Durante años, la Universidad Autónoma del Estado de México tuvo oportunidad de presentar documentación para aclarar observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación. En varios casos lo consiguió y los montos cuestionados disminuyeron considerablemente. Pero seis pliegos sobrevivieron a ese proceso.
Hoy están asociados con 100.58 millones de pesos y aparecen clasificados “En DGI”, es decir, fueron remitidos a las Direcciones Generales de Investigación después de que las áreas de seguimiento determinaron que no habían sido solventados. No existe todavía, por ese solo hecho, una responsabilidad administrativa firme contra alguna persona; pero tampoco se trata ya de observaciones preliminares pendientes de una simple aclaración. La propia ASF establece que el paso a DGI ocurre después de elaborar un Dictamen Técnico de No Solventación para que, si procede, comience la investigación correspondiente.
La radiografía elaborada por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados contabiliza actualmente siete acciones vigentes por 112.77 millones de pesos. Seis concentran 89.2 por ciento del monto y están en DGI; la séptima, correspondiente a 2024 por 12.19 millones, continúa en seguimiento.
El dato más revelador, sin embargo, no es solamente cuánto dinero aparece asociado con esas acciones, sino qué tipo de controles fallaron y cuáles de esos señalamientos no pudieron ser desvirtuados.
Nómina y personal concentraron el mayor riesgo
Los tres pliegos de la Cuenta Pública 2017 suman 88.57 millones de pesos. El mayor, por 83.07 millones, surgió después de que la ASF revisó las 24 quincenas del ejercicio e identificó pagos de sueldos superiores al tabulador autorizado a 5 mil 120 empleados.
A ese expediente se agregaron otros 5.05 millones relacionados con prestaciones que la auditoría consideró superiores a las autorizadas y 450 mil pesos correspondientes a una plaza cuyo perfil académico no quedó documentalmente acreditado.
Una sola acción de 2017 representa 73.7 por ciento de todo el monto actualmente vigente, mientras que, consideradas en conjunto las cuentas públicas 2017 y 2019, 86.4 por ciento de los recursos asociados con las acciones abiertas está relacionado con servicios personales, remuneraciones, prestaciones y perfiles académicos.
Ese dato permite ir más allá de considerar cada pliego como un incidente administrativo independiente. En aquellos ejercicios existió una concentración clara de riesgos alrededor de la gestión del personal universitario y del uso de recursos destinados a remuneraciones.
La Cuenta Pública 2017 atravesó dos rectorados. Jorge Olvera García encabezó la UAEMéx entre 2013 y 2017 y Alfredo Barrera Baca entre 2017 y 2021, por lo que los 88.57 millones no pueden atribuirse íntegramente a una sola administración sin conocer el momento específico en que se realizaron los pagos observados. La propia Universidad identifica oficialmente esos periodos rectorales.
La ubicación temporal de los hallazgos tampoco equivale a responsabilizar personalmente a quienes ocuparon la Rectoría. Esa determinación corresponde a las autoridades investigadoras y, en su caso, a las instancias competentes para resolver procedimientos de responsabilidad.
Lo que sí se aclaró hace más significativo lo pendiente
Los tres pliegos de 2019 corresponden íntegramente al rectorado de Alfredo Barrera Baca y suman alrededor de 12.01 millones de pesos.
Uno surgió por aproximadamente dos millones utilizados con recursos de 2019 para cubrir conceptos y compromisos correspondientes al ejercicio anterior. Otro se relacionó con licencias de software.
En este último caso, la observación inicial alcanzó aproximadamente 20.98 millones de pesos, pero la Universidad presentó documentación que permitió acreditar 19.87 millones. El pliego permaneció por 1.11 millones.
Algo semejante ocurrió con los perfiles académicos. Inicialmente fueron observados 24 trabajadores por 15.05 millones de pesos. Durante la auditoría, la UAEMéx acreditó 12 casos por aproximadamente 6.15 millones, mientras otros 12 persistieron por 8.90 millones.
Este proceso resulta particularmente relevante para valorar críticamente los expedientes. La auditoría no mantuvo intactos todos los señalamientos originales. Cuando la Universidad presentó evidencia suficiente, las cantidades fueron reducidas.
Por eso, los montos que finalmente dieron origen a los pliegos no representan simplemente cuestionamientos iniciales de la ASF. Son las cantidades que permanecieron después de que parte de las observaciones sí pudo ser acreditada.
Y es precisamente aquello que no logró solventarse lo que posteriormente siguió otra ruta.
El riesgo cambió en 2024
La acción más reciente corresponde al rectorado 2021-2025 de Carlos Eduardo Barrera Díaz y presenta un problema distinto.
La ASF revisó operaciones relacionadas con servicios por 37.67 millones de pesos. Durante la auditoría, la UAEMéx acreditó 25.48 millones, pero quedaron pendientes 12.19 millones relacionados con dos contratos de seguridad privada, debido a que la documentación aportada no fue considerada suficiente para demostrar la recepción de los servicios conforme a las especificaciones contractuales.
Esto no significa que la ASF haya determinado que el servicio de seguridad nunca se prestó. Lo que permanece sin acreditar es su recepción documental en los términos contratados.
Y existe otra diferencia sustancial. Este expediente todavía se encuentra en seguimiento, no en DGI. Su desenlace dependerá de la valoración de la documentación presentada y de las actuaciones posteriores de la fiscalización.
La propia Unidad de Evaluación y Control advierte además que la auditoría de 2024 encontró un control interno evaluado con 95 puntos sobre 100, cuentas productivas y específicas, cumplimiento en seguridad social e ISR y expedientes de personal con perfiles acreditados. Por ello, la permanencia de los pliegos antiguos no permite afirmar que exactamente las mismas deficiencias continúen reproduciéndose actualmente.
Una deuda de rendición de cuentas que atraviesa rectorados
La administración de Martha Patricia Zarza Delgado, iniciada en 2025, no originó ninguna de las siete acciones vigentes. Los hechos fiscalizados corresponden a administraciones anteriores. La propia UAEMéx identifica su actual Plan Rector para el periodo 2025-2029.
Eso libera a la actual Rectoría de una atribución que sería injustificada sobre hechos que no ocurrieron bajo su gestión, pero no elimina la responsabilidad institucional presente.
La Universidad sigue siendo la entidad fiscalizada. Le corresponde preservar documentación, atender requerimientos, conocer el estado de los expedientes, proteger su patrimonio y convertir los hallazgos anteriores en controles capaces de impedir su repetición.
También debería existir una explicación hacia la propia comunidad universitaria sobre qué ocurrió con los casos heredados.
Porque, después de casi una década, la ausencia de respuestas ya no compete únicamente a la UAEMéx.
El documento de la Cámara de Diputados reconoce que todavía es necesario conocer cuándo ingresaron los seis pliegos a DGI, cuál fue la última actuación relevante, cuál es su etapa procesal, por qué permanecen ahí, cuál es el monto actualizado y si se han producido recuperaciones.
Ahí aparece una segunda dimensión del problema. La fiscalización pierde parte de su capacidad de rendición de cuentas cuando detecta posibles daños, remite expedientes a investigación y, años después, todavía no existe claridad pública suficiente sobre su desenlace.
Las auditorías dejan así dos cuentas pendientes. La primera corresponde a la Universidad y a las administraciones bajo las cuales se originaron los hechos observados. Debe conocerse qué controles fallaron para que problemas relacionados con nómina, prestaciones, perfiles académicos y ejercicio presupuestal llegaran al punto de no poder ser completamente solventados. La segunda corresponde al propio sistema federal de fiscalización. Después de haber trasladado seis asuntos a sus áreas investigadoras, debe explicar qué ocurrió con ellos, cuánto permanece realmente en disputa y si existen o no elementos para determinar responsabilidades.
La pregunta de fondo, por tanto, ya no es únicamente por qué siguen apareciendo 112.77 millones de pesos en una radiografía de acciones vigentes.
Es otra más difícil de responder después de tantos años
¿Qué ocurrió con aquello que la Universidad no pudo solventar, quién debe responder si las investigaciones acreditan responsabilidades y por qué la rendición de cuentas todavía no ofrece un desenlace definitivo?
