protección de las víctimas y libertad de expresión
La UACAM informó el 6 de octubre que Rectoría, la Unidad de Igualdad e Inclusión Universitaria y la dirección del plantel activaron el Protocolo para la Identificación, Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género. También aseguró haber establecido medidas precautorias para proteger la integridad física, emocional y académica de las personas involucradas.
Un día después anunció coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) para desarrollar brigadas de escucha, orientación y acompañamiento. No obstante, hasta la información pública revisada, no se ha identificado una determinación institucional que esclarezca las actuaciones denunciadas durante las protestas.
La obligación de proteger la identidad de las personas menores de edad y preservar la confidencialidad de una investigación tiene fundamento legal. Pero también existen derechos que deben garantizarse a quienes exigen respuestas.
El artículo 64 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes protege su libertad de expresión, mientras que los artículos 71, 72 y 75 reconocen su derecho a ser escuchados, participar en asuntos escolares, asociarse y reunirse dentro de los límites constitucionales.
Por ello, las reglas sobre el uso de instalaciones escolares no pueden aplicarse arbitrariamente para restringir expresiones legítimas de inconformidad.
Dos investigaciones y responsabilidades por esclarecer
La Fiscalía General del Estado de Campeche abrió una carpeta de investigación a partir de una noticia criminal relacionada con las imágenes denunciadas. Debido a que las personas involucradas serían menores de edad, el caso requiere la intervención de autoridades especializadas. Hasta ahora no se han hecho públicos resultados periciales que permitan establecer responsabilidades o determinar el alcance de una posible difusión del material.
Por separado, el colectivo Ley Sabina Campeche solicitó investigar al personal escolar señalado por los estudiantes, evitar represalias y determinar posibles responsabilidades administrativas.
La Universidad debe proteger a las posibles víctimas sin anticipar sanciones contra ninguna de las personas involucradas. Pero esa obligación tampoco la exime de examinar si hubo actuaciones indebidas de sus propias autoridades.
