La Universidad de Granada permitía mantener una movilidad mientras Exteriores no recomendara expresamente no viajar, aunque Morelos ya acumulaba advertencias por violencia ligada al narcotráfico y secuestros. Tras el asesinato de la estudiante española, varias universidades comenzaron a revisar sus intercambios con México.
Claudia Tacoronte Aguilera llegó a Morelos el 17 de agosto para realizar una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Menos de un mes después, el 12 de septiembre, la estudiante española de 21 años fue asesinada en Cuautla y su muerte abrió una pregunta que ahora alcanza a varias universidades españolas, cómo se determina que un destino dejó de ser suficientemente seguro para enviar estudiantes al extranjero.
Las advertencias no aparecieron después del crimen. Las recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de España ya señalaban para Morelos un incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico y los secuestros, además de recomendar prudencia, informarse antes de determinados desplazamientos, evitar recorridos nocturnos y mantenerse alerta.
Eso no significaba, sin embargo, que existiera una prohibición oficial de viajar a la entidad. La diferencia es importante porque la Universidad de Granada establece que sus programas de movilidad siguen las recomendaciones de Exteriores y que, cuando el Ministerio aconseja expresamente no viajar a un destino, la estancia no puede realizarse mientras permanezca vigente esa recomendación.
Morelos no había alcanzado ese nivel de alerta cuando Claudia viajó, por lo que la información disponible no permite afirmar que Granada incumpliera su normativa al autorizar el intercambio. El caso plantea una cuestión distinta, si la ausencia de una prohibición expresa resulta suficiente para considerar viable una movilidad cuando ya existen advertencias relevantes sobre violencia y secuestros.
Las decisiones cambiaron después del asesinato
Dos días después de la muerte de Claudia, la Universidad de Granada suspendió la movilidad de tres estudiantes que tenían previsto viajar durante el siguiente semestre a la UAEM de Morelos y ofreció alternativas a alumnos que se encontraban en otros puntos de México.
La decisión adquirió especial relevancia porque Claudia había sido la primera estudiante enviada por Granada a esa universidad desde la firma, en 2023, de un acuerdo marco y un convenio de intercambio. El destino que semanas antes había superado los criterios para mantener la movilidad dejó de hacerlo después del homicidio.
Otras instituciones españolas adoptaron medidas diferentes. La Universidad de La Laguna suspendió temporalmente su convenio con la UAEM de Morelos y decidió que durante este curso no enviará estudiantes a esa institución, aunque mantuvo sus intercambios con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Universitat Autònoma de Barcelona optó por mantener su convenio. Dos de sus estudiantes que permanecían en la UAEM recibieron la posibilidad de regresar a España después del asesinato, pero decidieron continuar su estancia.
Las respuestas muestran que hasta ahora no existe una retirada general de universidades españolas de México, aunque sí una revisión sobre el nivel de riesgo que cada institución considera aceptable para mantener sus programas de movilidad.
Sevilla pone bajo revisión sus destinos
El debate llegó también a las universidades públicas de Andalucía. La Junta de Andalucía anunció una revisión de los mecanismos utilizados para seleccionar destinos y el 29 de septiembre la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, confirmó que la institución realiza un análisis muy exhaustivo de sus convenios internacionales y que excluirá de la próxima convocatoria aquellos lugares cuyos niveles de seguridad considere precarios.
La universidad indicó que no pretende reducir el número total de plazas, sino trasladar las ubicadas en destinos considerados inseguros hacia otros lugares. Para tomar esas decisiones confrontará su oferta con las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y revisará también los protocolos de comunicación con las instituciones receptoras.
México tiene un peso relevante dentro de esa evaluación. Actualmente 171 estudiantes de universidades públicas andaluzas realizan programas de movilidad en el país y 100 pertenecen a la Universidad de Sevilla, distribuidos entre 26 instituciones mexicanas. Sevilla no mantiene convenio con la UAEM de Morelos, por lo que ninguno de esos estudiantes se encontraba en la universidad donde cursaba su estancia Claudia.
La institución todavía no ha informado qué destinos podrían desaparecer de su próxima convocatoria, prevista para noviembre.
El problema tampoco puede reducirse a identificar universidades ubicadas dentro de estados con altos niveles de violencia. Las recomendaciones españolas distinguen entre entidades, ciudades, carreteras y zonas concretas, de modo que una advertencia territorial no equivale necesariamente a una prohibición automática de intercambio.
Lo que el caso de Claudia ha puesto en evidencia es el espacio que existe entre ambos extremos. Un destino puede no estar sujeto a una recomendación oficial de no viajar y, al mismo tiempo, registrar advertencias suficientemente graves como para exigir una valoración adicional de las condiciones en las que se desarrollará una estancia universitaria.
Lo que todavía no se conoce
Hasta ahora no se ha localizado públicamente una evaluación individual de riesgo elaborada por la Universidad de Granada inmediatamente antes de la salida de Claudia que permita saber qué información específica recibió la estudiante, cómo fueron valoradas las condiciones de seguridad de Morelos o si las alertas fueron revisadas nuevamente entre la adjudicación de la plaza y su llegada a México.
Que ese documento no sea público no significa que la valoración no se haya realizado, sino que con la información disponible no es posible comprobarlo.
Tampoco se conoce qué información de seguridad proporcionó la UAEM de Morelos a Claudia y a otros estudiantes extranjeros antes de iniciar sus estancias, ni qué mecanismos de comunicación mantenían ambas universidades respecto de los riesgos existentes fuera de los espacios universitarios.
El tema adquiere mayor relevancia después de otros episodios violentos que durante 2026 han afectado a estudiantes de esa universidad. Dos semanas después del asesinato de Claudia, dos adolescentes de la Preparatoria Número 2 fueron asesinados a balazos en Cuernavaca, con lo que sumaron seis estudiantes de la UAEM de Morelos asesinados durante el año, aunque no existe evidencia de que esos casos estén relacionados entre sí.
Para las universidades que envían alumnos al extranjero, el caso deja así una discusión que rebasa a Morelos e incluso a México. Las alertas gubernamentales funcionan como referencia, pero entre un destino sin advertencias y otro sujeto a una prohibición formal existe una amplia zona en la que las propias instituciones deben valorar hasta dónde resulta aceptable el riesgo.
Antes del asesinato de Claudia, las advertencias conocidas no impidieron mantener la movilidad hacia Morelos. Después de su muerte, Granada suspendió nuevos viajes, La Laguna congeló su convenio y otras universidades comenzaron a revisar sus procedimientos.
