Más de 12 millones sin comprobar exhiben grietas en la gestión pasada y ponen a prueba a la rectoría actual.
Las auditorías federales no suelen convertirse en tema de conversación entre estudiantes ni profesores. Son documentos densos, llenos de cifras, tecnicismos y fórmulas administrativas que normalmente terminan archivados en escritorios institucionales. Pero cuando una auditoría concluye que se pagó dinero público sin pruebas suficientes de que el servicio existió, deja de ser un trámite y se convierte en un asunto que atrae los reflectores.
Eso es lo que ocurrió con la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación a los recursos federales ejercidos por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) durante 2024. No se evaluaron clases, investigación ni indicadores académicos. Se revisó algo más básico, pero más incómodo. Si el dinero de los contribuyentes se gastó legalmente y si cada pago podía respaldarse con evidencia.
La revisión abarcó miles de millones de pesos transferidos a la UAEMéx y concluyó que, en términos generales, el ejercicio fue razonable. Sin embargo, entre ese océano de cifras aparece un punto oscuro que no puede pasarse por alto. Más de doce millones de pesos que la universidad no logró comprobar.
Dinero pagado, servicio incierto
El informe señala pagos por servicios de seguridad privada sin documentación suficiente que demuestre que dichos servicios se prestaron conforme a lo contratado. Para la autoridad fiscalizadora, ese monto quedó pendiente por aclarar y podría constituir un daño al erario.
Traducido al lenguaje cotidiano. Se pagó por vigilancia sin poder demostrar que esa vigilancia estuvo realmente ahí.
En una institución del tamaño de la UAEMéx, la seguridad no es un detalle menor. Implica miles de estudiantes, personal académico, instalaciones, laboratorios y patrimonio público. Por eso resulta particularmente inquietante que el dinero destinado a proteger a la comunidad universitaria no pueda respaldarse con evidencia sólida.
Algunas preguntas obligadas son ¿Por qué los pagos en seguridad no correspondían con el número guardias en los planteles? ¿quién llevaba el control del registro de su asistencia? ¿Quién debía supervisar su trabajo? ¿Por qué se liberaron pagos sin pruebas suficientes?
Si la universidad no pudo responder con documentos ante la auditoría federal, la duda no va a desaparecer con declaraciones públicas o con silencios institucionales.
No fue un hecho aislado
El informe también identifica otras deficiencias en la gestión de recursos, como contratación de proveedores sin verificar adecuadamente su situación fiscal y problemas en obras financiadas con dinero federal.
No se trata de un error administrativo menor. Como en otras auditorias, lo que se hace visible es la imagen de un sistema universitario de administración que funcionaba correctamente en los discursos oficiales, pero que resultó negligente u omiso cuando se trató de vigilar contratos reales.
La paradoja es evidente. En papel, la universidad permanentemente se ostenta como una institución con controles sólidos. En la práctica, esos controles no impidieron que millones de pesos quedaran sin sustento documental.
El dinero auditado se ejerció principalmente durante la rectoría de Carlos Eduardo Barrera Díaz, quien dirigió la institución entre 2021 y 2025. Fue en ese periodo cuando se firmaron los contratos observados y se autorizaron los pagos que hoy generan cuestionamientos.
Durante su gestión, la administración universitaria sostuvo públicamente que las finanzas eran sanas y que el manejo de recursos era transparente. Hoy los hallazgos federales introducen un contraste incómodo entre el discurso institucional y la evidencia revisada por el órgano fiscalizador.
Tras la sucesión universitaria de 2025, la rectoría quedó en manos de Patricia Zarza Delgado, primera mujer en encabezar la UAEMéx. Aunque los hechos ocurrieron antes de su llegada, la responsabilidad de aclararlos recae ahora en su administración, por lo que la situación es delicada, ya que aun cuando la actual administración no autorizó esos pagos, sí debe explicarlos o hacer todo lo que corresponda para que sean investigados. No es su problema, pero si lo ignora será parte de él. La forma en que la rectoría actual actúe marcará si se trata de un episodio del pasado o de un hecho que se vuelva también un pacto de continuidad e impunidad institucional.
Mucho más que un asunto contable
Es importante recordar que las auditorías no dictan sentencias penales ni determinan por sí solas actos de corrupción. Lo que hacen es señalar inconsistencias y exigir explicaciones. Pero en las instituciones públicas, las inconsistencias prolongadas erosionan la confianza con la misma rapidez que un escándalo abierto. En consecuencia, más de 12 millones de pesos sin comprobar no son solo una cifra. Representan recursos que pudieron destinarse a becas, infraestructura, investigación o en este caso a seguridad efectiva para la comunidad universitaria.
¿Cómo se protege una universidad si ni siquiera puede demostrar cómo gastó el dinero destinado a protegerse a sí misma?
La administración anterior queda inevitablemente asociada a las decisiones que permitieron ese gasto, pero la actual quedará definida por su capacidad, o falta de ella, para esclarecerlo.
Lo que aquí nuevamente está en juego, además del dinero público no justificado, es la, constantemente desgastada, credibilidad institucional.
