El reciente logro de la Universidad de Guadalajara de avanzar hacia la llamada matrícula cero en programas de posgrado abre una discusión que tarde o temprano llegará a muchas universidades públicas del país. La idea es simple. Que estudiar una maestría o un doctorado no dependa del dinero disponible en el bolsillo del estudiante, sino de su talento y del interés académico.
Para entender la dimensión de esta medida conviene explicar qué significa exactamente matrícula cero en el caso de Guadalajara. Durante muchos años, como ocurre en la mayoría de las universidades públicas del país, los estudiantes debían pagar cuotas de inscripción o matrícula para cursar sus estudios. Aunque en muchos casos no eran montos elevados, para miles de estudiantes representaban una barrera real.
La política impulsada en Jalisco busca eliminar esa barrera. En términos prácticos significa que los estudiantes pueden cursar programas de posgrado sin pagar matrícula semestral o dicho de otra manera, su reinscripción. El costo que antes asumían los estudiantes ahora es cubierto por la propia universidad mediante fondos institucionales diseñados para ese propósito.
Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Forma parte de una transformación más amplia en la forma de financiar a la universidad. El estado de Jalisco aprobó un mecanismo de financiamiento que garantiza un presupuesto estable para la institución, lo que permite planear a largo plazo y sostener políticas de ampliación del acceso educativo.
Esa estrategia también tiene un objetivo académico. Al eliminar el pago de matrícula en posgrados, la universidad busca atraer estudiantes con talento de distintas regiones del país e incluso del extranjero. Esto fortalece la investigación científica, incrementa la producción académica y mejora el posicionamiento de la institución en redes universitarias internacionales.
En otras palabras, la gratuidad en posgrado no solo se entiende como una medida social. También es una inversión en conocimiento y desarrollo científico.
Cuando se observa esta experiencia desde el Estado de México surge inevitablemente una pregunta. ¿Podría aplicarse algo similar en la Universidad Autónoma del Estado de México?
Responder esa pregunta nos obliga a mirar el contexto institucional. La universidad mexiquense opera con un presupuesto anual de varios miles de millones de pesos financiado principalmente por subsidios estatales y federales. Además, como ocurre en muchas universidades públicas, cuenta con ingresos propios derivados de cuotas, servicios universitarios, proyectos académicos y otras actividades.
Esos recursos propios suelen verse como dinero adicional. Sin embargo, su naturaleza es muy clara. Una vez que ese dinero entra a la universidad deja de ser dinero privado o discrecional. Se convierte en patrimonio institucional. No pertenece al rector en turno ni a los funcionarios de una administración. Pertenece a la universidad y debe destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines educativos.
Por esa razón el debate sobre nuevas políticas como la matrícula cero también debe incluir otra discusión igual de importante. La transparencia en el manejo de los recursos universitarios.
Por citar solo un ejemplo, es pertinente recordar la investigación publicada por PrensaUniversitaria.press en la que se documentó el uso de tarjetas de débito empresariales vinculadas a cuentas de la UAEMéx durante la administración del exrector Jorge Olvera García. Los estados de cuenta analizados muestran cargos realizados por personas cercanas a la rectoría, entre ellas Aurora Guadalupe Herreros Ramiro, quien no tenía relación laboral o estudiantil con la Universidad.
Solo en dos meses de 2017 una de esas cuentas registró cargos por más de seiscientos cuarenta mil pesos en compras, no institucionales, realizadas en tiendas departamentales, restaurantes y galerías de arte. Esta cifra adquiere otra dimensión cuando se piensa que con un monto similar podría haberse cubierto la reinscripción de cientos de estudiantes.
Más allá del caso concreto, las preguntas relevantes son quién fiscaliza el uso de esos recursos o quién se resiste, y por qué, a que sean fiscalizados por el OIC.
Aquí aparece un vacío institucional que pocas veces se explica con claridad. El Órgano Interno de Control de la universidad tiene facultades para vigilar el uso de recursos públicos federales y estatales. Sin embargo, la legislación universitaria vigente no le otorga atribuciones claras para auditar de manera plena los recursos propios de la institución.
Esto significa que una parte importante del dinero que maneja la universidad puede quedar fuera del alcance directo de la fiscalización interna. En otras palabras, existe una zona financiera que no siempre cuenta con los mismos mecanismos de supervisión que los recursos públicos tradicionales.
Esta situación adquiere especial relevancia en el momento actual. La ley universitaria se encuentra en proceso de revisión y renovación. Ese proceso abre una oportunidad importante para corregir vacíos normativos que han limitado la capacidad de supervisión institucional.
Incorporar en la nueva legislación facultades explícitas para que el Órgano Interno de Control pueda auditar también los recursos propios fortalecería la rendición de cuentas y ayudaría a cerrar espacios de opacidad. Además enviaría un mensaje claro a la comunidad universitaria y a la sociedad. Cada peso que entra a la universidad debe ser administrado con responsabilidad y transparencia.
La experiencia de la Universidad de Guadalajara demuestra que avanzar hacia modelos de gratuidad universitaria es posible cuando existe respaldo financiero y voluntad política. Pero también demuestra algo más profundo. Las políticas que amplían derechos educativos requieren instituciones sólidas y confiables.
Para la Universidad Autónoma del Estado de México el debate sobre matrícula cero podría convertirse en una oportunidad más amplia. No solo para reflexionar sobre nuevas formas de financiamiento universitario, sino también para fortalecer sus mecanismos de transparencia y fiscalización.
Porque al final el verdadero debate no debe enfocarse únicamente en cuánto dinero necesita una universidad pública para avanzar notoriamente rumbo a la educación gratuita. La pregunta central es ¿Cómo garantizar que cada peso que entra a la universidad se utilice realmente para educar, investigar y servir a la sociedad?
Te puede interesar
