Las terapias de conversión por orientación sexual vulneran los derechos de las personas, específicamente de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), coincidieron integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y Para la Igualdad de Género de la 60 Legislatura mexiquense.
Al iniciar el análisis de la iniciativa de la diputada de Morena Beatriz García Villegas para reformar el artículo 211 del Código Penal del Estado de México, a fin de prohibir y sancionar con hasta tres años de prisión las terapias de conversión por orientación sexual, expresión o identidad de género, las y los legisladores consideraron aumentar la penalidad y no perseguir a quienes se sometan a estos tratamientos por voluntad propia.
La diputada Beatriz García explicó que esta terapias, discriminatorias y generalmente clandestinas, consisten en tratamientos psicológicos y psiquiátricos donde usualmente se emplea violencia física, psico-emocional o sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra la dignidad de las personas y transgreden derechos humanos.
Las legisladoras Alicia Mercado Moreno y Karina Labastida Sotelo, ambas de Morena, señalaron que estas terapias representan una amenaza grave para la salud y pidieron que también se modifiquen las leyes de Salud y de Educación, mientras que María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) e Imelda López Montiel (PT) señalaron que también se sancione cuando el tratamiento sea inducido por profesionales de salud y que la iniciativa garantice respeto a todas las personas.
En tanto que los diputados Gerardo Ulloa Pérez, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño y Julio Alfonso Hernández Ramírez indicaron que el Senado analiza sancionar con hasta seis años de prisión a quien realice estas prácticas, que no se persiga a quienes las utilicen de forma voluntaria y que se priorice el incremento de las libertades y los derechos de la comunidad LGBTTTIQ, respectivamente.
Del PRI, el diputado Juan Maccise Naime propuso especificar la naturaleza y significado de los tratamientos, para que no existan obstáculos normativos en su aplicación, y del PAN, José Antonio García García advirtió que la reforma podría generar arbitrariedad en su aplicación, y atentar contra el derecho de los individuos de escoger el tratamiento que le sea conveniente.
La diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dio a conocer que continuarán los trabajos en la mesa técnica, en presencia de representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
