La Fiscalía de Guanajuato confirmó mediante pruebas de ADN la identidad del estudiante hallado sin vida en el río Pastita. Mientras sus compañeros exigen justicia y seguridad, la rectora reconoció que la Universidad no cuenta con lineamientos fijos para detectar ausencias prolongadas. Desde 2019 existen compromisos institucionales de protección que incluían expresamente esa zona de la capital.
Guanajuato, Gto., 13 de octubre de 2026. La muerte de Joan Francisco Díaz Rodríguez, estudiante de 21 años de la Universidad de Guanajuato, abrió una pregunta que rebasa la investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento. ¿Qué mecanismos tiene una universidad para advertir que uno de sus estudiantes puede encontrarse en riesgo cuando deja de asistir y tampoco responde a sus compañeros?
Joan Francisco fue visto por última vez el 28 de septiembre y reportado como desaparecido al día siguiente. Su cuerpo fue localizado el 4 de octubre en el río Pastita, en Guanajuato capital, pero su identidad pudo confirmarse hasta la noche del viernes 9 mediante una confronta genética de ADN con muestras proporcionadas por su familia. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.
Hasta ahora no existe información pública concluyente que permita establecer la causa del fallecimiento ni atribuir responsabilidad penal a una persona determinada.
La confirmación movilizó nuevamente a la comunidad universitaria. El lunes 12 de octubre, cientos de estudiantes, familiares y ciudadanos recorrieron en silencio las calles del centro histórico de Guanajuato con flores, fotografías y carteles hasta llegar a las escalinatas del Edificio Central de la Universidad.
Entre los mensajes apareció una frase que sintetizó la preocupación de los participantes
“Quiero ver mi nombre en un título, no en una nota roja”.
La movilización combinó el homenaje a Joan con la exigencia de esclarecer su muerte y mejorar las condiciones de seguridad para quienes estudian y viven en la capital.
La alerta llegó por sus compañeros
Después de confirmarse la identidad del joven, la rectora Claudia Susana Gómez López reconoció que la Universidad no cuenta con lineamientos fijos para dar seguimiento a las asistencias de sus estudiantes.
Explicó que pasar lista depende de cada docente y que normalmente son profesores, tutores, familiares o los propios compañeros quienes alertan cuando una ausencia comienza a resultar inusual.
En el caso de Joan, fueron precisamente sus compañeros quienes comenzaron a advertir que no estaba asistiendo y que no podían localizarlo.
La situación no significa que toda ausencia deba activar automáticamente una alerta de desaparición. Tampoco implica convertir a la Universidad en un sistema de vigilancia sobre estudiantes adultos. El problema es distinto y más concreto.
¿Qué ocurre cuando una ausencia prolongada se combina con la imposibilidad de contactar a la persona y con la preocupación expresa de quienes conviven diariamente con ella?
Actualmente, según lo reconocido por la propia rectora, la respuesta depende en buena medida de que alguien detecte la anomalía y la comunique.
Periódico AM documentó además que la Universidad difundió públicamente la ficha de búsqueda varios días después de la desaparición, aunque Joan había sido reportado ausente desde finales de septiembre. La secuencia vuelve relevante conocer cuándo cada instancia universitaria tuvo conocimiento formal del caso y qué acciones se realizaron a partir de ese momento.
La Universidad no sustituye a la Fiscalía ni a las comisiones de búsqueda, pero sí puede establecer rutas internas para recibir alertas, verificar situaciones atípicas y orientar a estudiantes, familiares y docentes cuando existen indicios razonables de riesgo.
Pastita ya estaba en el mapa de seguridad
El caso adquiere otra dimensión al revisar los compromisos asumidos desde 2019.
Después de una amplia movilización estudiantil por asesinatos, desapariciones y hechos de violencia que afectaron a integrantes de la comunidad universitaria, la Universidad de Guanajuato, el Gobierno estatal y autoridades municipales establecieron mecanismos de coordinación en materia de seguridad.
El convenio contempló presencia de elementos de seguridad en municipios con sedes universitarias, casetas, botones de emergencia y acciones focalizadas en zonas consideradas relevantes para la comunidad estudiantil.
En Guanajuato capital, el documento mencionó expresamente zonas como Mexiamora, Valenciana, Embajadoras, Noria Alta y Pastita.
Siete años después, el cuerpo de Joan Francisco fue localizado precisamente en el río de Pastita.
La coincidencia geográfica no demuestra que su muerte pudiera haberse evitado ni permite establecer una relación causal con el cumplimiento o incumplimiento de aquellos acuerdos. Sí abre, sin embargo, una pregunta legítima sobre la vigencia de las medidas adoptadas y la forma en que se evalúan.
La propia Universidad informó en años posteriores que existía una plataforma de seguimiento de rondines y que se registraban acciones de patrullaje, iluminación, transporte y mejoramiento de espacios alrededor de sus sedes. Un informe institucional de 2022 incluso señalaba que el seguimiento de algunas de esas acciones se actualizaba mensualmente.
Lo que la información pública disponible no permite determinar es cuál era el estado de esos mecanismos en octubre de 2026, cuáles continúan operando y mediante qué indicadores se mide actualmente su eficacia.
El límite del autocuidado
Tras la muerte del estudiante, Gómez López anunció acompañamiento psicológico y jurídico para familiares y compañeros. También pidió a la comunidad evitar desplazamientos nocturnos en solitario, mantenerse comunicada y recurrir a medios seguros de transporte.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital informó, por su parte, que la corporación entregó a la Fiscalía material videográfico solicitado para la investigación y que mantiene comunicación con representantes estudiantiles mediante un grupo de WhatsApp para atender reportes de riesgo. También mencionó acciones relacionadas con transporte, alumbrado e infraestructura en zonas universitarias.
El autocuidado puede reducir determinados riesgos, pero no sustituye las obligaciones de prevención, coordinación y respuesta de las instituciones públicas.
Tampoco resulta razonable trasladar a las víctimas la responsabilidad por la violencia que puedan enfrentar.
La muerte de Joan deja así dos investigaciones abiertas en planos distintos. Una corresponde a la Fiscalía y debe determinar qué ocurrió y si existe responsabilidad penal. La otra es institucional y exige revisar si los mecanismos de seguridad y comunicación creados después de las protestas de 2019 siguen funcionando cuando realmente se necesitan.
