Pedir información al gobierno seguirá siendo un derecho en el Estado de México, pero lo que está por cambiar es quién decidirá si una dependencia actuó correctamente cuando se niegue a entregarla, reserve documentos o responda de manera incompleta.
Con la desaparición del Infoem, esa función dejará de concentrarse en un organismo autónomo especializado y será distribuida entre distintas autoridades. Ahí está una de las preguntas centrales de la reforma que comenzó a discutir el Congreso mexiquense: ¿quién vigilará al poder cuando sea el propio poder el que deba revisar algunas de sus decisiones?
Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia iniciaron el análisis de las iniciativas presentadas por el diputado de Morena Gerardo Pliego Santana y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Ambas buscan construir el marco jurídico que sustituirá al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
Uno de los principales cambios será la creación de Transparencia Mexiquense, que asumirá funciones relacionadas con el Ejecutivo estatal y los municipios. Al mismo tiempo, la Contraloría Interna del Poder Judicial, la Contraloría del Poder Legislativo y los órganos internos de control o sus equivalentes en organismos autónomos actuarán como autoridades garantes en sus respectivos ámbitos.
Es decir, el derecho a solicitar información no desaparece. Tampoco las unidades de transparencia que reciben las solicitudes. Lo que cambia es la estructura encargada de intervenir cuando una persona considera que una autoridad no respondió correctamente.
El Congreso legisla fuera de plazo
La transformación del sistema tampoco comenzó esta semana. La reforma constitucional que abrió la puerta a la desaparición del Infoem estableció un periodo para construir las leyes secundarias y adecuar el nuevo modelo. Ese proceso debió avanzar desde febrero.
Sin embargo, fue hasta agosto cuando las comisiones legislativas comenzaron a analizar formalmente las iniciativas.
La demora apareció incluso durante la reunión del Congreso. La diputada del PRD Araceli Casasola Salazar preguntó por qué había tomado tanto tiempo presentar una legislación que debía sustanciarse desde febrero y cuestionó cómo podrá operar la nueva autoridad si dispone de menos presupuesto y personal.
El retraso no provocó que el Infoem dejara de funcionar inmediatamente. El organismo continúa realizando sus tareas mientras no entre en vigor la legislación que permitirá transferir funciones, expedientes, sistemas y responsabilidades al nuevo modelo.
Entre enero y mediados de junio de 2026, el Infoem reportó 25 mil 962 solicitudes de información pública y 6 mil 492 recursos de revisión. Son miles de inconformidades que requieren una segunda revisión cuando alguien considera que una dependencia, municipio u organismo público no respondió adecuadamente. Ese volumen ayuda a dimensionar lo que deberá absorber la nueva estructura.
Incluso dentro de Morena existe preocupación por la transición. Durante el debate, el diputado Israel Espíndola López advirtió que ninguna solicitud debe perderse, ningún recurso quedar abandonado, ningún expediente extraviarse y ningún sistema dejar de funcionar. También pidió respetar la experiencia y los derechos laborales del personal del Infoem.
La iniciativa del diputado Gerardo Pliego incorpora además un Consejo Consultivo Ciudadano, figura que podría convertirse en un contrapeso dentro del nuevo esquema, aunque su peso real dependerá de cómo quede integrada, de sus facultades y de la capacidad que tenga para incidir en las decisiones.
La austeridad no responde quién vigilará al gobierno
Para los impulsores de la reforma, uno de los argumentos principales es el ahorro. Gerardo Pliego sostuvo que no será necesario generar más burocracia porque el Estado de México ya cuenta con plataformas para solicitar información y porque los poderes públicos, municipios y organismos autónomos tienen unidades que seguirán funcionando.
Representantes de la Secretaría de la Contraloría señalaron además que pondrán su estructura a disposición de la nueva autoridad para facilitar la transición, por lo que, desde esa perspectiva, desaparecer al Infoem permitiría reducir estructuras administrativas sin afectar el derecho de acceso a la información. Pero el costo del sistema es sólo una parte de la discusión, porque la pregunta más importante aparece cuando una dependencia se niega a entregar información y el ciudadano decide inconformarse.
Hasta ahora existe un organismo especializado encargado de revisar ese conflicto. Con el nuevo modelo, una parte de esas controversias será atendida desde estructuras relacionadas con los propios poderes públicos.
Por eso, más allá del número de oficinas que desaparezcan o del ahorro que pueda generar la reforma, el Congreso tendrá que definir qué garantías tendrán quienes resuelvan estos casos para actuar sin presiones jerárquicas, cómo serán designados, qué ocurrirá ante posibles conflictos de interés y qué mecanismos podrá utilizar una persona para combatir una resolución que considere incorrecta.
Los diputados del PRD Omar Ortega Álvarez y Araceli Casasola consideran que el nuevo esquema representa un retroceso. Morena y representantes del gobierno estatal sostienen, por el contrario, que la transformación puede realizarse sin dejar desprotegida a la ciudadanía.
La respuesta no estará únicamente en el nombre de las nuevas instituciones ni en las promesas de austeridad. Estará en su funcionamiento. De tal manera que la verdadera prueba llegará cuando una dependencia se niegue a entregar información incómoda sobre contratos, presupuesto, decisiones administrativas, servidores públicos o cualquier otro asunto de interés público y alguien decida impugnar esa negativa. Será entonces cuando pueda saberse si el Estado de México construyó una manera distinta de proteger el derecho a la información o si, al desaparecer al Infoem, terminó trasladando buena parte de la vigilancia del poder al interior del propio poder.
