La Fiscalía General de la República (FGR) cateó el despacho contable Armacont en Mérida, Yucatán, y la investigación alcanza a la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) por el parentesco de su dueño con el director de Administración y Finanzas de la universidad. Hasta ahora, la rectoría no ha emitido una postura formal sobre el caso.
De acuerdo con la FGR, el cateo se realizó el 19 de octubre de 2026 en las oficinas del fraccionamiento Del Arco, en Mérida, por orden de un juez federal, a solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La carpeta de investigación es FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-NL/0000923/2026.
El cateo del 19 de octubre, según la FGR
De acuerdo con la FGR, la investigación es por presunto lavado de dinero, delitos fiscales y falsificación de billetes. Las oficinas quedaron bajo sello de aseguramiento y, hasta el momento, no se ha informado oficialmente de personas detenidas en ese predio.
El despacho Armacont es propiedad de Luis Roberto Arcila Martínez, hermano de Carlos Enrique Arcila Martínez, director de Administración y Finanzas de la UPY.
El vínculo con la UPY, por ahora en una sola fuente
Tal como lo refirió 24 Horas, Carlos Enrique Arcila Martínez tiene bajo su mando el control de las arcas institucionales, la aprobación del padrón de contratistas y la facultad de otorgar adjudicaciones directas. Tal como lo refirió 24 Horas, también se le señalan un contrato de vigilancia de 1.68 millones de pesos anuales y un sueldo de 60 mil 485 pesos.
Tal como lo refirió 24 Horas, para el ejercicio fiscal 2026 la UPY recibió una partida presupuestal de 29 millones 810 mil pesos. No hay confirmación oficial de que se haya desviado o triangulado dinero público de la universidad, y ese punto sigue como señalamiento, no como hecho acreditado.
Silencio de la rectoría y lo que falta por aclarar
Tal como lo refirió 24 Horas, se solicitó una postura a la rectoría, a cargo de Aarón Rosado Castillo, y hasta el cierre no había respondido. La falta de una postura oficial deja sin respuesta si la universidad revisará los contratos y las adjudicaciones señaladas.
Lo que falta por aclarar es si existe algún contrato entre la UPY y Armacont o empresas relacionadas, qué dice la FGR sobre el avance de la carpeta y si la rectoría abrirá una revisión interna. Mientras eso no se acredite, el caso es una indagatoria federal con un cateo confirmado y un vínculo familiar documentado, no una acusación probada contra la universidad.
