La 60 Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad calificar como delito grave el robo en transporte público colectivo y agravar las penalidades de 12 a 18 años de prisión (que actualmente van de 9 a 15 años), propuesta que conjuntó las iniciativas presentadas por los diputados Rosa María Zetina González, en nombre de morena, y Brenda Escamilla Sámano y José Antonio García García, en nombre del PAN.
El dictamen prevé que será delito grave el robo en transporte público de pasajeros en sus diversas clases y modalidades, así como en transporte de personal, de turismo o escolar y cuando se cometa contra dos o más sujetos pasivos y contra mujeres, menores, adolescentes y adultos mayores. En calidad de delito grave, los imputados no podrán enfrentar el proceso en libertad.
El documento, leído ante el Pleno legislativo por el diputado José Antonio García, señala que en el primer cuatrimestre del año la entidad ocupó el segundo lugar entre las entidades más violentas, con 906 asesinatos, y los primeros sitios en delitos como robo a transportistas, robo a motocicletas, robo a vehículos automotores, robo a casa habitación y robo a transporte público colectivo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El SESNSP detalla que de los 6 mil 650 asaltos en transporte público denunciados en ese lapso en el país, 3 mil 47 (46.7%) ocurrieron en el Estado de México, lo cual ubicó a la entidad en el primer lugar nacional.
Dijo que el robo en el transporte público es uno de los crímenes más frecuentes y que “se trata de un tipo de delito muy sensible para la población que durante sus trayectos cotidianos ve afectado su patrimonio e integridad física, lo que, además de generar una molestia social, incrementa la percepción de inseguridad en la zona donde se registran los robos”, explica el dictamen, por lo que se indica que las propuestas legislativas conjuntadas ayudarán a combatir esa conducta antisocial.
Las dos iniciativas fueron analizadas por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública y Tránsito, las cuales emitieron un dictamen conjunto para reformar los artículos 9 y 290 fracción XVIII primer párrafo del Código Penal del Estado de México.
