Once años después de algunos de los convenios que terminaron formando parte de la llamada Estafa Maestra, el Estado mexicano todavía no ha cerrado por completo sus cuentas con aquellos expedientes.
Hay procedimientos administrativos que continúan abiertos, casos penales que perdieron fuerza en tribunales, responsabilidades que tardaron años en quedar firmes y montos cuya recuperación efectiva sigue siendo difícil de conocer a partir de la información pública disponible.
En medio de ese escenario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió una nueva discusión que puede tener consecuencias para varias investigaciones surgidas de auditorías federales.
El Pleno decidió atraer el asunto 980/2026 para resolver si la Auditoría Superior de la Federación puede promover un amparo cuando considera que una decisión judicial está frenando o debilitando una investigación relacionada con recursos públicos.
Dicho de manera sencilla, la pregunta es ésta. Si la ASF detecta un posible daño al erario y esa auditoría deriva después en una investigación penal, ¿puede seguir defendiendo el caso cuando un juez excluye pruebas, determina que una persona no debe ser procesada o adopta otra resolución que impide avanzar?
La Corte todavía no ha respondido esa pregunta y tampoco ordenó reabrir la Estafa Maestra. Su decisión hasta ahora fue únicamente atraer la controversia.
Un convenio de 2015 sigue abierto en 2026
Uno de los expedientes que explica por qué esta discusión sigue vigente surgió en la Universidad Politécnica de Chiapas. Ya que en 2015, la entonces Secretaría de Desarrollo Social entregó 400 millones de pesos a esa institución para trabajos relacionados con la supervisión, monitoreo y mejora de comedores comunitarios en el Estado de México. Sobre ello la ASF encontró que la universidad subcontrató la totalidad de los servicios y que el proveedor que finalmente realizó los trabajos recibió 278.4 millones de pesos. Tal diferencia llevó al órgano fiscalizador a determinar un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 121.6 millones.
La historia pudo haber terminado hace años, pero no ocurrió así, porque en mayo de 2026, cuatro procedimientos administrativos derivados de aquella auditoría todavía permanecían pendientes de una resolución definitiva o de que las decisiones adoptadas adquirieran firmeza, es decir, un convenio celebrado en 2015 seguía produciendo procedimientos administrativos once años después.
La vertiente penal tampoco tuvo un recorrido sencillo. Durante el proceso fueron excluidas pruebas y la ASF intentó combatir esa decisión mediante amparo, pero un tribunal consideró que no podía hacerlo porque el patrimonio directamente afectado no pertenecía a la Auditoría. Ese criterio es precisamente uno de los que ahora tendrá que revisar la Suprema Corte.
Otros 106 millones bajo la misma discusión
Algo semejante ocurrió con la entonces Universidad Autónoma Indígena de México, hoy Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, cuando en 2016 la Sedatu celebró con esa institución un convenio por 106 millones 838 mil pesos para desarrollar trabajos relacionados con equidad de género y empoderamiento de las mujeres.
La auditoría forense concluyó que no se acreditó la ejecución de los servicios y encontró problemas con las empresas que recibieron los recursos. También detectó que algunos documentos utilizados para justificar los trabajos habían aparecido en otros convenios, por lo que la ASF presumió un probable daño por prácticamente la totalidad del contrato, y cuando uno de los exfuncionarios investigados obtuvo una resolución de no vinculación a proceso, la Auditoría volvió a intentar combatir la decisión mediante amparo. Nuevamente se le negó esa posibilidad bajo el argumento de que no estaba defendiendo directamente su propio patrimonio. La controversia llegó así al mismo punto.
La institución que detectó un posible daño a recursos federales puede originar una investigación, pero todavía está por definirse hasta dónde puede intervenir cuando esa investigación empieza a cerrarse en tribunales.
La UAEMéx tampoco quedó fuera
La Universidad Autónoma del Estado de México también apareció entre las instituciones relacionadas con la Estafa Maestra. El propio Órgano Interno de Control de la UAEMéx informó que recibió 46 procedimientos remitidos por la ASF correspondientes a las cuentas públicas de 2012 a 2015 y lo que ocurrió después resultó particularmente relevante.
En 2023, el OIC reportó que 30 de esos expedientes estaban encaminados al archivo por prescripción, once permanecían pendientes y cinco tenían proyectos en revisión.
El propio órgano universitario sostuvo que durante años no se realizaron actuaciones suficientes para evitar que los procedimientos prescribieran y señaló que, cuando revisó los archivos, encontró expedientes sin la integración necesaria, con problemas de acuerdos, notificaciones, folios y sellos.
En noviembre de 2021 decidió radicar nuevamente los 46 asuntos y para 2024 informó que todos habían sido determinados y notificados a la ASF.
En su balance, el OIC identificó entre las irregularidades relacionadas con aquellos expedientes la contratación de servicios sin capacidad para ejecutarlos, subcontrataciones superiores a los límites permitidos, incumplimientos a la legislación federal de adquisiciones y servicios pagados que no fueron realizados.
Aquí aparece uno de los puntos más incómodos que dejaron estos casos, ya que si un expediente termina archivado por prescripción no significa que la irregularidad haya sido aclarada, significa que transcurrió el tiempo necesario para que la autoridad perdiera la posibilidad de sancionar por esa vía, y ésa es una diferencia importante.
Mientras algunos procedimientos internos de la Universidad terminaron alcanzados por la prescripción, otras responsabilidades relacionadas con aquellos años continuaron su recorrido ante autoridades federales.
La Estafa Maestra, por lo tanto, tampoco produjo un solo resultado dentro de las universidades. Hubo expedientes que avanzaron, otros que se cerraron, algunos que llegaron a tribunales y otros que simplemente fueron perdiendo posibilidades jurídicas con el paso del tiempo.
Una sentencia tampoco significa dinero recuperado
La confusión aumenta cuando se intenta responder cuánto dinero regresó efectivamente al Estado, por ejemplo, en diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia contra un exfuncionario de Sedesol y un exrector de una universidad del Estado de México por hechos relacionados con otro convenio. La resolución estableció una reparación del daño por 62 millones 877 mil 192 pesos, por lo que la cifra podría llevar a pensar que ese dinero ya fue recuperado, pero el propio comunicado de la FGR señala que los sentenciados podían acceder a beneficios legales siempre que garantizaran o cubrieran la totalidad de la reparación. Lo que no informó fue que los 62.8 millones ya hubieran ingresado al erario. La diferencia parece menor, pero no lo es porque una cosa es calcular un probable daño. Otra, determinar una responsabilidad. Otra más, ordenar una reparación y otra muy distinta es cobrarla.
En una investigación que durante años ha estado rodeada de cifras millonarias, mezclar esas categorías puede terminar creando una imagen confusa sobre cuánto dinero fue realmente recuperado.
El problema ya no es solamente cómo ocurrió
La Suprema Corte no va a resolver cuánto dinero falta por recuperar de la Estafa Maestra, ni tampoco determinará quién fue responsable de cada convenio o reabrirá automáticamente investigaciones cerradas.
Lo que sí decidirá es si la ASF puede intentar mantener vivas algunas causas cuando considera que una decisión judicial las está cerrando antes de tiempo, y con ello aparece una segunda historia que quizá resulte más incómoda que la primera, porque la Estafa Maestra comenzó siendo una investigación sobre la manera en que dependencias federales utilizaron universidades públicas para contratar servicios y trasladar recursos a terceros, pero más de una década después, también es una historia sobre expedientes que prescribieron, procedimientos que siguen abiertos, sanciones que tardaron años en adquirir firmeza y recursos cuyo destino final no siempre puede reconstruirse con claridad, de tal manera que el problema ya no está solamente en saber cómo se contrataron aquellos servicios, también está en explicar por qué, después de auditorías, denuncias, procesos administrativos, causas penales y años de litigios, el Estado todavía tiene dificultades para responder tres preguntas elementales.
¿Quién terminó siendo responsable?
¿Cuánto dinero fue efectivamente recuperado?
¿Por qué once años después todavía hay expedientes que no pueden darse por cerrados?
