El pago del servicio de la deuda pública también debe ser auditada.
Por unanimidad, la LX Legislatura del Estado de México exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión a que se suspenda el pago del servicio de la deuda pública, por lo menos durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022, para invertir esos recursos en reactivar la economía de manera sustentable, con justicia social, sentido democrático y en una dinámica de la que nadie quede desprotegido por su gobierno ante la pandemia por el covid-19.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Max Correa Hernández, en nombre del grupo parlamentario de Morena, al considerar que la crisis económica que han resentido los países en los últimos años se ha profundizado por los efectos de la pandemia.
El legislador explicó que si se dejara de pagar por dos años el servicio de la deuda pública, que asciende a poco más de 1.4 billones de pesos, México tendría los recursos suficientes para aumentar en más del doble el gasto en los programas sociales, para la salud, la educación, la cultura, la ciencia, el arte y el deporte; incrementar la inversión productiva tanto en la industria como en el campo; apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, o incluso para establecer la Renta Básica Universal que algunos demandan.
El diputado aclaró que además suspenderse el pago del servicio de la deuda pública que aqueja al país, también debe ser auditada, a fin de saber en qué términos se contrajo, para qué fue solicitada y en que se gastó, además de que la moratoria del pago de la deuda pública debería ser decidida por el pueblo mexicano mediante una consulta popular.
Agregó que la bancada de Morena respalda las dos propuestas del presidente de México de quitar montos de la deuda y del pago del servicio de esta a naciones pobres y garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las vigentes en países desarrollados.
El legislador compartió que la Deuda Pública Neta Total, medida por el llamado Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que incluye la deuda pública interna y externa, más los pagos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB, antes Fobaproa), el rescate carretero y los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), han aumentado, de 10.5 billones de pesos en diciembre de 2018, a 12.6 billones de pesos a diciembre de 2020, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual equivale a un incremento de 20%.
