Rómulo García Velasco busca dirigir el Centro Universitario UAEM Tenancingo y promete una gestión transparente. Sin embargo, su participación revive un juicio en el que reclamó 75 mil pesos mediante un pagaré cuya firma fue desacreditada por dos especialistas. El juzgado rechazó el cobro y lo condenó a pagar los gastos legales correspondientes. Años después, persisten preguntas sobre el cumplimiento de esa resolución y el desenlace de una investigación penal.
Tenancingo, Estado de México, 14 de octubre de 2026. Rómulo García Velasco quiere dirigir el Centro Universitario UAEM Tenancingo y ofrece una gestión «presente, incluyente y transparente». Sin embargo, mientras promueve sus propuestas entre la comunidad universitaria, un antecedente judicial plantea preguntas sobre su trayectoria y la transparencia que promete ejercer. Se trata de una demanda por 75 mil pesos que perdió después de que dos especialistas determinaran que la firma de la mujer a quien pretendía cobrar no era auténtica.
García Velasco quedó registrado el 13 de octubre como uno de los cuatro aspirantes a la dirección para el periodo 2026–2030. Los otros participantes son Maribel López, Juan Carlos Reyes Alemán y Alan Cristian Camacho, quienes también buscan encabezar el espacio académico en una elección cuya jornada de votación está programada para el próximo martes 20 de octubre.
La contienda ya se refleja en la propaganda difundida entre la comunidad. Maribel López propone fortalecer la comunicación, mejorar los servicios y atender las necesidades de estudiantes, docentes y trabajadores. Juan Carlos Reyes Alemán plantea una reorganización administrativa, mejoras a la infraestructura y acciones para fortalecer la enseñanza. Por su parte, García Velasco ofrece, entre otras medidas, mejoras laborales, mantenimiento de instalaciones, abastecimiento de agua potable y más unidades de transporte universitario.
Pero más allá de las propuestas, la trayectoria de quienes aspiran a dirigir una institución pública también merece atención. Y en el caso de García Velasco existe un expediente judicial que abre interrogantes concretas.
El pagaré que terminó desacreditado
La historia comenzó con un pagaré fechado el 15 de marzo de 2015. García Velasco acudió a los tribunales para exigir que Lilia Cruz Lara le pagara 75 mil pesos, además de los gastos derivados del juicio. Ella negó haber firmado el documento y presentó pruebas para demostrarlo.
El caso quedó registrado con el número 971/2016 en el Juzgado Primero Civil de Tenancingo. Lo que comenzó como una reclamación de dinero terminó convirtiéndose en una controversia sobre la autenticidad del pagaré.
Para determinar quién había realizado la firma y la escritura del documento se practicaron estudios especializados que permiten comparar trazos, firmas y letras de distintas personas.
El especialista Jesús Víctor Nava Torres concluyó que la firma atribuida a Lilia Cruz Lara no había sido realizada por ella. Además, encontró que la escritura utilizada para llenar el pagaré correspondía a la de Rómulo García Velasco.
Aunque el perito propuesto por la parte de Rómulo defendió la autenticidad de la firma, el tribunal designó a una tercera especialista, Edith Salomé Álvarez Lara, para examinar las pruebas.
Su conclusión coincidió con la de la defensa de Lilia. La firma no correspondía a la mujer y la escritura empleada para llenar el pagaré fue atribuida a García Velasco.
Esto no significa que se haya demostrado que él falsificó personalmente la firma. Sin embargo, los resultados plantean preguntas que merecen una explicación. ¿Cómo obtuvo aquel pagaré? ¿En qué circunstancias se elaboró? ¿Cómo explica que dos especialistas le atribuyeran la escritura del documento, mientras descartaron que la firma de la supuesta deudora fuera auténtica?
El 31 de agosto de 2018, el juzgado rechazó la demanda y liberó a Lilia de la obligación de pagar. García Velasco impugnó esa decisión mediante un amparo, un recurso que permite acudir a la justicia federal cuando una persona considera que sus derechos fueron vulnerados.
La justicia federal ordenó emitir una nueva sentencia, pero eso no significó que Rómulo hubiera ganado el caso. El 28 de enero de 2019, el juzgado volvió a rechazar su reclamación y dejó sin efecto el embargo que se había realizado para garantizar el posible cobro.
¿Pagó lo que el juez le ordenó?
La sentencia de 2019 también tuvo una consecuencia económica para García Velasco. El juzgado lo condenó al pago de las llamadas costas del juicio, es decir, determinados gastos legales que Lilia tuvo que afrontar para defenderse.
Esto no significa que Rómulo tuviera que entregarle los 75 mil pesos que él reclamaba originalmente, sino cubrir los gastos legales que correspondieran, una vez calculados y aprobados conforme a la ley.
Sin embargo, la documentación revisada por PrensaUniversitaria.press no permite establecer si posteriormente se determinó cuánto debía pagar ni si cumplió con esa obligación.
¿Se calcularon finalmente esos gastos? ¿Cuál fue el monto? ¿Los pagó o existe alguna obligación pendiente? ¿Puede presentar documentos que acrediten el cumplimiento de lo ordenado por el juzgado?
Estas interrogantes resultan pertinentes ahora que García Velasco pretende asumir una responsabilidad que implica participar en decisiones administrativas y en la gestión de recursos universitarios.
Una investigación que llegó a la Fiscalía
El conflicto tampoco terminó con el juicio por el dinero. Lilia Cruz Lara presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por hechos relacionados con la posible falsificación y utilización de documentos falsos, así como fraude procesal, un delito relacionado con el uso de engaños para obtener una resolución judicial indebida.
No obstante, los documentos disponibles no permiten conocer cómo concluyó esa investigación. Tampoco se ha localizado entre ellos una sentencia penal que declare culpable a García Velasco.
Por ello, permanece abierta otra pregunta. ¿Qué ocurrió finalmente con la denuncia? ¿La Fiscalía cerró el asunto, continuó investigando o presentó el caso ante un juez?
La transparencia que promete también plantea preguntas
En la manta con la que García Velasco promueve su candidatura destaca una frase que resume el tipo de dirección que ofrece, «Por una gestión presente, incluyente y transparente». Entre sus compromisos incluye el diálogo abierto, el reconocimiento a las trayectorias del personal y la atención a necesidades administrativas y de infraestructura.
La transparencia que presenta como uno de los principios de su proyecto también permite examinar cómo responde ante sus propios antecedentes.
La convocatoria para dirigir el Centro Universitario UAEM Tenancingo exige, entre otras condiciones, haberse distinguido profesionalmente y no haber recibido determinadas sanciones universitarias ni condenas por delitos cometidos intencionalmente.
Haber perdido un juicio o haber sido señalado en una investigación penal no significa, por sí solo, que García Velasco esté impedido legalmente para participar. Sin embargo, cumplir los requisitos para competir por un cargo no es lo mismo que ofrecer las explicaciones necesarias para generar confianza entre quienes serán dirigidos.
La dirección de un centro universitario supone tomar decisiones que afectan a estudiantes, docentes y trabajadores, intervenir en la administración de recursos públicos y representar a una comunidad académica. Por ello, la integridad, la responsabilidad y la disposición a rendir cuentas no son cuestiones menores.
En ese contexto, resulta pertinente preguntar qué explicación ofrece García Velasco sobre el pagaré, si cumplió con la resolución judicial y qué respuesta puede dar a quienes consideran que la transparencia debe comenzar por la propia conducta de quienes aspiran a ocupar un cargo de autoridad.
Estas preguntas no implican que haya cometido un delito ni que deba ser excluido de la elección. Se refieren a antecedentes documentados que pueden ser examinados públicamente y sobre los cuales el aspirante tiene derecho a ofrecer su versión.
A pocos días de que la comunidad universitaria acuda a votar, el caso plantea una cuestión que va más allá de las propuestas de campaña. No se trata solamente de conocer qué promete hacer Rómulo García Velasco si llega a la dirección, sino también qué explicaciones puede ofrecer hoy sobre hechos de su pasado que quedaron asentados en documentos judiciales.
La transparencia que propone para el futuro también puede comenzar por responder esas preguntas.
