La vigilancia de los recursos públicos y la detección temprana de riesgos administrativos fueron algunos de los temas centrales durante la conmemoración por los seis años del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde autoridades universitarias, estatales y federales analizaron los retos que enfrenta la fiscalización dentro de las instituciones públicas.
Más allá del aniversario, uno de los planteamientos recurrentes fue la necesidad de que los órganos internos de control no actúen únicamente cuando una irregularidad ya ocurrió, sino que intervengan también en la prevención, revisión de procesos y detección de áreas que puedan generar problemas administrativos o financieros.
La consejera jurídica universitaria, Evangelina Sales Sánchez, señaló que el control interno forma parte de los mecanismos destinados a vigilar que los recursos, decisiones y procedimientos institucionales se desarrollen bajo criterios de transparencia, eficacia y responsabilidad.
Explicó que una de las funciones del OIC consiste en identificar riesgos que puedan afectar los procesos administrativos y generar mecanismos que permitan reducirlos antes de que deriven en posibles responsabilidades.
Fiscalización más allá de las sanciones
Durante el encuentro, la titular del Órgano Interno de Control de la UAEMéx, María Teresa de Jesús Cruz Camarena, sostuvo que la labor de esta instancia incluye tanto la vigilancia del cumplimiento de la normativa como la prevención e investigación de posibles faltas administrativas dentro de los límites de sus atribuciones.
Planteó que la fiscalización permite revisar el destino y los resultados del ejercicio de los recursos públicos, mientras las acciones preventivas pueden contribuir a corregir procedimientos antes de que se generen irregularidades de mayor alcance.
En esa misma línea, la secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, Hilda Salazar Gil, señaló que el control de los recursos públicos está directamente relacionado con la confianza ciudadana, debido a que su ejercicio implica responsabilidades frente a la sociedad.
Añadió que los órganos internos de control también pueden funcionar como instancias de acompañamiento para detectar deficiencias administrativas y mejorar procesos, además de ejercer sus facultades de vigilancia y sanción cuando corresponda.
El reto de seguir el destino de los recursos
Como parte del encuentro, Ivone Henestrosa Matus, titular de la Unidad de Equidad de Género e Inclusión de la Auditoría Superior de la Federación, impartió una conferencia sobre fiscalización y combate a la corrupción, en la que explicó que estas revisiones permiten verificar no sólo cómo se ejercen los recursos públicos, sino también si los objetivos para los que fueron destinados realmente se cumplen.
La especialista abordó los fundamentos y alcances de la fiscalización, así como la importancia de mantener mecanismos que permitan seguir el destino del dinero público y revisar la actuación de las instituciones y personas responsables de administrarlo.
Al acto también asistió Rodrigo Archundia Barrientos, fiscal especializado en combate a la corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
A seis años de su creación, el OIC mantiene entre sus atribuciones la vigilancia del ejercicio administrativo, la revisión del cumplimiento normativo y la prevención de posibles faltas. El reto, como quedó planteado durante el encuentro, no se limita a detectar irregularidades cuando ya ocurrieron, sino a construir mecanismos capaces de identificarlas antes, corregir procesos y hacer más comprensible para la comunidad universitaria cómo se ejerce y supervisa el patrimonio público de la institución.
