Comisiones Unidas del Congreso estatal aprobaron reformas para prohibir el castigo corporal y humillante dentro de las obligaciones de quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes en el Estado de México.
Para ello, aprobaron la iniciativa presentada por la diputada Karina Labastida Sotelo, en nombre del grupo parlamentario de Morena, así como la que presentó el grupo parlamentario del PRD, integrado por el diputado Omar Ortega Álvarez, y las legisladoras Araceli Casasola Salazar y Claudia González Cerón.
En sesión de dictamen, las y los integrantes de la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables y la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición destacaron la oportunidad de estas reformas que pretenden proteger la infancia mexiquense de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación comercial o sexual.
De acuerdo con el dictamen, el Comité de los Derechos del Niño identifica el castigo corporal o físico como los golpes consistentes en manotazos, bofetadas, palizas, con la mano o con objetos, pellizcos y mordidas, hasta quemaduras o castigos en los que se menosprecia, se humilla, se denigra, se amenaza o se ridiculiza a los infantes.
Con las reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes también se establecen, en la Ley de Educación, acciones para promover una educación positiva y no violenta, además de que se reforman disposiciones del Código Civil del Estado de México que permitián el derecho de corrección.
Las reformas establecen la necesidad de instaurar programas sociales que proporcionen la asistencia necesaria a infantes y a quienes cuidan de ellos, así como para la identificación, remisión a una institución, tratamiento y observación de los casos de malos tratos al niño y, según corresponda, solicitar la intervención judicial.
Para ello, las autoridades estatales encargadas de la atención y protección a las víctimas darán prioridad a las niñas, niños y adolescentes, en su calidad de víctimas, mientras que las municipales establecerán unidades de primer contacto para estos casos.
Durante la deliberación, la legisladora Karina Labastida, presidenta de las Comisiones Unidas, agradeció las propuestas para enriquecer estas iniciativas, de las diputadas Alicia Mercado Moreno, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y de Juliana Felipa Arias Calderón, así como como de la Comisión de Derechos Humanos, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD.
Las diputadas Juliana Arias, Brenda Escamilla Sámano (PAN), Mariana Uribe Bernal (Morena) y Brenda Aguilar Zamora (PRI), señalaron que esta reforma garantiza que las nuevas generaciones no repliquen la violencia contra otros seres humanos, que la violencia y agresiones se incrementaron durante el confinamiento, que muchos casos aún no se denuncian por miedo a padres o madres, y que la protección de los derechos de la infancia debe ser actualizada de forma permanente.
