Una trabajadora adscrita a la Dirección de Recursos Materiales (DRM) de la Universidad Autónoma del Estado de México denunció haber sido presionada para renunciar a su puesto, sin justificación formal, tras negarse a participar en la elaboración de documentos presuntamente irregulares relacionados con auditorías federales.
La denunciante, Jazmín Ríos Flores, trabajadora operativa de la Unidad de Gestión de Eventos, afirma haber laborado de manera ininterrumpida por más de dos años bajo la supervisión de la Lic. Sandra L. Barrera Ángeles. De acuerdo con su testimonio, el 25 de noviembre de 2025, alrededor de las 17:50 horas, una administrativa le solicitó firmar su renuncia bajo el argumento de que su contrato no sería renovado.
Según su relato, no se le proporcionó motivo alguno. Por el contrario, asegura que se le presionó bajo la promesa de que “entre más rápido firmara, más rápido saldrían sus pagos”. Al negarse, la trabajadora relacionó el hecho con un conflicto previo: su negativa a elaborar un “contrato falso” para solventar observaciones de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2024, asociadas al proceso ASF-860 sobre recursos federalizados.
Jazmín sostiene que, tras su negativa, la directora de la DRM, M. en EA. Virginia Itzel Infante Heras, la responsabilizó del movimiento administrativo cuestionado, pese a ser un procedimiento habitual autorizado por los mandos superiores de la propia Dirección. También asegura que en la dependencia existe un módulo con el que, históricamente, se han elaborado soportes apócrifos para responder auditorías.
“Me quitaron escritorio, silla y computadora”: represalias y silencios administrativos
De acuerdo con la denuncia, luego de negarse a firmar su renuncia, el 1 de diciembre la trabajadora se presentó a laborar y encontró que su espacio de trabajo había sido retirado por completo. Al solicitar explicaciones, personal administrativo negó conocer la situación.
Tampoco se le entregó una notificación oficial sobre la no renovación del contrato, pese a haber solicitado por escrito la exposición de motivos el 27 de noviembre.
Jazmín señala además que su jefa inmediata recibió un ultimátum laboral días después, en un aparente intento de presión por no haber logrado que firmara la renuncia.
Asimismo, describe un entorno laboral con posibles actos de acoso, prácticas discrecionales en las cargas de trabajo, exclusión, inequidad administrativa y represalias por no alinearse a grupos de poder internos.
Entre las denuncias adicionales se encuentran:
- Extensiones de horario no formalizadas y sin compensación.
- Compañeros sin registro biométrico mientras a otros se les exige múltiples controles de asistencia.
- Cambios no comunicados en procedimientos internos.
- Exclusión deliberada de información o actividades internas.
- Señalamientos de violencia de género normalizados entre compañeras.
- Falta de respuesta clara por parte de instancias como la Defensoría Universitaria, Abogacía, Evaluación Institucional y Secretaría de Administración.
En repetidas ocasiones, según su testimonio, distintas instancias universitarias se deslindaron de atender su caso, lo que la denunciante percibe como encubrimiento institucional.
Ante un caso como este, la UAEMéx tendría la responsabilidad de actuar con claridad, transparencia y apego a las mejores prácticas que caracterizan a las universidades públicas modernas. Lo primero sería abrir una investigación formal e independiente, conducida por una instancia imparcial que no dependa jerárquicamente de la dirección involucrada. Ninguna autoridad puede investigar su propio actuar sin comprometer la confianza institucional.
Mientras esa investigación se desarrolla, la institución debe garantizar medidas de protección laboral para evitar represalias, por lo que se debería mantener el espacio de trabajo, asegurar el acceso a las instalaciones y proteger a la persona afectada de cualquier intento de intimidación o aislamiento. La protección no es un privilegio, es una obligación cuando se denuncia un acto irregular.
Es igualmente indispensable revisar los procesos de contratación CAF, pues los esquemas sin prestaciones no deben convertirse en herramientas de presión, inestabilidad o control. La precarización laboral, cuando se usa para someter o silenciar a trabajadores, erosiona la misión académica y administrativa de la universidad.
En paralelo, la UAEMéx tendría que auditar a fondo los procedimientos administrativos señalados, especialmente aquellos relacionados con movimientos 55, soportes de auditoría, módulos de generación documental y registros internos. Cuando los procesos carecen de trazabilidad o permiten la manipulación discrecional, el riesgo de corrupción se multiplica.
Otro paso urgente sería fortalecer y transparentar la Defensoría Universitaria, una instancia que, de acuerdo con el caso descrito, ha mostrado descoordinación y falta de criterios homogéneos para atender denuncias de violencia laboral o de género. La Defensoría debe ser un espacio confiable, accesible y efectivo, no un laberinto que desaliente la denuncia.
A ello se suma la necesidad de sancionar prácticas de violencia de género y acoso laboral, las cuales no pueden normalizarse por venir de compañeras o jefas. La violencia es violencia, independientemente de quién la ejerza o en qué nivel jerárquico se encuentre.
Finalmente, la universidad debe adoptar capacitación obligatoria en integridad pública y manejo adecuado de auditorías, especialmente en áreas sensibles como adquisiciones y recursos materiales. Cualquier dependencia que fabrica soportes, manipula archivos o improvisa ante auditorías no solo comete una irregularidad sino que compromete la estabilidad y el prestigio de toda la institución.
El testimonio de Jazmín Ríos Flores revela mucho más que una experiencia individual; expone un patrón que podría estar repitiéndose en otras áreas. Cuando en una institución se instala el miedo a hablar, la necesidad de agradar a las jefaturas o la incertidumbre permanente sobre la continuidad laboral, no estamos ante simples conflictos internos, estamos frente a un riesgo real de corrupción, debilitamiento organizacional y pérdida de confianza pública.
La UAEMéx tiene la obligación ética y legal de investigar, corregir y garantizar que ninguna persona sea vulnerada por negarse a participar en actos indebidos o por señalar irregularidades.
Solo si una universidad protege a su gente, puede sostener el título de Máxima Casa de Estudios.
