Establecer el acoso laboral como causal de recisión del contrato de trabajo, avalaron las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 60 Legislatura mexiquense, a fin de contrarrestar y erradicar los actos que atentan y vulneran la dignidad humana en el ámbito laboral del servicio público.
En sesión de dictamen para calificar la iniciativa presentada en su oportunidad por el Grupo Parlamentario del PRD, que coordina el diputado Omar Ortega Álvarez, los integrantes de las comisiones acordaron que el acoso laboral, en el cual pueden incurrir tanto el superior jerárquico como los trabajadores mismos, es la conducta que se presenta dentro de una relación de trabajo con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a una persona con el fin de excluirla de la organización.
El acoso, asentaron, puede también buscar satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir, controlar o destruir a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, en contra de algún empleado o del jefe mismo.
De igual manera se considerará acoso la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, una excesiva carga de trabajos y cualquier otra conducta similar o análoga que atente contra la dignidad del trabajador.
Durante la reunión que presidió el diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT), en la cual se aprobó la modificación de los artículos 93 y 95 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, la legisladora Violeta Nova Gómez (morena) pidió precisar la propuesta dado que la redacción inicial podría duplicar el concepto de acoso laboral como causal de recisión del contrato en la misma norma.
Al aceptar esta observación y sumarse a ella, Omar Ortega señaló que el término ‘acoso laboral’ se suma al de discriminación y hostigamiento sexual como formas de violencia laboral.
Para el PRI, mediante la diputada Maribel Martínez Altamirano, la iniciativa es bienvenida porque abona a la generación de un servicio público eficiente, pues mejorar las condiciones laborales repercutirá en mayor eficiencia en las actividades que el Estado confía y encomienda a los servidores públicos.
Por el PAN, la legisladora Ingrid Krasopani Schemelenski Castro, quien adelantó que su bancada se suma a la propuesta, dijo que es urgente crear un régimen que proporcione más seguridad y protección de los derechos de los servidores y así generar un ambiente laboral que erradique el acoso.
La diputada del PES María de Lourdes Garay Casillas celebró la propuesta, ya que se trata de un fenómeno que prácticamente todos los mexicanos lo han padecido en algún momento. Añadió que provoca depresión, ansiedad y desorden de estrés postraumático, que a su vez son cusa de ausentismo, abandono del trabajo y accidentes.
De morena, el diputado Benigno Martínez García dijo que con esta aprobación la Legislatura confirma su interés en mantener y respetar los derechos humanos y constitucionales de los trabajadores.
El decreto fue turnado a la Directiva para su programación ante el Pleno.
