La Auditoría Superior de la Federación confirmó el 9 de noviembre que investiga con informantes presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, un esquema que, de acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, acumuló contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025. El antecedente en el Estado de México está en el Instituto Electoral del Estado de México, que en 2005 adjudicó un contrato por 63.7 millones de pesos a Cartonera Plástica, empresa relacionada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Informantes, chats y videos, según la ASF
La ASF informó el 9 de noviembre que, por primera vez, trabaja directamente con informantes que buscan acogerse a su Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Al menos tres personas relacionadas con empresas proveedoras solicitaron incorporarse a ese programa.
Según la ASF, los informantes entregaron testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios y conversaciones de WhatsApp, además de nombres y alias de personas presuntamente involucradas. Con esa información, la Auditoría amplió sus indagatorias de oficio sobre un posible esquema de colusión entre empresas fachada, beneficiarios finales y servidores públicos, que habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer determinados intereses.
La ASF no nombró a las empresas, a sus dueños ni a los servidores públicos, y no precisó qué contratos, montos o ejercicios revisa en esta línea de investigación. Una investigación periodística de El Universal, basada en registros del Registro Público de Comercio, identificó siete compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
2 mil 740 millones y dos conteos distintos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno expuso el 5 de noviembre, en la conferencia matutina, que entre 2015 y 2023, 23 de los 32 OPLEs asignaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas vinculadas con los Hernández Casillas, y que entre 2024 y 2025 la misma red obtuvo otros 646.3 millones de pesos con 15 OPLEs. En total, las adjudicaciones identificadas suman 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025, según la dependencia, que aclaró que las cantidades pueden modificarse conforme avancen las auditorías, porque la información proviene de fuentes abiertas y no todos los contratos aparecen en las plataformas de transparencia.
Hay un segundo conteo, distinto, que no debe mezclarse con el anterior. El Órgano Interno de Control del INE informó ante la Cámara de Diputados que cinco empresas relacionadas entre sí recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025. Ese monto corresponde al conjunto de contratos identificados por el OIC en ese periodo, no a una cantidad determinada judicialmente como daño al erario.
El 6 de noviembre, el OIC del INE presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios, exfuncionarios y empresas, por la probable comisión de delitos como uso ilícito de atribuciones, tráfico de influencias y cohecho. Por separado, el INE presentó una denuncia contra quien resulte responsable, para que la FGR investigue posibles delitos en contratos y operaciones del organismo. La FGR deberá determinar si existen elementos suficientes y quiénes podrían tener responsabilidad. Hasta ahora no hay imputaciones penales concluyentes ni sanciones definitivas contra las siete empresas o las personas mencionadas.
La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electorales. La UIF se abstuvo de confirmar públicamente si la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, está entre las personas bloqueadas. Taddei dejó la presidencia del INE a finales de octubre de 2026.
El antecedente del IEEM en 2005 y lo que dice hoy
El punto de partida del esquema, según la investigación federal presentada por la Secretaría Anticorrupción, está en el Estado de México. Cartonera Plástica, relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, comenzó a participar como proveedora de material electoral en la entidad a finales de la década de 1990. El 15 de abril de 2005, el Consejo General del IEEM adjudicó los materiales a Cartonera Plástica por 63 millones 749 mil 177.06 pesos, con IVA, según el dictamen IEEM/LPN/10/2005.
La adjudicación estuvo rodeada de denuncias por presuntas irregularidades y sobornos. De acuerdo con la explicación presentada por el gobierno federal, el escándalo derivó en la renuncia de los siete consejeros electorales del IEEM. Esos señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades, pues no equivalen por sí mismos a una sentencia que acredite responsabilidades.
El IEEM vuelve a aparecer en la revisión actual por contratos recientes. Durante la elección judicial de 2025, el IEEM adjudicó directamente dos contratos por aproximadamente 16.9 millones de pesos a Cajas Graf, una de las empresas relacionadas con los Hernández Casillas. La consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, defendió la legalidad de esas adjudicaciones y dijo que respondieron a los plazos extraordinarios de la elección judicial. También dijo desconocer si alguna empresa vinculada con José Alfredo Hernández Casillas se vio beneficiada con algún contrato del IEEM, y aseguró que no existe ninguna empresa amarrada para la fabricación de material y papelería electoral para el proceso 2026-2027.
El Consejo General del IEEM emitió un posicionamiento para ofrecer apertura a la fiscalización y certeza en sus procesos adquisitivos, y determinó medidas más escrupulosas para revisar los procedimientos de adquisición de materiales y papelería electoral. La ASF continúa sus indagatorias para identificar a todas las personas que habrían participado en el presunto esquema, rastrear el destino final de los recursos públicos y determinar las responsabilidades correspondientes.
