Por unanimidad, el Congreso local aprobó reformas para que, en los casos de acoso escolar o bullying, él o la acosadora garantice la reparación del daño moral y una indemnización o el pago de daños y perjuicios.
Lo anterior como parte de las reformas a la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar estatal por las que se faculta a la Secretaría de Educación de la entidad a que elabore y expida el protocolo de actuación aplicable ante los actos de bullying en el ambiente escolar, así como su revisión y actualización anual. Este protocolo deberá estar listo para su aplicación a partir del próximo ciclo escolar.
Además, se estableció que semestralmente se aplicará una encuesta entre la comunidad educativa para identificar las escuelas con mayor incidencia de acoso, la cual servirá para aplicar acciones para atenderlo; que el acoso se prohíbe y será considerado como tal cuando se lleve a cabo en cualquier red social, aplicación o plataforma electrónica; y que trimestralmente las escuelas informarán a la Secretaría sobre los casos que registren para respaldar el actuar de la autoridad.
También se señala que se considerará abuso el acoso escolar, verbal, a través de plataformas digitales, así como el físico, que genere repercusiones físicas, emocionales, morales y sociales. También se instruye a dicha Secretaría a dar vista al órgano interno de control que corresponda en caso de incumplimiento de estas disposiciones, que deberá determinar a qué ente, público o privado, canalizará los casos que se presenten.
