Las Comisiones Unidas de Atención al Migrante y de Atención Grupos Vulnerables aprobaron que la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México dé aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos del Estados de México y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México sobre el registro de niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentren en nuestra entidad, a efecto de que coadyuven en garantizar y proteger sus derechos.
En reunión realizada conforme a las medidas adoptadas por la 60 Legislatura para evitar contagios por el COVID-19, con la presidencia de la legisladora Karla Leticia Fiesco García, las comisiones acordaron modificar el artículo 8 de la Ley de Atención al Migrante conforme a la iniciativa propuesta por la legisladora Xóchitl Flores García, del Grupo Parlamentario de morena.
Se trata de incrementar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de la movilidad humana, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria, explica el dictamen respectivo.
De acuerdo con el documento, que será programado para su presentación ante el Pleno para su calificación definitiva, existen diversos factores que incentivan la migración, un fenómeno que va creciendo día con día, y agrega que en años recientes se han observado cambios en la composición de flujos de personas en situación migratoria que se originan y transitan regularmente por México.
En este contexto, abunda, los menores de edad han cobrado importancia como actores emergentes de los procesos migratorios que han manifestado situaciones de crisis humanitaria, profundizada con el notable incremento de la presencia de miles de niñas, niños y adolescentes en los flujos migratorios irregulares que se dirigen a Estados Unidos procedentes de los países centroamericanos, en especial del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y de México.
Con esta reforma, detalla, se robustece el andamiaje jurídico para proteger los derechos de los menores migrantes que son el sector más vulnerable en esta materia: “Son susceptibles de abusos en su persona por las autoridades y la delincuencia organizada y son objetivo para el reclutamiento y adiestramiento para delinquir, ya que no tienen la misma carga de punibilidad que un adulto”.
