Garantizar el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en la Ley de Amnistía del Estado de México, así como la no criminalización y la reinserción social a las personas privadas de su libertad injustamente, son algunas de las peticiones que representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y de asociaciones civiles en la materia hicieron a las y los diputados de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos de la 60 Legislatura durante el análisis de las propuestas para la expedición de esta ley.
Las cuatro iniciativas analizadas en esta reunión —que se realizó a distancia y en el formato de Parlamento Abierto—, son la presentada por los diputados Max Correa Hernández, Mariana Uribe Bernal, Gerardo Ulloa Pérez, y Liliana Gollas Trejo, en nombre del Grupo Parlamentario de morena; la del diputado Armando Bautista Gómez, en nombre de la bancada del PT; una más presentada por los integrantes del PRD, y la propuesta del ciudadano José Humbertus Pérez Espinoza.
En la reunión, encabezada por el legislador Sergio García Sosa (PT), el diputado Max Correa destacó que esta ley pretende coadyuvar a la reconciliación de la sociedad con las instituciones de impartición de justicia, ante los errores cometidos. Preguntó también por la viabilidad de ampliar el catálogo de delitos para incluir algunos graves, luego de ser analizados a detalle.
El diputado Gerardo Ulloa cuestionó las acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para sistematizar adecuadamente esta ley y sobre el apoyo de la Codhem para la adecuada reinserción a la sociedad de las personas a quienes se les otorgue amnistía; la diputada Mariana Uribe Bernal preguntó por las acciones de la Fiscalía para evitar la discriminación y ejecutar una real impartición de justicia, reivindicando su labor ante la sociedad, luego de la creación de falsos culpables.
La legisladora Alicia Mercado Moreno, también de morena, preguntó a los especialistas si se podría incluir un esquema de reinserción social específico para esta iniciativa de ley, al externar su preocupación de que se considere solo de forma transitoria, mientras que la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM, cuestionó si la ley no viola los principios generales del proceso penal, como el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, la reparación del daño y que el culpable no quede impune.
En nombre del fiscal general de Justicia Alejandro Jaime Gómez Sánchez, el fiscal central jurídico de la FGJEM, Fernando Cárdenas Uribe, pidió ser cuidadosos para que la ley de amnistía no limite los derechos de las víctimas y no invada esferas del Congreso de la Unión; recordó que la amnistía es para actos pasados, por lo que sugirió que no se vea como un instrumento para hechos futuros, y dijo que las hipótesis que se planteen puedan ser efectivas en la práctica delimitando correctamente las funciones de las autoridades y los mecanismos de acceso a ella.
Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dijo que esta ley no debe criminalizar ni estigmatizar. Recordó que en tiempos de crisis no se puede olvidar a quienes enfrentan el encarcelamiento, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Habló también de la importancia de que se garantice la reinserción social a quienes se les otorgue la amnistía, mediante un modelo con mecanismos de apoyo en el exterior, en los sectores laboral y económico.
Como representante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fabiola Vite Torres pidió que no se criminalice la defensa de los derechos humanos y expuso que es necesaria una comisión especial de seguimiento a la ley en la que participen organizaciones y organismos de defensa de los derechos humanos. Afirmó que el encarcelamiento injusto de personas es una problemática estructural, por lo que pidió dudar de la impartición de justicia y no solo de la inocencia de aquellos a quienes se pretende liberar, y ver a esta ley solamente como un paliativo y no como la solución a dicho problema.
Ángeles Bravo, del Frente Nacional por la Familia, coincidió en la importancia de que no haya más personas injustamente privadas de su libertad, ya que las cárceles son un lugar de extrema indefensión. Planteó que quienes se encuentran encarcelados por errores judiciales o ministeriales “no necesitan perdón, sino justicia”, así como ser regresados a la sociedad y que se les otorgue un trato justo, por lo que se precisan alternativas jurídicas y de estrategias de reintegración y de reinserción social.
Yasmín Flores Zarraga, abogada litigante en juicios orales en materia penal, sugirió que la Ley de Amnistía garantice los derechos de las víctimas y la reparación del daño para no violentar los derechos de ninguna de las partes; propuso también la existencia de una comisión reguladora, externa a la Fiscalía y al Poder Judicial, respeto a los derechos humanos y a la perspectiva de género y cambiar la política criminal, encaminándola a la prevención del delito.
La integrante de la asociación civil Haz Valer mi Libertad y hermana de Daniel Plácido Arroyo (injustamente preso), Lady Plácido señaló que casos similares a los de su hermano tienen como constante que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, que se les mantuvo incomunicados durante varios días, que fueron torturados y sentenciados sin pruebas suficientes, razón por la que, insistió, “exigimos justicia y una Ley de Amnistía que sirva, con perspectiva de derechos humanos”.
Finalmente, Óscar Hernández Neri (encarcelado luego de ser acusado injustamente de homicidio) pidió que su experiencia ayude a replantear que los delitos graves no sean beneficiados con la amnistía, y aseguró que las autoridades judiciales cometen errores, lo que es razón suficiente para que exista una ley en esta materia.
