La compra de seis automóviles por casi cinco millones de pesos dejó al descubierto algo más grave que una decisión presupuestaria cuestionable. Las autoridades universitarias conocían desde hace años los riesgos de mantener privilegios vehiculares para funcionarios. Ahora pretenden cerrar la controversia vendiendo los autos, pero quedan pendientes otras ocho autorizaciones y demasiadas explicaciones.
Qué curioso resulta el funcionamiento de ciertas administraciones universitarias. Cuando se trata de renovar los automóviles de sus funcionarios, aparecen los recursos, los estudios técnicos, las autorizaciones y hasta los argumentos ambientales. Pero cuando los estudiantes exigen sanitarios dignos, bibliotecas seguras, comedores funcionales o laboratorios equipados, las soluciones parecen avanzar a otra velocidad.
Eso es precisamente lo que ha quedado al descubierto en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde el rector general, Gustavo Pacheco López, reconoció la compra de seis vehículos eléctricos por 4 millones 922 mil pesos y anunció que serán vendidos para destinar lo recuperado a becas estudiantiles.
La rectificación podría parecer un gesto responsable. El problema es que vender los automóviles después de que estalló el escándalo no explica por qué fueron comprados, quiénes los utilizaron ni por qué la administración necesitó una protesta estudiantil para reconocer que sus prioridades estaban equivocadas.
Y hay algo todavía más delicado. Las actas del Patronato muestran autorizaciones para 14 vehículos por 9.4 millones de pesos durante 2026. Aunque solamente está confirmada la adquisición de seis, el rector no aclaró qué ocurrió con las otras ocho unidades.
El problema ya se conocía desde 2022
Lo verdaderamente preocupante es que esta historia no comenzó con los automóviles eléctricos ni con el actual conflicto estudiantil.
En septiembre de 2022, un informe presentado al Patronato documentó que, entre julio de 2017 y agosto de ese año, la UAM había adquirido 93 vehículos por 34.5 millones de pesos. La Contraloría advirtió entonces que los automóviles destinados a funcionarios tenían costos elevados y que permitirles comprarlos al concluir sus gestiones incentivaba nuevas adquisiciones.
Incluso recomendó revisar esa práctica, eliminar vehículos adicionales y reconsiderar los financiamientos para automóviles de directivos.
Cuatro años después, el Acuerdo 03/2026, firmado por Pacheco López, todavía permitía que determinadas autoridades adquirieran sus vehículos institucionales por el equivalente al 30 por ciento del importe de la factura, siempre que cumplieran ciertos requisitos de antigüedad, uso y autorización.
Es decir, la propia Universidad había identificado un mecanismo que podía estimular el gasto y, sin embargo, conservó la posibilidad de que los funcionarios se beneficiaran de él.
Resulta difícil aceptar entonces que todo se reduzca a una desafortunada falta de sensibilidad social. Estamos frente a una política institucional cuyos riesgos habían sido advertidos y que merece una revisión mucho más profunda.
Porque una cosa es proporcionar herramientas para cumplir responsabilidades públicas y otra muy distinta construir reglas que permitan transformar bienes institucionales en oportunidades de adquisición para quienes ocupan cargos de autoridad.
La legalidad no convierte un privilegio en necesidad
El Patronato autorizó ocho vehículos por 6.27 millones de pesos durante una sesión extraordinaria celebrada el 23 de abril. La reunión duró apenas 17 minutos y la Contraloría informó que las solicitudes cumplían los lineamientos establecidos.
Eso no demuestra una irregularidad, pero tampoco demuestra que las compras fueran indispensables. Una autorización administrativa no sustituye la obligación de justificar la utilidad pública de una decisión.
La propia normativa de la UAM establecía que el arrendamiento debía considerarse primero y que la compra individual sería excepcional y tendría que justificarse ampliamente. La Rectoría sostiene que adquirir los autos por separado resultaba más económico, pero esa afirmación necesita respaldarse con los estudios y comparativos correspondientes.
Hay una diferencia fundamental entre demostrar que se podía gastar y demostrar que se debía gastar.
Mientras tanto, los estudiantes tuvieron que organizarse, suspender actividades y hacer públicas las deficiencias de sus instalaciones para conseguir que las autoridades reconocieran la urgencia de revisar sus prioridades.
Y aunque las adquisiciones ocurrieron meses antes de las protestas, el contraste sigue siendo contundente. Las necesidades de quienes estudian no deberían adquirir importancia presupuestaria solamente cuando se convierten en un conflicto público.
Las becas no deberían servir para lavar decisiones
Ahora el rector ofrece vender los vehículos y entregar lo recuperado al programa de becas. Pero hay una pregunta elemental que su comunicado evita responder. ¿Cuánto perderá la Universidad al vender automóviles adquiridos recientemente?
Porque los autos no necesariamente recuperarán su precio de factura. Si existe una diferencia, tendrá que conocerse su monto y quién asumirá la responsabilidad administrativa de explicar esa pérdida patrimonial.
Tampoco basta con que Pacheco López anuncie que personalmente renuncia a comprar un automóvil institucional cuando termine su gestión. El problema no es únicamente lo que decida hacer el rector con el vehículo que pudiera corresponderle, sino las reglas que permitían esos beneficios para distintas autoridades.
Renunciar a un privilegio personal puede ser un gesto políticamente conveniente. Eliminar las condiciones que lo hacen posible sería una decisión institucional mucho más importante.
La UAM no necesita convertir la rectificación en una ceremonia de buenas intenciones. Necesita publicar facturas, contratos, estudios comparativos, resguardos de vehículos y las decisiones relacionadas con las otras ocho unidades autorizadas. También requiere una revisión independiente de los mecanismos mediante los cuales el Patronato y la Contraloría validaron estas operaciones.
No se ha demostrado un desvío de recursos ni un delito. Pero la ausencia de una irregularidad acreditada no cancela la exigencia de responsabilidades por decisiones administrativamente autorizadas y socialmente cuestionables.
La Universidad Autónoma Metropolitana tiene una larga tradición de pensamiento crítico. Sería profundamente contradictorio que esa exigencia intelectual se ejerciera dentro de las aulas, pero encontrara resistencias cuando toca examinar las decisiones de sus propios dirigentes.
La verdadera austeridad no comienza cuando un rector anuncia que venderá sus automóviles después de una protesta. Comienza cuando quienes administran una universidad comprenden que sus comodidades no pueden ocupar un lugar preferente frente a las necesidades de la comunidad a la que deben servir.
Y mientras no se esclarezcan todas las autorizaciones, las condiciones de compra y los posibles costos de la rectificación, la controversia no estará resuelta. Solamente habrá cambiado de estacionamiento.
