A fin de establecer medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público de los poderes, dependencias, entidades y organismos autónomos para garantizar que el patrimonio y los recursos públicos se administren con legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas, la diputada Azucena Cisneros Coss, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, propuso a la 60 Legislatura la expedición de la Ley de Austeridad Republicana del Estado de México.
La iniciativa, explicó la legisladora, propone establecer la austeridad republicana como principio de actuación del gobierno y como un referente obligatorio que oriente la operación de los entes gubernamentales, a fin de que pongan en práctica medidas que mejoren el gasto público y hagan efectivo el control y la rendición de cuentas de los servidores públicos.
En sesión deliberante presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena), la diputada proponente puntualizó que ley planteada considera obligaciones que regulan aspectos sustantivos del servicio público, como son los relacionados con la realización de adquisiciones, la contratación de obras públicas, el establecimiento de límites a las percepciones, obligaciones de transparencia y la sanción por la comisión de faltas administrativas.
Además, continuó, contiene un conjunto de medidas de carácter obligatorio, como que ningún servidor público gane más que el titular del Ejecutivo; la restricción de la compra de vehículos de lujo para el traslado de servidores públicos y de la contratación de choferes al servicio de funcionarios de alto nivel; la prohibición del empleo de aeronaves para su traslado y de la remodelación ostentosa de oficinas; la eliminación de las pensiones para extitulares del poder Ejecutivo, así como el cierre de oficinas del gobierno del estado en el extranjero, entre otras.
“La política de austeridad en el Estado de México deberá partir de la realización de diagnósticos que permitan identificar áreas de oportunidad en las que sea susceptible generar ahorros y habrá de evaluarse mediante el cumplimiento de objetivos y la observación del desempeño de indicadores específicos”, subrayó.
En este sentido, agregó, se constituye el Comité de Evaluación, integrado por representantes de la Secretarías de Finanzas y de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el Órgano Superior de Fiscalización y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México; ese Comité deberá rendir un informe anual en el que se dé cuenta del cumplimiento de las medidas de austeridad implementadas y el destino de los recursos ahorrados.
Indicó que el acatamiento de las medidas de austeridad será observado por los órganos internos de control de cada ente público y, en caso de incumplimiento, será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
A sus compañeros legisladores, la diputada les recordó que la expectativa ciudadana con la cual arribó la nueva mayoría al Congreso no debe ser defraudada, por lo que la propuesta de la Ley de Austeridad estatal debe representar un punto de inflexión en la transformación de la vida pública de la entidad y, con su aprobación, se cumple con el mandato de cambio verdadero expresado en las urnas el año pasado.
Explicó que el gobierno federal, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, ha retomado el principio de austeridad de la república restaurada del siglo XIX, encabezada por Benito Juárez, para hacer más eficiente el gasto del gobierno y llevar más beneficios a la población más necesitada del país, por lo que recientemente se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana.
“Corresponde ahora a esta Legislatura mexiquense reivindicar la construcción de un nuevo paradigma en el funcionamiento de la burocracia alejada de la opulencia y el dispendio, de las prebendas y canonjías que la han caracterizado”, expresó.
Derivado de las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la propuesta de la legisladora también plantea actualizar la ley homóloga del estado para incluir, como faltas administrativas de carácter grave, las conductas relativas al nepotismo y la simulación de acto jurídico.
A propósito, la legisladora resaltó la inclusión de la obligación de observar una conducta que inhiba el conflicto de interés en las y los servidores públicos en cuanto a la atención de los asuntos a su cargo, por lo que para ello deberán separarse legalmente de los activos intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio imparcial y objetivo de sus responsabilidades públicas.
Asimismo, los servidores públicos comprendidos en los mandos superiores y que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.
Sobre la iniciativa, la legisladora Beatriz García Villegas, también de morena, manifestó que es un avance significativo para eliminar la desigualdad en el estado y demuestra que se está trabajando para la protección de los grupos vulnerables en consonancia con la ideología que encabeza Andrés Manuel López Obrador, e instó a los diputados a que la propuesta no se quede en comisiones para que se coadyuve con la política de austeridad.
Para su dictamen, la iniciativa fue turnada a las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas.
