La nueva dirección de la Facultad de Medicina de la UAEMéx exige una carta bajo protesta de decir verdad y otra revisión documental a médicos que ya habían realizado sus trámites. Desde septiembre, la universidad reportaba 300 expedientes completos y ahora el exdirector asegura que los exámenes estaban incluso impresos. Las decisiones de la administración de Virgilio Eduardo Trujillo Condes abren nuevas dudas sobre la legalidad del procedimiento.
Toluca, Estado de México, 5 de noviembre de 2026. En la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), los exámenes siguen sin fecha, pero los trámites no dejan de aumentar. Después de suspender las evaluaciones de especialidad programadas para el 3, 4 y 5 de noviembre, la nueva administración encabezada por Virgilio Eduardo Trujillo Condes ahora exige a los aspirantes entregar más documentos, llenar otro formulario y firmar una carta bajo protesta de decir verdad.
Lo llamativo es que muchos de estos médicos ya habían cumplido con el registro y realizado el pago correspondiente. Incluso, la propia Facultad les había informado que sus trámites seguían siendo válidos y que, por el momento, no tenían que hacer nada más.
Pero las instrucciones cambiaron. Este jueves 5 de noviembre llegó una nueva comunicación en la que se solicita completar otro procedimiento administrativo, con fecha límite para el domingo 8 de noviembre a las 23:59 horas.
La situación deja una pregunta que la nueva dirección tendría que responder. ¿Qué ocurrió con los documentos que ya se habían entregado y por qué ahora se necesitan requisitos adicionales para presentar un examen que estaba programado desde septiembre?
Primero los expedientes estaban completos, ahora hay que revisarlos
El asunto cobra mayor relevancia al revisar un oficio firmado por el entonces director de Medicina, Hugo Mendieta Zerón, el 3 de septiembre de 2026.
En el documento FM/1597/2026, dirigido a la Secretaría de Salud del Estado de México, se informó que 300 egresados contaban con expedientes completos y aprobados por los Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad.
Además, Mendieta advertía que varios especialistas enfrentaban problemas laborales porque necesitaban obtener cuanto antes sus documentos de titulación. Algunos, incluso, corrían el riesgo de perder sus empleos o interrumpir su preparación profesional.
Es decir, la universidad conocía desde hace dos meses la urgencia del procedimiento y las posibles consecuencias de retrasarlo. Dr.Hugo04-09-2026-093639
Ahora, bajo la administración de Trujillo Condes, la revisión de expedientes vuelve a colocarse en el centro del problema.
En el correo enviado este jueves, la Facultad pide una carta bajo protesta de decir verdad para que los aspirantes manifiesten que cumplen con los requisitos de la convocatoria y que sus documentos son auténticos. También deberán completar un formulario electrónico y adjuntar nuevamente información digitalizada.
La Dirección fundamenta esta solicitud en los numerales 1.2, 6.1 y 6.6 de la convocatoria.
Sin embargo, al revisar las bases originales, encontramos que esos apartados regulan la documentación de registro, las consecuencias de no completar el expediente y los motivos por los que puede cancelarse una inscripción.
Ninguno establece expresamente la obligación general de presentar una carta adicional bajo protesta de decir verdad después de concluido el periodo de registro.
Hay otro detalle que tampoco debe pasar inadvertido. El numeral 2.4 establecía que la Facultad debía notificar, a más tardar el 23 de octubre, si los registros se habían realizado correctamente. Por su parte, el numeral 1.2 contemplaba que las dudas sobre algún expediente fueran notificadas individualmente.
Entonces, ¿por qué la revisión vuelve a plantearse después de esas fechas? ¿Se detectaron irregularidades en los expedientes o simplemente se decidió revisar otra vez el trabajo de la administración anterior?
Y, sobre todo, ¿qué disposición autoriza a imponer este nuevo requisito a quienes ya habían cumplido con las condiciones de la convocatoria?
La legalidad no puede depender del cambio de director
La UAEMéx es una universidad pública autónoma, pero esa autonomía no coloca a sus autoridades por encima de la legislación, toda vez que el principio de legalidad exige que las autoridades actúen dentro de las atribuciones que les confiere la norma. El artículo 16 constitucional establece la obligación de fundar y motivar los actos de autoridad que afectan derechos.
En otras palabras, no basta con mencionar artículos o numerales para justificar una decisión. También hay que explicar por qué esas disposiciones permiten hacer precisamente lo que se está haciendo.
En este caso, la nueva administración recurrió a los numerales 4.1 y 6.3 de la convocatoria para justificar la reprogramación. El primero establece las fechas originales de aplicación y el segundo reserva a la universidad la asignación de fechas y horarios. Pero ninguno menciona expresamente la suspensión general de las evaluaciones por un cambio de autoridades. También debe recordarse que la modalidad de titulación mediante examen de conocimientos fue aprobada por el Consejo Universitario. Eso es importante porque el artículo 20 de la Ley de la UAEMéx establece que las resoluciones de ese órgano solamente pueden ser modificadas o revocadas por el propio Consejo. Por ello es relevante determinar qué alcance tuvo la decisión de la nueva Dirección y si afectó la ejecución de acuerdos previamente autorizados.
La pregunta es inevitable. ¿Trujillo Condes decidió únicamente cambiar las fechas o, mediante esa suspensión y los nuevos requisitos, está modificando las condiciones bajo las cuales se autorizó el procedimiento?
Esa diferencia resulta fundamental y merece una explicación jurídica de la universidad.
Mientras las autoridades revisan, los médicos siguen esperando
En entrevistas con Prensa Universitaria, médicos afectados relataron que algunos compañeros viajaron desde ciudades como Morelia y Querétaro para presentar sus exámenes, mientras otros tuvieron que conseguir quién cubriera sus guardias hospitalarias.
Una de las entrevistadas explicó que necesita obtener su diploma de Pediatría para continuar determinados trámites relacionados con su formación en Neurología Pediátrica.
A esta incertidumbre se suman problemas con el sistema de control escolar. Algunos egresados encuentran la leyenda «Cancelación de Inscripción» en sus trayectorias académicas, pese a haber concluido sus estudios.
El propio Mendieta reconoció esta situación en su escrito del 5 de noviembre. También señaló dificultades para quienes estudiaron antes de que existiera el sistema actual y para especialistas cuyos registros no reflejan correctamente el avance académico. Toluca Toluca
Los afectados tampoco se han quedado únicamente con las quejas. El 3 de noviembre presentaron escritos ante distintas autoridades universitarias, incluida la Rectoría y la Defensoría de los Derechos Universitarios, solicitando una solución y una fecha precisa para sus evaluaciones.
Las copias consultadas por este medio cuentan con sellos de recepción. Al momento de recabar sus testimonios, los promoventes manifestaban que todavía no recibían una respuesta que resolviera sus peticiones.
Y mientras esperan, la universidad les exige completar otro trámite en apenas unos días.
La nueva Dirección de Medicina tienen ahora un asunto que requiere algo más que correos administrativos. La universidad debe explicar qué irregularidades encontró, quién autorizó suspender los exámenes, por qué está solicitando requisitos adicionales y qué medidas adoptará para evitar afectaciones laborales y académicas a los aspirantes.
Y hay una última pregunta que merece respuesta.
Si desde septiembre se reportaban expedientes completos, los médicos pagaron sus derechos y los exámenes estaban preparados, según el anterior director, ¿por qué son precisamente los aspirantes quienes están pagando las consecuencias de este cambio de administración?
