El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local cuestionó el uso proselitista del programa Salario Rosa y que se concentre mayoritariamente en solo ocho municipios, mientras que el PRI destacó que el gobierno destina 70% de su presupuesto programable al desarrollo social y sus programas no son diferentes a los del gobierno federal.
Asimismo, el PAN expresó su postura de pasar de programas asistencialistas a modelos de desarrollo y el PVEM y Movimiento Ciudadano (MC) apuntaron el presunto uso electoral del Salario Rosa.
Durante la comparecencia del secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, el diputado morenista Jorge García Sánchez cuestionó la relación costo-beneficio del Salario Rosa y que su aplicación no es igual para las y los mexiquenses, además de pedir que se aplique pena de prisión a quien condicione los programas gubernamentales de naturaleza social. También, preguntó sobre el proceso de incorporación de la población a este y otros programas sociales y por qué el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas regresó 53% de su presupuesto cuando la atención a grupos originarios es prioritaria.
También de Morena, la diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores dijo que el Salario Rosa solo sirve para promover la imagen personal del gobernador en redes sociales y que son políticas proselitistas, además de preguntar sobre la fiscalización a las y los gestores sociales para comprobar que en realidad lleguen los apoyos a quienes más lo necesitan.
Del PRI, la legisladora Gretel González Aguirre afirmó que el salario rosa beneficia a más de 465 mil mujeres y está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y que sus acciones no son clientelares, al igual que los programas del gobierno federal, además de solicitar al secretario ampliar la información sobre la estrategia de combate a la pobreza en la actual administración estatal.
También del PRI, la diputada Aurora González Ledezma destacó la consolidación del programa Familias Fuertes y resaltó que la demanda de programas es elevada y que el gobierno de Alfredo del Mazo cumple en esta materia, además de consultar por las acciones para revertir los efectos de la pandemia y para proteger el bienestar de las personas más necesitadas.
La legisladora Miriam Escalona Piña (PAN) se pronunció por la transición de un modelo asistencialista a uno de desarrollo social y llamó a generar acciones para fortalecer a los sistemas familiares y evitar la opacidad en la operación de los programas sociales para evitar que desaparezcan.
En nombre del PRD, la legisladora María Elida Castelán Mondragón expresó su preocupación por los efectos de la pandemia, que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, causarán un retroceso de diez años en la lucha contra la pobreza y preguntó sobre las acciones contra la desnutrición y la obesidad, en apoyo a la juventud y por una vivienda digna.
Del PT, la legisladora Trinidad Franco Arpero llamó la atención sobre las condiciones que enfrentan y los apoyos que requieren más de un millón 200 mil madres solteras mexiquenses, así como los casi tres millones de personas que presentan alguna discapacidad.
La legisladora María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora parlamentaria del PVEM, recordó que el OSFEM reportó, el pasado mes de julio, observaciones por mil 500 millones de pesos a esta Secretaría, encontrando incumplimiento de los requisitos para ser beneficiario y beneficiarias duplicadas. A lo anterior se suma que en tiempos electorales la dependencia autorizó la incorporación de 38 mil beneficiarias más al programa Salario Rosa, además de que no ha sido publicado el Reglamento de la Ley de Bancos de Alimentos.
El coordinador legislativo de Movimiento Ciudadano, Martín Zepeda Hernández, apuntó que los programas sociales no han dado resultados, pues de acuerdo con el Coneval en el Estado de México 48.9% de la población se encuentra en situación de extrema pobreza, y la pandemia provocó que casi 7% de las mujeres perdieran su empleo en la entidad, en tanto que la legisladora Juana Bonilla Jaime afirmó que la ciudadanía está atrapada por el uso electoral de los programas mientras no se resuelvan los problemas de raíz.
El grupo legislativo de Nueva Alianza, a través de su coordinador, Rigoberto Vargas Cervantes, cuestionó que la Secretaría no brinde información sobre diez acciones que la ley le mandata y se pronunció por la participación ciudadana en el diseño de acciones para el desarrollo social, en tanto que la diputada Miriam Granillo Velazco, consultó sobre las acciones concretas para el combate al sobrepeso y la desnutrición.
En sus participaciones, el secretario Eric Sevilla reconoció que la emergencia sanitaria detuvo la tendencia positiva del Estado de México durante cuatro años consecutivos en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. “Hoy la desaceleración de la actividad económica la pérdida de empleos y la reducción de salarios han provocado un incremento de la pobreza por ingreso, lo que significa que un mayor número de familias se esfuerzan cada vez más para obtener apenas lo necesario”, acotó.
