Por unanimidad, la Legislatura local aprobó la iniciativa de Ley de Cultura Cívica para el Estado de México, impulsada por la diputada Azucena Cisneros Coss, con la intención de atender conflictos vecinales derivados de la falta de cumplimiento de reglas básicas de convivencia, a través de la mediación y evitar que escalen a incidentes violentos.
“Contar con una Ley de Justicia Cívica en el Estado de México era ya una necesidad y una demanda de la ciudadanía, con la aprobación de la iniciativa, estamos privilegiando el diálogo en la resolución de conflictos para mejorar la convivencia en comunidad”, afirmó en tribuna la legisladora promovente.
El dictamen aprobado fue resultado de la propuesta de la bancada de Morena y de la diputada tricolor Karla Aguilar, y que se da en respuesta a una de las principales demandas de terminar con los abusos de las autoridades municipales, quienes de manera arbitraria sancionan conductas que no necesariamente eran faltas o hacen oídos sordos a denuncias ciudadanas.
Tras reconocer el respaldo y colaboración del magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, así como de las y los diputados que integran las comisiones de Administración y Procuración de Justicia, y la de Gobernación y Puntos Constitucionales, la morenista afirmó que con esta ley se brindará voz, y protección judicial a los ciudadanos, se garantizarán los derechos y la solución a conflictos, a fin de evitar que escalen a conductas delictivas o violentas y se judicialicen.
Azucena Cisneros recordó que la iniciativa nació en la contienda electoral del 2021, donde la mitad de las demandas en sus recorridos de campaña, estaban relacionadas con ayuda para resolver conflictos vecinales.
El nuevo ordenamiento establece la creación de los Juzgados Cívicos, como la institución encargada de resolver los conflictos entre particulares, vecinales y comunales; y contempla la estructura mínima para su funcionamiento la cual consiste en: un Juez de Justicia Cívica; un Facilitador; un Secretario; un defensor de oficio; un médico; los policías de custodia que se requieran para el desahogo de las funciones del Juzgado; y el personal auxiliar necesario.
Un aspecto fundamental de la Ley es que en ninguna circunstancia podrán someterse a un procedimiento de mediación o conciliación los conflictos que impliquen violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes.
Las infracciones señaladas podrán ser sancionadas con arresto por hasta 36 horas; multas y con trabajo en Favor de la Comunidad, o bien asistir a los cursos, terapias o talleres diseñados para atender los factores de riesgo que pudieran estar presentes.
Cisneros puntualizó que las leyes tienen que tener un origen en la comunidad, y ser la voz de los ciudadanos, por lo que desde la Legislatura local, las y los diputados tendrán la misión para dar seguimiento al cumplimiento de la ley en los 125 Ayuntamientos, para que los vecinos tengan un lugar a donde acudir para la mediación de los conflictos.
