Al señalar que los transportistas del Estado de México sí quieren atender las premisas de legalidad y regularización, la diputada María de Lourdes Garay Casillas, presidenta de la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático de la 60 Legislatura local, aseguró que diversas autoridades han pretendido controlar al transporte público como un botín político, lo que ha impedido a los prestadores de este servicio desarrollarse adecuadamente.
En el primer Foro Legislativo sobre Transporte y Movilidad, efectuado en el salón Benito Juárez del Poder Legislativo con el fin de escuchar las demandas y opiniones de los transportistas mexiquenses para legislar en la materia, la diputada Garay Casillas destacó que la movilidad es uno de los temas de mayor relevancia para los mexiquenses.
La legisladora destacó que a las autoridades del ramo “les ha quedado grande el concepto de movilidad” —que incluye tanto al transporte, como a los usuarios y a quienes se desplazan a pie o en cualquier tipo de vehículo—, pues no han sabido enfrentar los retos que representa, y advirtió que, si no pueden poner el interés público sobre sus intereses particulares, el fracaso de la movilidad en el Estado de México está por llegar en un corto plazo.
Explicó que este foro tiene el propósito de dar continuidad a los trabajos que en materia de transporte ha llevado a cabo la Legislatura y escuchar a los expertos sobre aspectos torales que afectan esta actividad, para buscar posibles soluciones y plasmarlas en iniciativas que establezcan nuevas reglas y mejores oportunidades y condiciones de trabajo para los transportistas.
La diputada Garay Casillas informó que este es el primero de una serie de foros que realizará para conocer y abordar los casos reales de transportistas que llevan años solicitando la regularización de sus empresas, y quienes por presión o hartazgo han tenido que abandonar esta actividad.
Resaltó que el tema será abordado nuevamente en el siguiente periodo ordinario de sesiones. “No permitiremos que se calle la voz de los transportistas para señalar deficiencias que creemos que se pueden corregir para vivir en un ambiente sano y de legalidad; el transportista requiere certeza jurídica y está dispuesto a trabajar en conjunto con las autoridades, pero con total independencia para sus empresas y sus finanzas”, aseguró.
Por su parte, Ernesto Vite Tello, Antonio Curi Celorio y Guillermo García Salmerón, presidente y asesores de la asociación Triple Alianza de Transportistas del Estado de México, advirtieron que se requiere un cambio profundo legislativo para atender la movilidad.
Coincidieron en que ese cambio debe atender necesariamente la dinámica de los tres órdenes de gobierno, con la creación de un órgano de enlace interinstitucional que actualmente no existe.
Dijo que es fundamental corregir el régimen de concesiones del Estado de México, porque se ha perpetuado desde el siglo pasado, y comentó que la concesión debe ser única, por persona, por sistema, por modalidad de servicio, por tiempo indefinido y sin tratamiento fiscal.
