Los problemas de agua y deterioro de instalaciones que llevaron a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) a cerrar el plantel y bloquear vialidades este jueves también abrieron cuestionamientos sobre el destino de las cuotas escolares y los recursos que recibe la institución, cuya administración enfrenta denuncias de presunto acoso sexual y exigencias de renuncia de su actual responsable.
La protesta ocurrió después de que la universidad trasladara las actividades del 2 y 5 de octubre a la modalidad virtual por trabajos en el abastecimiento de agua, una medida que, según los inconformes, no resolvió las condiciones de los sanitarios ni otras deficiencias que incluyen laboratorios sin equipamiento suficiente, problemas de limpieza, presencia de plagas y dificultades para acceder a becas.
De acuerdo con La Jornada, los más de cuatro mil 500 estudiantes de la UTN pagan cuotas que superan los mil 700 pesos por cuatrimestre, además de aproximadamente 400 pesos anuales por inscripción, cantidades que han llevado a preguntar cuánto recauda realmente la universidad y qué proporción de esos recursos se utiliza para mantener sus instalaciones.
Millones de pesos y preguntas sobre su destino
La revisión de la Cuenta Pública 2024 realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) muestra que la universidad registró ingresos totales por 277.6 millones de pesos, de los cuales 16 millones 946 mil correspondieron a ingresos de gestión, una categoría que comprende distintos conceptos y no exclusivamente las cuotas escolares.
El documento también revela que la institución no entregó el inventario de bienes muebles requerido por el organismo fiscalizador, lo que impidió verificar la correspondencia entre sus registros patrimoniales y contables durante aquel ejercicio.
Aunque estos antecedentes pertenecen a una administración anterior, adquieren relevancia frente a los reclamos actuales sobre infraestructura y equipamiento, sin que por sí mismos acrediten un manejo irregular de los recursos.
Entre los cuestionamientos más concretos aparece el de Alejandro González, estudiante del décimo cuatrimestre de Informática, quien declaró a La Jornada Estado de México que se habían anunciado aproximadamente dos millones de pesos para rehabilitar sanitarios sin que las condiciones actuales reflejaran las mejoras esperadas.
Hasta ahora no se dispone de documentación que confirme si ese presupuesto fue autorizado, contratado o ejercido, por lo que no existen elementos suficientes para hablar de un desvío de recursos, pero sí para exigir que la universidad explique qué trabajos fueron anunciados, cuánto costaron y cuáles fueron sus resultados.
Rectoría responde y anuncian investigaciones
Agustín Jehú Covarrubias Sotelo, quien asumió la conducción de la UTN en abril, sostuvo conversaciones con los manifestantes y, según La Jornada Estado de México, aceptó atender demandas relacionadas con sanitarios, abastecimiento de agua, laboratorios, becas y rendición de cuentas, aunque el diálogo terminó por romperse y los estudiantes mantuvieron su exigencia de renuncia.
Respecto al suministro de agua, el funcionario atribuyó las dificultades a trabajos en los pozos que abastecen la zona de Rey Neza, según reportó SéUno Noticias, una explicación que todavía requiere corroboración técnica y que, aun siendo correcta, no resuelve los cuestionamientos sobre el mantenimiento de las instalaciones.
La misma publicación informó que el Órgano Interno de Control de la UTN anunció procedimientos administrativos para revisar el uso de recursos institucionales y señalamientos contra personal académico y directivo, incluidos presuntos casos de acoso sexual. No obstante, todavía hace falta conocer si las investigaciones fueron formalmente abiertas, qué hechos comprenden y cuáles serán sus mecanismos de seguimiento.
Las deficiencias tampoco comenzaron necesariamente con la actual administración. En abril, cuando dejó el cargo Armando Alejandro Elizais Flores, ya existían denuncias públicas por falta de mantenimiento, escasez de insumos e inundaciones en instalaciones universitarias, antecedentes que obligan a examinar las responsabilidades de distintas gestiones.
Por ahora, el conflicto permanece entre estudiantes que exigen condiciones dignas para recibir educación superior y autoridades que deben responder tanto a las necesidades inmediatas como a las preguntas sobre el manejo de los recursos.
Porque más allá de las negociaciones para levantar el paro, queda una cuestión que no debería resolverse únicamente con promesas de mantenimiento o nuevas reuniones. Si la universidad cuenta con presupuestos, contratos, informes de gasto y registros de las cuotas que cobra, ¿por qué los estudiantes tendrían que cerrar sus instalaciones y salir a las calles para exigir explicaciones sobre el dinero que aportan y las condiciones en que estudian?
