Al continuar el análisis de las iniciativas impulsadas por las 37 diputadas locales con ONU Mujeres en el marco de la iniciativa Spotlight para combatir la violencia feminicida y las desapariciones en el Estado de México, en mesa técnica de comisiones legislativas se acordó precisar los conceptos de violencia, acoso y hostigamiento sexual en el ámbito escolar y que personas servidoras públicas tengan la obligación de reportar o denunciar cualquier presunto caso de violencia en contra de la niñez y la adolescencia.
Durante la mesa técnica de las comisiones para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género, conducida por la diputada Karina Labastida Sotelo (Morena), participaron representante de más de 13 secretarías y dependencias estatales, equipo técnico de la Iniciativa Spotlight y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social.
En la Ley para Prevenir Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México, las y los participantes acordaron ampliar y precisar las definiciones de violencia, acoso y hostigamiento en el ámbito escolar, y de toda la comunidad educativa, además de considerar la violencia que se genera en las tecnologías de la información, cuyo uso se ha extendido debido a la pandemia, además de que se pronunciaron por evitar una sobrerregulación y delimitar las sanciones administrativas de las penales.
Ante el interés de estos temas por parte de las representaciones de las instituciones estatales participantes, así como del Grupo de Acción, la diputada Labastida Sotelo celebró el nivel de debate pues, este abonará a que estas reformas realmente representen un beneficio para los grupos sociales a quienes van dirigidas.
Respecto a las reformas a la Ley de Educación de la entidad, la legisladora Labastida Sotelo propuso hacer llegar las propuestas de todas las instituciones a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para que las consideren en su proyecto de reforma integral a este ordenamiento estatal, para el que ya realizan foros de consulta.
Respecto a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad, se estableció como una obligación de las y los servidores públicos, sin importar su nivel, hacer del conocimiento o denunciar ante las instancias competentes cualquier presunto caso de violencia en contra de estos grupos poblacionales.
También se aprobó el diseño de acciones afirmativas que visibilicen y eliminen los obstáculos que impidan la igualdad sustantiva, así como que las instancias competentes, en caso de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito de feminicidio, aun en grado de tentativa, desaparición, o aquellos que afecten gravemente su integridad física y psicológica ejecuten inmediatamente los mecanismos de atención de denuncias y protocolos de actuación señalados por la ley, así como de asistencia jurídica, social, psicológica y para la reparación del daño, de forma particular en los casos de feminicidio de niñas y adolescentes.
Al término de una reunión de más de siete horas, con la participación de Karla Micheel Salas Ramírez, del Grupo de Acción, la diputada Karina Labastida indicó que los trabajos continuarán con el análisis de un tercer paquete de iniciativas integrado por las leyes de Movilidad, Orgánica del Poder Judicial y de Seguridad, para lo cual, las representaciones que forman parte de la mesa técnica tendrán hasta este viernes 3 de junio para presentar observaciones y la siguiente reunión se realizará el lunes 13 de junio.
Cabe señalar que la mesa de trabajo se integra por representaciones de las secretarías de las Mujeres, Seguridad, Movilidad, Educación y Justicia y Derechos Humanos, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión de Búsqueda de Personas, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, el Consejo Ciudadano Previsto en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado Libre y Soberano de México.
Así como a la Procuraduría de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia estatal y la Comisión de Derechos Humanos estatal.
