La normatividad que rige la fiscalización estatal y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) requieren una profunda reestructuración y armonización con las leyes generales, coincidieron los diputados de morena, Tanech Sánchez Ángeles y Maurilio Hernández González, en el segundo y último de los foros ‘Hacia una nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior en el Estado de México’.
Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, apuntó que este foro forma parte de un proceso constante y permanente que la 60 Legislatura lleva a cabo para perfeccionar los procesos de fiscalización, esto, al advertir que una vez iniciados los cambios en el OSFEM se detectaron inconsistencias, sobre todo en la aplicación de auditorías y en el seguimiento a la correcta aplicación de los recursos.
Al señalar que este proceso no ha sido fácil y ha tenido muchas resistencias, el legislador afirmó que paso a paso se consolida una nueva cultura de combate a la corrupción para dar, de forma transparente, cuentas claras de la aplicación de los recursos públicos.
El también coordinador parlamentario de morena apuntó que el propósito del foro es generar mejores condiciones que permitan a quienes tienen responsabilidades en materia de fiscalización, la democratización de sus acciones.
Tanech Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, indicó que el propósito de ambos foros fue analizar temas relativos a la rendición de cuentas, la fiscalización superior y la transparencia, vistos desde la óptica del Poder Legislativo, la academia y la sociedad civil, para construir una nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización que incluya disposiciones sobre dichos temas.
El legislador sostuvo que a partir de este día el diseño y la construcción la nueva ley se acelerará y los conocimientos y experiencias expuestas por los conferencistas serán de gran utilidad y se incorporarán a la propuesta. Entre estás, destacó el reforzar la capacitación, profesionalización y certificación de auditores y la aplicación de procedimientos amplios y eficaces de auditoría; utilizar los mecanismos tecnológicos más eficientes para rediseñar los procesos de fiscalización, e incluir atribuciones y capacitación para que el OSFEM realice auditorías forenses.
Para ello deberán considerarse en la ley mecanismos para evaluar el desempeño del OSFEM de manera objetiva con base en indicadores estratégicos y de gestión y con base en el cumplimiento de sus programas presupuestarios y operativos; aplicar las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización en la actuación de este órgano; mejorar la coordinación entre la ley de fiscalización y las leyes anticorrupción, así como poner en marcha la unidad técnica de control y evaluación y una unidad de vinculación con el sistema anticorrupción.
Habló también de la importancia de que el Poder Legislativo posea la facultad de calificar las cuentas públicas, esto ante la necesidad de evaluar el buen ejercicio del gasto público y combatir actos de corrupción, así como de fortalecer el contrapeso político que representa este Poder para el Ejecutivo en materia de fiscalización.
Tanech Sánchez recordó que hasta el último día de octubre se continúan recibiendo las propuestas de mejora que la ciudadanía haga llegar a las oficinas de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, ubicadas en el recinto legislativo.
A este evento también acudieron la diputada Iveth Bernal Casique (PRI), presidenta del Comité de Vigilancia de la Contraloría; Rogelio Padrón de León, encargado del OSFEM, y Eduardo Salgado Pedraza, encargado de la Contraloría del Poder Legislativo.
En su ponencia, Muna Dora Buchahin Abulhosn, vicepresidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ACFE-Capítulo México, especificó que entre los retos en materia de fiscalización están inhibir la impunidad, incentivar la participación, independencia y autonomía de los entes fiscalizadores, incrementar el presupuesto y la estructura organizacional, mejorar la capacitación en auditorías forenses, profesionalizar y certificar personal, fortalecer capacidades de investigación y crear un banco de información de lo investigado.
Agregó que también es necesario erradicar la simulación y corrupción en la auditorías, homologar las metodologías de fiscalización, inhibir la impunidad, unificar criterios para la atención de denuncias y mejorar la persuasión y disuasión para evitar la comisión de delitos, ya que normalmente los actos de corrupción se dan a conocer hasta 18 meses después de su comisión, así como impulsar una controversia constitucional para que se pueda contar con información bancaria durante las investigaciones.
En su intervención, Haimé Figueroa Neri, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco, al hablar sobre la relación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la federación con el Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos estatales, llamó a reflexionar sobre la conveniencia de los informes mensuales de los sujetos fiscalizables; la flexibilidad para la tipología de auditorías gubernamentales y las comparecencias obligadas de sujetos fiscalizados tras la revisión del OSFEM.
Consideró urgente implementar un control de observaciones recurrentes y vincular los informes de las cuentas públicas del Órgano Superior con la aprobación del presupuesto, así como que los programas de trabajo de los entes fiscalizadores deben elaborarse a partir de planes de trabajo transversales y de metodologías conjuntas y que involucren la participación ciudadana, con lo cual se fortalecerá el combate a la impunidad y mejorará la rendición de cuentas.
De manera particular, Juan Carlos Soto Prieto, diputado de la 66 Legislatura de Chihuahua, expuso la reestructuración de las auditorías realizadas en esa entidad, donde impulsó la Ley de Fiscalización para acabar con la corrupción gubernamental, y recalcó que además de dejar sus puestos los funcionarios relacionados con desvíos de recursos, se les debe denunciar pública, administrativa y penalmente.
Dijo que se deben mejorar las leyes, fortalecer las instituciones y contar con perfiles adecuados para los encargados de las auditorías, ya que el combate a la corrupción es un asunto integral que necesita de la participación de diferentes esferas para que brinde resultados e invitó a aprovechar el momento político de transformación que alienta la esperanza de hacer las cosas de manera distinta.
Respecto a la rendición de cuentas en el sector público y lo que espera la ciudadanía de la fiscalización, Alejandro González Arreola, integrante del consejo directivo de GESOG, un centro de análisis de investigación privado no lucrativo, abundó en que los ciudadanos anhelan que los funcionarios corruptos paguen por sus delitos con la cárcel, pero también quieren que las entidades fiscalizadoras generen evidencia para mejorar la gestión y calidad de las políticas públicas.
Indicó que es necesario que las entidades de fiscalización tengan procesos de transparencia proactiva para que la ciudadanía participe, y que los resultados de las auditorías no se queden en archivos, sino que se usen para fincar responsabilidades, que se haga un informe de fiscalización superior ciudadano, donde, a través de un lenguaje sencillo, se explique qué fue lo que se hizo en la materia, además de que estos trabajos sean públicos a través de internet.
