La ciudadana Maribel Velázquez Barrientos propuso adicionar en el Código Civil estatal una causal de pérdida de patria potestad, para los casos en los que la persona que la ejerza cometa violencia sexual de cualquier índole en contra de la niña, niño o adolescente, o cuando permita que un tercero ejerza dicha violencia.
La iniciativa expuesta por la diputada Miriam Escalona Piña (PAN), remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, también busca eliminar todas las referencias que puedan vulnerar el interés superior de la niñez y de la adolescencia en dicho código.
Durante esta sesión, la Diputación Permanente también aprobó el cambio de turno a comisiones de diversas iniciativas a solicitud de la Junta de Coordinación Política, entre las que se encuentran las propuestas de las y los legisladores Valentín González Bautista, Trinidad Franco Arpero, María Luisa Mendoza Mondragón, Isaac Martín Montoya Márquez y Omar Ortega Álvarez, así como el magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar. Este comunicado fue leído por el legislador Marco Cruz.
Proponen empleo temporal por actividades en favor del medioambiente
En beneficio del 10 por ciento de la población mexiquense que se encuentra desocupada, las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, en nombre del grupo parlamentario Verde Ecologista en el Congreso local, plantearon expedir la Ley de Empleo Temporal de la entidad, a fin de que el Estado brinde sustento económico para cubrir los requerimientos de la canasta básica alimentaria a quienes realicen acciones en favor del medio ambiente y la comunidad.
La iniciativa, expuesta por el diputado Marco Antonio Cruz Cruz (Morena), integrante de la Diputación Permanente, plantea la creación de un programa permanente de desarrollo social dirigida a atender las causas de la pobreza y brindar apoyo económico a la población vulnerable, independientemente de otros programas de desarrollo social.
La propuesta, que analizará la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, señala que la observación de la ley será obligatoria para los poderes Legislativo y Ejecutivo, al ser los órganos facultados para la aprobación y supervisión de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la entidad; así como que el número de beneficiarios será con base en el número objetivo, con la finalidad de que la mayor parte del 10 por ciento de la población desocupada acceda al programa.
