La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León señaló que la Universidad Autónoma de Nuevo León pagó 348.6 millones de pesos a la empresa Medicazel por medicamentos oncológicos sin documentación suficiente que acredite su entrega. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, Isssteleón, pagó otros 72.1 millones por los mismos fármacos, para un total conjunto de 420.6 millones de pesos. La auditoría advirtió además sobreprecios en los medicamentos y rastreó 74.1 millones de pesos que habrían terminado en un despacho jurídico y en empresas relacionadas con familiares de altos funcionarios del gabinete estatal.
Los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2025 fueron presentados el martes 17 de noviembre por el auditor superior, Alejandro Reynoso Gil, ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local. La Auditoría Superior del Estado tiene un plazo máximo de dos semanas para formalizar las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fiscalía General de la República.
348.6 mdp de la UANL y 74.1 mdp que habrían terminado en el despacho
De acuerdo con la auditoría, por cada 100 pesos de los pagos revisados, 17.60 pesos habrían terminado en el despacho y en empresas relacionadas con el familiar de un alto funcionario estatal. El monto de las transferencias identificadas sería de 74.1 millones de pesos.
Según el desglose difundido por la prensa local, una compañía que comparte el mismo domicilio fiscal que la distribuidora transfirió los 74.1 millones hacia la Firma Jurídica y Fiscal Abogados y a otras sociedades relacionadas con Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del gobernador Samuel García. La Auditoría advirtió que los medicamentos se adquirieron con sobrecostos, como en el caso del everolimus, y que no encontró documentación suficiente para acreditar su entrega.
El auditor no mencionó nombres; el gobernador rechaza las acusaciones
El auditor Reynoso no mencionó directamente a Samuel García ni a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados en su exposición, tal como lo refirió Expansión. Al ser cuestionado sobre si entre los funcionarios involucrados podría estar el gobernador, el auditor evitó dar nombres y argumentó que el sigilo de las investigaciones se lo impide.
El gobernador Samuel García rechazó públicamente las acusaciones y aseguró en sus redes sociales que su administración es incorruptible y que las observaciones forman parte de una ofensiva política de sus adversarios. Su entorno sostiene que las observaciones están dentro de los plazos legales para aclararse y que se trata de persecución política. En las piezas revisadas no se encontró una postura pública de la UANL sobre este señalamiento en particular.
61 mil mdp en observaciones y dos semanas para denunciar
El señalamiento contra la UANL y el Isssteleón es uno de los cuatro casos prioritarios de la revisión de la Cuenta Pública 2025. En total, la auditoría reportó 8,902 observaciones sin solventar por un monto global de 61,001 millones de pesos, de los cuales 59,533 millones corresponden a la administración estatal y sus organismos paraestatales. La revisión abarcó 382 proyectos de auditoría a 142 entes públicos.
La Unidad de Investigación de la auditoría rastreó además 786 transferencias por 1,696.6 millones de pesos de proveedores gubernamentales hacia el despacho jurídico y fiscal, más 418.8 millones de pesos en rendimientos financieros. En octubre, la Auditoría Superior de la Federación denunció ante la Fiscalía General de la República presuntas transferencias con el mismo patrón.
Los informes completos de la Cuenta Pública 2025 se publicarán la próxima semana en el portal oficial de la Auditoría Superior del Estado, una vez que concluya el proceso de anonimización. La auditoría no constituye por sí misma una determinación definitiva de responsabilidad: las observaciones deberán aclararse o derivar en denuncias formales ante las fiscalías.





















































