A fin de que el Ministerio Público pueda solicitar información al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a la Dirección General del Registro Civil del Estado de México sobre antecedentes de quien tenga la calidad de acreedor alimentario, en caso de que un deudor alimentario no cumpla con sus obligaciones, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la 60 Legislatura aprobaron la iniciativa presentada por el diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario de morena.
La iniciativa, que reforma el párrafo segundo del artículo 217 del Código Penal del Estado de México, y que reconoce como necesario que el Ministerio Público se allegue de todos los medios probatorios o de convicción para integrar la carpeta de investigación derivada del incumplimiento de obligaciones, fue aprobada por unanimidad de votos.
El diputado Sergio García Sosa (PT), presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, a quien correspondió leer el dictamen emitido por las comisiones unidas, destacó la importancia de dotar a las autoridades de herramientas para que puedan garantizar el derecho de los acreedores a recibir alimentos.
La legisladora Beatriz García Villegas (morena) reconoció como una obligación de los legisladores dotar de más elementos a los organismos del Estado para sancionar a quienes dejan sin alimentos a aquellos que se encuentran bajo su responsabilidad, ya sean sus hijos, padres o cónyuges.
También de esta bancada, el diputado Max Agustín Correa Hernández aseguró que la propuesta robustece la protección de un bien jurídico de gran importancia, como lo es la supervivencia de una persona, sobre todo cuando se trata de menores o de adultos mayores con discapacidad, y resaltó que el Ministerio Público tendrá la obligación de solicitar información de quien tenga la calidad de acreedor alimentario, por tratarse de posibles beneficiarios, y con ello determinar si existen más pasivos del delito.
Su compañero Mario Gabriel Gutiérrez Cureño planteó que la evasión de la responsabilidad alimentaria genera problemas sociales graves, por lo que celebró la propuesta que, informó, se vincula con otra que está trabajando para que las personas que se compruebe que son deudores alimentarios no puedan ser candidatos a cargos de elección popular. “La clase política debe ser ejemplo de los que estamos impulsando”, añadió.
También de morena, el diputado Margarito González Morales detalló que los deudores alimentarios no solo transgreden la ley, sino que también incurren en delitos graves, pues dejan a los acreedores en estado de indefensión, especialmente en aquellos casos en que los menores tienen problemas de salud o se encuentran, incluso, en riesgo de perder la vida, por lo que aseguró que la iniciativa fortalece los derechos humanos no solo de las y los menores, sino también de adultos mayores y personas con discapacidad.
Del PRI, la diputada María Lorena Marín Moreno afirmó que es fundamental brindar la más amplia protección jurídica a la familia, ya que es la célula del tejido social donde nacen, crecen y se educan las nuevas generaciones, razón por la que se sumó a la propuesta, igual que la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN), quien advirtió que cada vez son más los deudores alimentarios, pues de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, tres de cada cuatro niños de padres separados no reciben pensión, y un tercio de las mujeres en el país son madres solteras, de las cuales 68% no tienen apoyo económico de los padres de sus hijos, esto según el INEGI.
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM, manifestó que la iniciativa se traduce en una herramienta para cerrar las lagunas del marco jurídico y para que no existan pretextos para respetar la garantía constitucional de recibir alimentos, aspecto en el que coincidió el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada del PRD, quien consideró que es obligación de los legisladores brindar seguridad y certeza jurídica y dotar de instrumentos a los ciudadanos para hacerles valer sus derechos.
