Al consignar que, durante el año 2018, al menos 22 mil 152 personas dejaron el Estado de México debido a la violencia e inseguridad que la ubican entre las primeras cinco entidades con mayor número de personas en desplazamiento forzado interno, la diputada Karina Labastida Sotelo propuso expedir la Ley Para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno del Estado de México y reformar el Código Civil de la entidad.
En sesión deliberante, la legisladora expuso que entre los factores generadores de violencia e inseguridad que pueden estar vinculados con el desplazamiento forzado interno, se identifican altas tasas de delitos de acto impacto (homicidios dolosos, feminicidios, secuestro, extorsiones, desapariciones forzadas y violencia sexual), altos niveles de corrupción e impunidad, así como las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades estatales, ya sea por acción, omisión o aquiescencia.
La legisladora precisó que la entidad mexiquense se ubica en el segundo lugar de las cinco que reportaron un mayor número de casos de desplazamiento forzado interno por violencia e inseguridad, junto a Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Chiapas.
Por ello, propone establecer las bases mínimas de prevención de los desplazamientos forzados internos, las medidas de atención, asistencia, ayuda y protección de las personas en esta situación, así como el deber del gobierno estatal y ayuntamientos para brindarles alimentos y agua potable; refugio, alojamiento y vivienda básicos; ropa; servicios médicos, medicamentos y tratamientos esenciales, incluyendo atención para el tratamiento de víctimas de agresiones sexuales y la atención de otros aspectos de la salud reproductiva.
Así, propone establecer un programa y mecanismo estatales para prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas, dignas y seguras para las personas en situación de desplazamiento forzado interno, así como un Consejo Ciudadano y el Registro Estatal de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno.
La iniciativa será analizada por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos.
