En julio de 2025, la doctora en Ciencias Administrativas María Esther Aurora Contreras Lara Vega fue nombrada Encargada del Despacho de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Su presencia en la administración central la colocó en el corazón de la toma de decisiones estratégicas, en un cargo vinculado directamente con la planeación y la rendición de cuentas institucional. Lo paradójico es que su propio expediente revela un camino de ascensos salariales con vacíos documentales que contradicen el discurso de transparencia que la UAEMéx ostenta en actos públicos y reconocimientos nacionales.
La documentación oficial proporcionada por la UAEMéx, muestra que el 23 de septiembre de 1999, el Consejo Académico de la Facultad de Química, bajo la rectoría de Uriel Galicia Hernández, otorgó a Contreras Lara el nombramiento de profesora de tiempo completo categoría B mediante concurso de oposición. Muchos años después, el 3 de diciembre de 2021, la Secretaría de Docencia, entonces a cargo de Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes, le notificó su recategorización a profesora de tiempo completo categoría F. Hasta aquí, la historia parecería normal con un ascenso tras décadas de trayectoria. Sin embargo, los comprobantes de nómina de 2020 y 2021 demuestran que la académica con actividad administrativa ya cobraba como tiempo completo E antes de que existiera un oficio de recategorización. En 2020, cuando estaba adscrita a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, su nómina reflejaba un salario base de TCE, complementado con primas de antigüedad, material didáctico y ayudas diversas, sumando percepciones por $29,504 quincenales. Dicha categoría salarial tembién se presentó en 2021 segun documentos oficiales aportados por la propia UAEMéx, por lo que su salario base ascendió a $14,520.07.
El problema no está en los montos en sí, sino en que no existe constancia documental en su expediente que justifique el salto de la categoría B (1999) a la E (2020-2021). Y cuando en 2024 se solicitó vía transparencia (SAIMEX 00836/UAEM/IP/2024) la documentación correspondiente, la UAEMéx reconoció que en sus archivos solo obra el oficio de 2021 que la eleva a F. Es decir, la universidad no entregó evidencia de cómo, cuándo y bajo qué proceso accedió primero a la categoría E.
La transparencia ausente
Este hecho convierte el caso en un ejemplo claro de lo que en derecho administrativo se llama violación al principio de legalidad, que quiere decir que ningún servidor público puede recibir un beneficio económico si no existe un acto administrativo debidamente fundado y motivado que lo autorice. Además, la UAEMéx incumplió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, al no entregar documentos que resultan clave para entender un proceso de recategorización con impacto financiero.
Al no haber rastro documental del paso de B a E, y con nóminas que prueban que el pago sí existió, lo que queda es la imagen de una universidad que reconoce públicamente la transparencia, pero la niega hacia dentro cuando los ascensos benefician a funcionarios cercanos a la administración central.
Contreras Lara no es un caso aislado. Investigaciones previas de PrensaUniversitaria.press han documentado irregularidades similares en los ascensos de Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, Martha Olivia Cano Nava, Luis Parra Alva y María del Rosario Pérez Ugalde, así como otros servidores públicos que han recibido categorías salariales superiores sin concursos ni juicios de promoción. La repetición de este patrón sugiere un esquema institucionalizado de simulación que erosiona la confianza, genera inequidad entre los docentes y pone en entredicho el uso de los recursos públicos destinados a la educación.
En la UAEMéx, cada ascenso irregular es mucho más que un tema burocrático, ya que significa en principio derechos laborales vulnerados y oportunidades cerradas para cientos de profesores que nunca acceden a concursos reales, además recuso presupuestal mal administrado.
El caso de María Esther Aurora Contreras Lara Vega demuestra que la transparencia no se mide en los reconocimientos públicos que la universidad recibe, sino en la capacidad de rendir cuentas ante su propia comunidad.
La nueva Rectora, Patrícia Zarza Delgado, tiene frente a sí el reto histórico de romper con los esquemas discrecionales de ascenso salarial y garantizar procesos abiertos, documentados y verificables. Hacerlo no solo devolvería confianza a la comunidad académica, sino que honraría la misión universitaria de ser ejemplo de legalidad, justicia y transparencia para el Estado de México.
Esta nota es parte de la serie La puerta trasera hacia los salarios de élite en la UAEMéx, sobre ascensos irregulares y simulación. En próximas entregas se darán a conocer más casos documentados, así como transmisiones en vivo con Augusto López, director de PrensaUniversitaria.press, para analizar junto con la comunidad universitaria las implicaciones de este esquema de corrupción.
