Durante años, en la vida cotidiana de la Universidad Autónoma del Estado de México, ha existido un tema que gran parte de la comunidad universitaria conoce, pero que casi nunca se discute de forma abierta. No es un secreto formal ni un escándalo permanente. Es algo más complejo y profundo. Un sistema de inercias administrativas que, de manera continuada, ha generado desigualdades silenciosas dentro de la carrera académica, normalizando una distancia creciente entre el mérito verificable y los resultados laborales concretos, hasta integrarse como parte del paisaje institucional.
Por ello resulta significativo que la propuesta de reforma al Reglamento del Personal Académico de la UAEMéx no haya surgido desde sus máximos órganos de gobierno ni desde un órgano jurídico interno, sino desde el ejercicio del periodismo que impulsa PrensaUniversitaria.press. No como un gesto de confrontación, sino como un acto de presión pública legítima y como una llamada de atención sobre un problema que ha castigado durante años al sector académico y que continúa esperando una respuesta que verdaderamente garantice igualdad en la aspiración a los derechos laborales.
La historia que no está escrita en los reglamentos
No son pocas las universidades públicas del país en las que existe una tensión permanente entre el discurso del mérito académico y las realidades administrativas que terminan moldeando, en los hechos, la trayectoria profesional. En el caso universitario mexiquense, el problema nunca ha sido la ausencia total de reglas. El problema ha sido la existencia de zonas grises donde la simulación y la discrecionalidad administrativa se consolidaron como práctica estructural.
Concursos con baja competencia real, asignación de salarios de profesores de tiempo completo disfrazados de interinatos prolongados durante años, sistemas de puntaje con márgenes excesivamente amplios y trayectorias académicas sólidas que no siempre encuentran correspondencia en condiciones laborales dignas. Ninguno de estos elementos, visto de manera aislada, explica por sí solo la necesidad de una reforma profunda. Pero cuando se revela que se trata de un patrón y se observa en conjunto, con perspectiva histórica, resulta imperativo hacer algo al respecto.
El periodismo, cuando cumple su función social, no inventa problemas. Los documenta. Y cuando esa documentación se vuelve acumulativa, comienza a generar una presión institucional que ya no puede ignorarse sin costos en legitimidad y confianza.
Cuando el PRDI dejó de ser suficiente
El Plan Rector de Desarrollo Institucional vigente reconoce algo esencial. Reconoce que la transformación universitaria solo es posible si existen mecanismos reales de control, evaluación y vigilancia de la gestión institucional. Reconoce también que la dignificación del personal académico no es un complemento, sino una condición estructural del desarrollo universitario.
El problema nunca fue conceptual. El PRDI está sólidamente construido como horizonte institucional. El problema ha sido siempre el mismo. Cómo convertir una visión estratégica en mecanismos obligatorios que funcionen en la práctica cotidiana.
Ahí es donde aparece la propuesta de reforma que hoy se hace pública. No como una negación del PRDI, sino como un intento de dotarlo de operatividad real. La propuesta coloca sobre la mesa un punto históricamente incómodo. La idea de que los procesos académicos, sin interferir en su contenido disciplinario ni en la evaluación académica propiamente dicha, sí deben ser verificables en su dimensión administrativa.
La inclusión del Órgano Interno de Control como garante de la legalidad procedimental no representa una invasión académica. Es un blindaje institucional. En la práctica universitaria, el mayor riesgo de discrecionalidad no suele encontrarse en la evaluación académica técnica, sino en el procedimiento administrativo que la rodea. Ese matiz cambia por completo la discusión.
La dimensión humana y política del debate
Las reformas normativas profundas rara vez nacen desde la comodidad institucional. Nacen cuando la experiencia acumulada supera la capacidad de seguir normalizando un problema. Durante años, numerosos académicos observaron cómo trayectorias equivalentes no siempre producían resultados equivalentes. No necesariamente por mala fe individual, sino por inercia estructural, vacíos normativos y procedimientos amañados en los que la interpretación administrativa tenía más peso que la evidencia académica verificable.
El desgaste que produjo ese proceder institucional no fue inmediato. Fue lento, pero profundo. No se manifestó únicamente en escándalos aislados, sino en una desconfianza acumulativa que terminó erosionando la legitimidad interna. Y cuando la confianza institucional se deteriora de ese modo, el daño suele ser más difícil de reparar que cualquier conflicto abierto.
En este contexto, el hecho de que la propuesta de reforma haya sido entregada formalmente en la Rectoría de la UAEMéx el 29 de enero del año en curso adquiere un significado particular. No se trató de un gesto simbólico ni de una provocación mediática, sino de un acto institucional deliberado para colocar el debate donde debe resolverse, en el ámbito de la responsabilidad pública universitaria.
La dimensión política del momento es innegable. Que la propuesta surja desde el periodismo universitario independiente significa que el debate no fue abierto desde dentro de la estructura administrativa. Significa que alguien decidió abrirlo desde la observación pública documentada. Significa, también, que el problema ya no podía seguir tratándose únicamente en conversaciones privadas.
Ese origen abre una oportunidad histórica. Permite que la universidad decida si convierte una presión externa legítima en una reforma institucional madura, discutida y apropiada por la comunidad.
La posibilidad de que el sector académico conozca, analice y discuta la propuesta puede resultar incluso más transformadora que la reforma misma. Las reformas impuestas generan resistencia. Las reformas que se discuten generan apropiación. El propio PRDI reconoce que la transformación universitaria debe construirse desde el diálogo con la comunidad. Esa diferencia marca el paso entre una reforma que se tolera y una reforma que se defiende.
La discusión que hoy se abre ya no es si la reforma es incómoda o si es perfecta, porque ninguna lo es en su primera versión. La discusión real es si la universidad está dispuesta a construir una carrera académica donde el mérito sea verificable, defendible y auditable, y si el PRDI, en los puntos que atañen al tema aquí abordado, será solo un horizonte discursivo o un verdadero sistema operativo institucional.
Las universidades públicas se definen en momentos como este. No cuando todo está en calma, sino cuando alguien se atreve a nombrar lo que durante años se prefirió no nombrar. La presente propuesta de reforma puede aprobarse, modificarse o incluso archivarse, pero el debate que abrió ya no puede cerrarse sin dejar huella en la imagen de la institución ante la sociedad.
Hoy un problema añejo está sobre la mesa. Y cuando los problemas estructurales se vuelven visibles, la historia institucional deja de depender del silencio. Depende, inevitablemente, de las decisiones.
