En nombre de los diputados de morena, el diputado Camilo Murillo Zavala solicitó al titular del Ejecutivo estatal que escuche y atienda las peticiones e inquietudes de las y los mexiquenses inconformes por el alza a las tarifas del transporte público de pasajeros.
Lo anterior, al exponer un pronunciamiento sobre los daños ocasionados a las instalaciones del Poder Legislativo, “propiedad de todas y todos los mexiquenses, cometidos el 13 de febrero del presente año, que, si bien no se justifican, derivan de la falta de atención del Ejecutivo del estado ante la inconformidad ciudadana por el alza a las tarifas del transporte público”.
Por lo anterior, los legisladores de morena, acotó Murillo Zavala, “rechazamos la falta de atención a la ciudadanía por parte del Gobierno del Estado de México y se solicita al titular del Ejecutivo que escuche las peticiones e inquietudes de las y los mexiquenses”.
Al dar lectura al pronunciamiento, recordó que “el pasado 13 de febrero del año en curso, un grupo de estudiantes se manifestó en frente del recinto legislativo, inconformes por el aumento a la tarifa al transporte público en la entidad; desafortunadamente, la manifestación se tornó en un acto de violencia, resultando afectado el edificio del Poder Legislativo, el cual fue grafiteado y salpicado con pintura”.
Señaló que “las acciones de las y los estudiantes no se justifican debido a que el aumento de la tarifa del transporte público no fue una decisión ni una política establecida por el Poder Legislativo; como es sabido es una determinación del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Movilidad del gobierno del estado”.
En este sentido, acotó que “ningún acto de violencia y que implique un daño total o parcial a los edificios de gobierno se encuentra justificado por tratarse de inmuebles que pertenecen al pueblo mexiquense”.
El legislador dijo que el derecho a manifestarse está protegido tanto por el derecho a la libertad de expresión como por el derecho a la libertad de reunión, y que en México “este derecho lo encontramos plasmado en nuestra Constitución Política”.
Pero planteó también que, aunque “no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad”, no deben expresarse injurias contra ésta ni hacer uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
