La 60 Legislatura mexiquense analizará la iniciativa para expedir la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México, mediante la cual estas agrupaciones podrán acceder a beneficios, estímulos económicos, capacitación, asesorías, difusión y acciones de concertación, coordinación y vinculación con el sector público y privado.
La propuesta del Ejecutivo estatal, leída por el diputado Juan Maccise Naime (PRI) señala que el empoderamiento social es la mejor herramienta para consolidar una agenda pública que atienda la convergencia de las diferentes voces que encuentran su causa y representación en las organizaciones de la sociedad civil (OSC), por lo que un marco jurídico de la materia brinda legitimidad en ambas direcciones y estructura eslabones de confianza e incidencia permanente de las nuevas formas de gobernanza.
Busca, además, regular, fomentar y fortalecer las actividades que realizan las OSC en el Estado de México, a través de disposiciones jurídicas que permitan dotar de mejores condiciones y apoyo a las organizaciones.
Precisa que se conformará una Comisión Intersecretarial de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que funja como instancia de coordinación entre dependencias para la ejecución y seguimiento de las acciones para fortalecerlas como actores determinantes de la agenda pública.
También crea el Registro Estatal de Organizaciones, que tendrá como objeto mantener un sistema de información que permita identificar a las organizaciones inscritas y difundir su labor social, así como un Consejo Consultivo, que se conformará por representantes de los sectores público, privado y social, y será un órgano de asesoría, consulta y seguimiento.
Maccise Naime recordó que el Estado de México fue el primero en presentar el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 totalmente alineado con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, marcando un precedente en la unificación social que permitió trazar una ruta de trabajo para consolidar la cooperación transversal entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil organizada.
En este sentido, afirmó que la participación de la sociedad civil, como núcleo primario de organización para alcanzar objetivos en común, representa la principal manifestación de un gobierno funcional y abierto, ya que en un momento histórico en que la gestión pública se ha visto rebasada por la necesaria inclusión de la diversidad social, el incremento de colectivos con un mismo objetivo ha significado un nuevo camino para la convergencia de las diferentes voces en la generación de una injerencia real en la agenda pública.
La iniciativa fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana para su dictamen.
