Zacatecas, Zac., 29 de octubre de 2026. La crisis financiera de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) volvió a las calles este jueves. Alrededor de un centenar de jubilados y pensionados tomaron el edificio de Rectoría para exigir prestaciones pendientes, mientras docentes de las unidades académicas de Economía y Secundaria suspendieron actividades ante la falta de pagos y la incertidumbre sobre los compromisos de fin de año.
Las protestas ocurren en un momento especialmente delicado para la institución. Apenas el miércoles, el Tribunal Laboral de la Región Centro-Sur admitió el emplazamiento a huelga presentado por el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), que podría derivar en una suspensión general de actividades el 17 de febrero de 2027.
Desde las seis de la mañana, los jubilados colocaron banderas rojinegras en las instalaciones de Rectoría, ubicadas en el Centro Histórico de Zacatecas. Entre sus principales reclamos se encuentra la prima de antigüedad correspondiente a septiembre, además de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, FOVISSSTE y otras prestaciones que, según sus representantes, permanecen pendientes desde 2017.
Jorge Núñez Monreal, representante de los jubilados, rechazó que los derechos laborales adquiridos durante décadas de servicio sean los responsables de la crisis económica universitaria. También exigió información que permita conocer cómo se distribuyen los recursos y bajo qué criterios se decide qué obligaciones se pagan primero.
Rectoría reconoce falta de recursos
Durante la movilización, la secretaria general de la UAZ, Lorena Jiménez Sandoval, reconoció que la institución no dispone de recursos suficientes para atender los compromisos reclamados.
«El recurso no nos alcanza para pagar», declaró la funcionaria, de acuerdo con la cobertura de ECOdiario.
Jiménez Sandoval explicó que la Universidad ha tenido que priorizar el pago de salarios y aplazar otras obligaciones. También reconoció problemas de comunicación en la entrega de información financiera solicitada por los jubilados y ofreció facilitar la documentación correspondiente mediante los canales institucionales.
Sin embargo, existe una diferencia importante entre esta explicación y la información difundida por la propia Universidad días antes.
El 23 de octubre, mediante su boletín oficial 1054/2026, Rectoría aseguró que los salarios y las prestaciones correspondientes a 2026 estaban cubiertos y que no se preveían dificultades para cerrar el año en ese rubro.
La afirmación contrasta con los adeudos denunciados por los trabajadores y con las declaraciones posteriores de las autoridades universitarias, que reconocen dificultades para cubrir primas de antigüedad y aguinaldos. La diferencia exige una aclaración sobre qué obligaciones estaban realmente financiadas y cuáles dependían de recursos extraordinarios.
Una deuda histórica sin solución definitiva
La magnitud del problema ya había sido expuesta por el rector Ángel Román Gutiérrez durante su Primer Informe de Labores, el 5 de septiembre. Entonces reconoció que la UAZ necesitaba alrededor de 700 millones de pesos para atender salarios, aguinaldos, prestaciones y obligaciones de seguridad social al cierre de 2026.
A esa insuficiencia se suman pasivos históricos superiores a 4 mil 600 millones de pesos con el ISSSTE y compromisos fiscales por 517 millones con el SAT, según el boletín universitario 791/2026. Se trata de obligaciones de distinta naturaleza y temporalidad, no de un solo déficit anual.
Ante este escenario, Rectoría anunció desde septiembre medidas de austeridad, entre ellas reducción de gastos operativos, revisión de plazas de confianza y ajustes a prestaciones de funcionarios. No obstante, todavía falta conocer públicamente cuánto han permitido ahorrar estas decisiones y qué proporción se ha destinado a reducir los adeudos laborales.
Mientras tanto, el rector mantiene gestiones ante los gobiernos federal y estatal para obtener financiamiento extraordinario. Los salarios de noviembre y diciembre figuran entre sus prioridades, aunque el cumplimiento de otras prestaciones continúa sujeto a la disponibilidad de recursos.
La huelga ya tiene fecha prevista
El Tribunal Laboral admitió el 28 de octubre el pliego de peticiones del SPAUAZ y fijó una audiencia de conciliación para el próximo 3 de diciembre, a las 9:00 horas. Si no se alcanza un acuerdo, el procedimiento contempla el 17 de febrero de 2027, al mediodía, como fecha para un eventual estallamiento de huelga.
La admisión del emplazamiento no significa que la Universidad ya se encuentre en huelga, sino que abre formalmente el periodo de negociación entre las partes.
La crisis coloca a la UAZ frente a dos responsabilidades que no pueden separarse: garantizar los derechos de sus trabajadores y preservar la continuidad de sus actividades académicas.
Pero también deja una obligación pendiente de rendición de cuentas. Más allá de solicitar nuevos recursos, la administración universitaria tendrá que explicar el origen de sus pasivos, transparentar sus prioridades de gasto y demostrar que las medidas anunciadas pueden ofrecer una salida sostenible.
