Para analizar la iniciativa de Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, de Planeación y Gasto Público y del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 60 Legislatura mexiquense recibieron a la secretaria del Trabajo del gobierno estatal, Martha Hilda González Calderón, y a los presidentes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, así como a un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
En presencia de los diputados Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Nazario Gutiérrez Martínez, presidente de la Directiva, el diputado presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 60 Legislatura estatal, Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT), reconoció la importancia de la iniciativa, ya que incluye la garantía de libertad sindical y sienta bases para democratizar a los sindicatos.
Luis Antonio Guadarrama agregó que esta plantea además el voto libre y secreto de los trabajadores en las elecciones de dirigentes gremiales, paridad de género en la constitución de sus organizaciones, libertad de afiliación, negociación colectiva de los contratos laborales, validación de la representatividad sindical y la obligación de transparentar la información de los sindicatos.
Guadarrama Sánchez también ponderó los avances en la instrumentación de la reforma laboral de 2017 promovida por el gobierno federal y en la cual se enmarca la iniciativa del gobernador Alfredo del Mazo, agregó que de aprobarse desaparecerían las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y se crearían los Centros de Conciliación Laboral, además de nuevos tribunales de justicia laboral sectorizados al Poder Judicial.
El legislador Valentín González Bautista (morena) apuntó que el tema es de especial importancia para su grupo parlamentario y que es bienvenida toda propuesta en favor de la defensa de los trabajadores.
Agregó que ante la necesidad de recursos para continuar la implementación de la reforma laboral en la entidad, seguramente los habrá si se adoptan medidas de austeridad. Después de señalar que las condiciones laborales actuales no difieren mucho de las que prevalecían en la época en que los derechos laborales se consagraron en la Constitución, preguntó cuántas empresas de outsourcing hay en la entidad, cuántos trabajadores tienen y cuántos contratos de manejan.
Cuestionó también por qué en la integración de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación no se considera una representación de los tres poderes, sino sólo del Ejecutivo; se refirió también a la situación laboral de los ayuntamientos, en especial el de Nezahualcóyotl.
Por el PRI, la legisladora María Mercedes Colín Guadarrama destacó que la entidad está entre las primeras diez del país que han adoptado esta legislación, expresó que es necesario que los trabajadores tengan certeza jurídica en sus diferendos con los patrones y planteó que la conciliación permitirá al trabajador acceder a una justicia retributiva real. Consultó si el presupuesto del próximo año será suficiente para llevar a cabo esta tarea.
Su compañero de bancada Juan Jaffet Millán Márquez expresó que es oportuna la iniciativa cuyo principio básico, la mediación, es tendencia mundial. Resaltó que se inscribe en el marco de los tratados internacionales a los que se ha adherido México que incluyen apartados con el tema laboral. Con esta iniciativa se da certeza a la inversión extranjera y la creación de empleos, enfatizó.
Presente también en la reunión, el legislador del PT Sergio García Sosa celebró igualmente la propuesta de reforma, ya que, dijo, se cumple con la obligación de armonizar la legislación local con la federal y, con la creación de los citados centros, se aligera la carga que hoy tienen las juntas. Agregó que en el ámbito laboral sí es posible resolver conflictos con la mediación o la conciliación.
Para María de Lourdes Garay Casillas, del PES, será necesario vigilar la actuación de los servidores públicos de estos centros y los tribunales, porque si antes no fueron sensibles a las demandas de los trabajadores no hay razón para pensar que ahora lo serán solo porque fueron capacitados. Expuso que el titular del centro no sea designado por el gobernador, sino por la Legislatura de una terna propuesta por él.
A los cuestionamientos de los legisladores, la secretaria Martha Hilda González respondió que los mediadores serán seleccionados por concurso público y de entre quienes cumplan con los requisitos de experiencia, capacitación y profesionalismo. Dijo también que prevén un presupuesto de 200 millones de pesos en 2019 para continuar con estos trabajos. Admitió que el tema del outsourcing sí es un reto para el país y la entidad que requiere discutirse, y afirmó que los sindicatos que no son representativos no sólo perjudican al trabajador, sino a la propia empresa.
Afirmó que el gobernador respalda por completo la iniciativa y que su administración no teme a la libertad sindical, al tiempo que pidió a los legisladores que vigilen el proceso para llevar a cabo la reforma.
Por el Poder Judicial, Gerardo de la Peña Gutiérrez, integrante del Consejo de la Judicatura, explicó que a ellos corresponde en esta reforma integrar los nuevos tribunales de justicia laboral, y adelantó requerimientos por 247 millones de pesos en el presupuesto del próximo año para esta tarea. Agregó que en este Poder se trabaja desde hace un año en su implementación.
Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, su presidente, Gerardo Becker Ania, llamó la atención sobre los 400 mil servidores públicos de la entidad, muchos de los cuales también entablan demandas laborales y a quienes debe prestárseles atención de calidad.
Sara Dávila Sánchez, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, expuso que los mediadores no actuarán a discreción, pues también habrá un Consejo Federal de Vigilancia. Por su parte, Julio César Vanegas Guzmán precisó que con los centros de conciliación se velaría también por el interés de las familias de los trabajadores y se promovería la paz laboral en la entidad.
