La 60 Legislatura del Estado de México exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar una carpeta de investigación en contra de Jesús Murillo Karam, procurador General de la República (PGR) durante la administración de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2015, por delitos cometidos contra la administración de la justicia en el marco de las investigaciones a su cargo en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Lo anterior, en atención al punto de acuerdo presentado por el diputado Tanech Sánchez Ángeles, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, el cual destaca el constante reclamo popular de que se castigue a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas y a quienes participaron de manera deliberada en el engaño para dar carpetazo a uno de los crímenes más dolorosos en la historia del país, violentado el derecho de acceso a la justicia.
Al leer la propuesta ante el Pleno, el legislador afirmó que la actuación irregular y la abierta manipulación de la investigación para cerrar apresuradamente el caso, a cargo del Estado mexicano durante la administración de Peña Nieto, han quedado acreditadas, ya que las recientes investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa de la FGR derriban aquellas aseveraciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes, luego del hallazgo de los restos de uno de ellos en la barranca de la Carnicería, en el municipio de Cocula, a 800 metros del basurero local.
El Fiscal Especial Omar Gómez Trejo, detalló el legislador, insistió en que ese hallazgo ocurrió en una zona distinta del basurero de Cocula, un sitio clave de la investigación de la anterior administración federal, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en ese lugar.
El punto de acuerdo, aprobado por mayoría de votos, recuerda que el 26 de septiembre de 2014 desaparecieron de manera forzada 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, quienes se encontraban de paso por el municipio de Iguala, Guerrero, con el objetivo de reunir recursos para llegar a la Ciudad de México para sumarse a las movilizaciones estudiantiles con motivo del genocidio perpetrado por el Estado Mexicano el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
Como resultado de las investigaciones realizadas por la PGR, abunda, su titular Jesús Murillo Karam presentó el 7 de noviembre de 2014 los avances de las investigaciones realizadas, y con ello su hipótesis de que los normalistas fueron asesinados y calcinados, hechos a los denominó como “la verdad histórica”.
En razón de lo anterior, afirmó el legislador, la “verdad histórica” fue construida con la intención de negar el acceso a la justica de los familiares de las víctimas y encubrir a los verdaderos responsables de la desaparición forzada de los 43, para salir del paso ante el problema político e internacional que se gestó a partir del reclamo de justicia del pueblo mexicano en solidaridad con los familiares de los normalistas.
Finalmente, el diputado aseguró que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento irrestricto del orden constitucional y de los instrumentos internaciones de los que forma parte, dentro de los que se encuentran la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, razón por la que se debe investigar la actuación de Murillo Karam.
Para enriquecer el exhorto, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro propuso, en nombre de la bancada del PAN, que el exhorto se amplíe de tal modo que el esclarecimiento de los actos ilícitos incluya a quien o a quienes resulten culpables y no se limite a un solo responsable, así como tampoco a la investigación de un solo probable delito, que es el de la administración de justicia, propuesta que, al ser votada en lo particular, fue rechazada.
