Toluca, Méx; 27 de mayo de 2024. Durante el mes de mayo y de manera anual, servidoras y servidores públicos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) tienen que presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, el cual es un documento creado por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que permite una mayor transparencia y rendición de cuentas, resaltó el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de esta casa de estudios, Victorino Barrios Dávalos.
El titular del OIC explicó que la declaración de situación patrimonial y de intereses es de suma importancia para cualquier institución, pues permite una mayor claridad de los ingresos de cada persona, con el fin de evitar e identificar cualquier anomalía e imprecisión de los recursos económicos, promoviendo las buenas prácticas y legalidad en cada persona trabajadora.
Dentro de la UAEMéx, 7 mil 184 personas tendrán que cumplir con esta obligación; sin embargo, Barrios Dávalos resaltó que, a menos de cinco días de que concluya el plazo para hacerla, poco más de 4 mil 400 universitarias y universitarios lo han realizado, es decir, más de 2 mil 700 aún deben presentar este trámite administrativo.
Asimismo, detalló que existen dos tipos de declaraciones, la dirigida a personal administrativo y docente, la cual es simplificada y debe ser realizada por aproximadamente 6 mil 500 personas, y la completa, que se presenta por mandos medios y superiores, es decir, casi 700 integrantes de la comunidad universitaria.
Asimismo, detalló que esta declaración se realiza a través de la página web del Sistema Universitario Anticorrupción de la UAEMéx, donde se llenan formularios con datos generales, los ingresos que recibió la persona trabajadora, así como los egresos, cuya información es de uso interno.
En caso de que una persona no presente esta obligación, dijo, puede hacerse acreedora a algunas sanciones administrativas; sin embargo, también puede concluir en un contrato de trabajo rescindido.
Victorino Barrios destacó que este tipo de declaraciones inhibe cualquier indicio de corrupción dentro de la UAEMéx; además, obliga a las y los servidores públicos a estar informados con respecto a sus propios movimientos económicos, logrando que exista mayor claridad y transparencia para ejercer y crear ambientes de trabajo favorables.
