El sistema judicial mexicano es uno de los más cuestionados por la ciudadanía debido a su alto nivel de corrupción e impunidad. Según diferentes mediciones internacionales (Transparencia Internacional, World Economic Forum, ONU), el sistema judicial mexicano ocupa lugares para dar vergüenza. Esto afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar el Estado de derecho.
En este ámbito la corrupción tiene diversas causas y manifestaciones. Una parte es producto de la falta de una ética pública que evite que los agentes del Estado incurran en actos de deshonestidad. Pero también hay muchos actos corruptos tienen su origen en una mala política legislativa, es decir, a veces son las propias leyes las que generan o inducen a la corrupción.
Lo anterior tiene graves consecuencias para la sociedad y la democracia. Por un lado, impide el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, favorece la impunidad para los responsables de actos ilícitos, incluyendo funcionarios públicos, políticos y empresarios. Además, debilita el equilibrio y la independencia entre los poderes del Estado, lo que pone en riesgo el principio de división de poderes.
Ante este escenario, se requieren acciones urgentes y coordinadas para combatir la corrupción en el sistema judicial mexicano. Entre estas acciones se encuentran: el fortalecimiento del marco legal y normativo para prevenir y sancionar la corrupción; la depuración y profesionalización del personal judicial; el incremento de la transparencia y rendición de cuentas; la participación ciudadana y social en el monitoreo y evaluación del desempeño judicial; y la promoción de una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos.
